En México persisten grupos poderosos interesados en mantener un estado de privilegios e impunidad, por ello las violaciones a los derechos humanos están fuertemente vinculadas al modo de proceder de las autoridades públicas, establece el informe Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco a los derechos humanos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El documento –que analiza la situación de las garantías fundamentales en el presente sexenio– hace énfasis en el tópico de seguridad y justicia. Subraya que los operativos del Ejército contra la delincuencia “representan una suspensión de facto al derecho de libre tránsito”, además de que la reforma judicial “tiene por objetivo fortalecer una estrategia bélica del gobierno federal”.
El documento refiere que a diario se violan los derechos humanos debido al proceder de las autoridades en la procuración e impartición de justicia, por las políticas públicas en materia de seguridad, las dificultades para acceder a los servicios públicos eficientes y confiables, el despojo y la destrucción de recursos naturales.
“La continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad en las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos, específicamente en los temas de seguridad e impunidad, impiden al Estado garantizar el respeto y cumplimiento de esas garantías”, subraya el informe.
En torno a los operativos del Ejército emprendidos contra el crimen organizado por la administración calderonista, la organización no gubernamental suscribe que se ha informado de un gran número de detenciones a raíz de esas acciones militares con el objetivo de que se exhiban como “prueba de eficacia”; sin embargo, subraya que al no ser juzgados esos presuntos responsables el Estado “atenta contra su dignidad, pues violenta el principio de presunción de inocencia”, además de que los operativos, con base en retenes, son “una suspensión de facto” del derecho al libre tránsito en relación al principio de legalidad.
Señala que la participación de militares en tareas de seguridad lejos de garantizar la solución al tráfico de drogas y la delincuencia organizada agrava los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, como sucedió el año pasado en Sinaloa y Michoacán, entre otros.
El documento –que analiza la situación de las garantías fundamentales en el presente sexenio– hace énfasis en el tópico de seguridad y justicia. Subraya que los operativos del Ejército contra la delincuencia “representan una suspensión de facto al derecho de libre tránsito”, además de que la reforma judicial “tiene por objetivo fortalecer una estrategia bélica del gobierno federal”.
El documento refiere que a diario se violan los derechos humanos debido al proceder de las autoridades en la procuración e impartición de justicia, por las políticas públicas en materia de seguridad, las dificultades para acceder a los servicios públicos eficientes y confiables, el despojo y la destrucción de recursos naturales.
“La continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad en las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos, específicamente en los temas de seguridad e impunidad, impiden al Estado garantizar el respeto y cumplimiento de esas garantías”, subraya el informe.
En torno a los operativos del Ejército emprendidos contra el crimen organizado por la administración calderonista, la organización no gubernamental suscribe que se ha informado de un gran número de detenciones a raíz de esas acciones militares con el objetivo de que se exhiban como “prueba de eficacia”; sin embargo, subraya que al no ser juzgados esos presuntos responsables el Estado “atenta contra su dignidad, pues violenta el principio de presunción de inocencia”, además de que los operativos, con base en retenes, son “una suspensión de facto” del derecho al libre tránsito en relación al principio de legalidad.
Señala que la participación de militares en tareas de seguridad lejos de garantizar la solución al tráfico de drogas y la delincuencia organizada agrava los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, como sucedió el año pasado en Sinaloa y Michoacán, entre otros.
Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada, 16 de abril.
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