Ciudad Juárez, Chih., 16 de abril. El gobierno federal dejó a los municipios de la frontera norte la carga presupuestal de atender a los más de 500 mil mexicanos que cada año son repatriados por autoridades de migración estadunidenses, señalaron alcaldes y funcionarios locales, quienes exigieron a la Federación que, a través del Instituto Nacional de Migración, destine fondos especiales para apoyar a los connacionales.
En la segunda sesión plenaria de ciudades fronterizas del norte de México, representantes del gobierno federal escucharon quejas por la falta de apoyos económicos para atender a los migrantes, la mayoría de los cuales son devueltos al país en situación de emergencia y, por tanto, requieren alojamiento, alimentación y pasajes para regresar a sus lugares de origen, gastos que corren por cuenta de los municipios o de organizaciones civiles.
“Nos dejan solos con los gastos de atención a un problema que es responsabilidad de la Federación. A Ciudad Juárez le cuesta 7 millones de pesos anuales y no recibimos ni un centavo”, reclamó Adriana Cruz, coordinadora del Programa de Apoyo a Migrantes de este municipio fronterizo.
Romero Monteverde Estrella, alcalde de Altar, Sonora, denunció que a su municipio llegan hasta 3 mil migrantes al día, lo que ha generado problemas de inseguridad y gastos que han dejado al ayuntamiento sin recursos para necesidades básicas de sus habitantes.
“Tenemos que atender una población flotante ciento por ciento superior al número oficial, con el consecuente incremento en la demanda de servicios públicos”, agregó.
“Al municipio de Altar lo conocen a nivel mundial por el tráfico de indocumentados, pero nadie quiere ver el otro lado de la moneda: las autoridades municipales necesitamos apoyos reales del gobierno federal”, reprochó.
Jorge Ramos, edil de Tijuana, propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve un control de los indocumentados que son deportados por la frontera y que tienen antecedentes penales, ya que muchos forman bandas y representan un peligro para las ciudades a las que llegan.
Juan Carlos Gallegos Alarcón, uno de los asesores de Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, admitió que en el presupuesto de este año no se destinaron fondos para atender a los repatriados, e informó que apenas en marzo se estableció el programa piloto de repatriación humanitaria que empezó en Tijuana, pero sin fondos nuevos, pues “trabajamos con lo que existe”.
Francisco Javier Reynoso, delegado del INM en Baja California, propuso que la Procuraduría General de la República “persiga a los coyotes y polleros protegidos por el crimen organizado, que se han vuelto altamente violentos”,
En la segunda sesión plenaria de ciudades fronterizas del norte de México, representantes del gobierno federal escucharon quejas por la falta de apoyos económicos para atender a los migrantes, la mayoría de los cuales son devueltos al país en situación de emergencia y, por tanto, requieren alojamiento, alimentación y pasajes para regresar a sus lugares de origen, gastos que corren por cuenta de los municipios o de organizaciones civiles.
“Nos dejan solos con los gastos de atención a un problema que es responsabilidad de la Federación. A Ciudad Juárez le cuesta 7 millones de pesos anuales y no recibimos ni un centavo”, reclamó Adriana Cruz, coordinadora del Programa de Apoyo a Migrantes de este municipio fronterizo.
Romero Monteverde Estrella, alcalde de Altar, Sonora, denunció que a su municipio llegan hasta 3 mil migrantes al día, lo que ha generado problemas de inseguridad y gastos que han dejado al ayuntamiento sin recursos para necesidades básicas de sus habitantes.
“Tenemos que atender una población flotante ciento por ciento superior al número oficial, con el consecuente incremento en la demanda de servicios públicos”, agregó.
“Al municipio de Altar lo conocen a nivel mundial por el tráfico de indocumentados, pero nadie quiere ver el otro lado de la moneda: las autoridades municipales necesitamos apoyos reales del gobierno federal”, reprochó.
Jorge Ramos, edil de Tijuana, propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve un control de los indocumentados que son deportados por la frontera y que tienen antecedentes penales, ya que muchos forman bandas y representan un peligro para las ciudades a las que llegan.
Juan Carlos Gallegos Alarcón, uno de los asesores de Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, admitió que en el presupuesto de este año no se destinaron fondos para atender a los repatriados, e informó que apenas en marzo se estableció el programa piloto de repatriación humanitaria que empezó en Tijuana, pero sin fondos nuevos, pues “trabajamos con lo que existe”.
Francisco Javier Reynoso, delegado del INM en Baja California, propuso que la Procuraduría General de la República “persiga a los coyotes y polleros protegidos por el crimen organizado, que se han vuelto altamente violentos”,
Nota de Miroslava Breach y Rubén Villalpando, La Jornada, 17 de abril.
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