Las iniciativas de Felipe Calderón en materia energética fueron ayer nuevamente cuestionadas, esta vez en torno a integrar un comité de transparencia y auditoría, propuesto en la reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que podría ceder mayor discrecionalidad en la firma de contratos con empresas privadas e incrementar la corrupción.
El titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, afirmó que si bien se trata de una propuesta novedosa, pues permitiría definir, mediante la figura de “transparencia focalizada”, qué información de la empresa es relevante y por tanto acceder a ella con mayor facilidad, debe cuidarse que la flexibilidad propuesta para los contratos con terceros no flexibilice también la opacidad.
“Si se aprueba como está, un ámbito de la relación económica de Pemex que demandará a gritos transparencia focalizada es precisamente el de los contratos”, expuso.
Asimismo, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mariano Palacios Alcocer resaltó que la propuesta de constituir un comité de transparencia en Pemex “es loable”, pero rechazó que se plantee –al igual que se propone en la ampliación al consejo de administración– la figura de consejeros de tiempo parcial, que no estén sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y su nombramiento dependa del Ejecutivo.
Por ello consideró conveniente replantear la propuesta, para que si dicho comité es constituido por el Congreso de la Unión, su titular tenga un perfil profesional adecuado y se eviten nombramientos de carácter político, vinculados al gobierno en turno. “También de la Secretaría de la Función Pública han salido dirigentes de partidos políticos, por lo que mi afirmación tiene sustento”, dijo en referencia a que el ex titular de esa dependencia Germán Martínez es ahora presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
Palacios Alcocer puso como ejemplo de la falta de transparencia y claridad en la rendición de cuentas del actual gobierno, la campaña en medios en favor de la reforma presidencial. “Y si el comité trabaja en la opacidad, vendría simplemente a enriquecer con su existencia el realismo mágico de la política latinoamericana”, comentó.
Durante el foro de ayer, en el patio central del Senado, sólo Gabriel Moctezuma Muñoz, quien fue presentado por el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, como gerente de Control de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y Petroquímica Básica, defendió abiertamente la integración del comité. Atribuyó la falta de transparencia y rendición de cuentas al régimen legal que ciñe a la paraestatal.
De lo que se trata con el mecanismo del comité, adujo, es institucionalizar la política de transparencia y proporcionar más y mejor información sobre Petróleos Mexicanos.
El director de la organización Fundar, Jorge Romero, aseguró que la iniciativa presidencial en este rubro “no incrementa la autonomía de gestión y operación de la empresa; por el contrario, incrementa el margen de acción y discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones de la paraestatal”, y el hecho de que éste y no el Congreso nombre o ratifique a los integrantes del comité “debilita los contrapesos” en las decisiones de Pemex.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa Roberto Zavala Echavarría fue más allá y sostuvo que, como está planteada la propuesta, el propio consejo de administración de Pemex podría determinar la confidencialidad o reserva de los contratos con los inversionistas privados.
La reforma, dijo, busca permitir que la empresa lleve a cabo relaciones comerciales sin límite. “La fórmula de modalidades de contrato contenidas en la iniciativa presidencial resolverá, de aprobarse, cualquier restricción que tuviera Pemex y le otorgará cuanta flexibilidad se le antoje para suscribir contratos de la naturaleza que quiera. Por ello, esa discrecionalidad desmesurada y absurda que se confiere al consejo de administración para pactar remuneraciones, precios e incentivos sin límite alguno, es por lo que (el proyecto) resulta inadmisible”.
Alberto Núñez Esteva, presidente de Sociedad en Movimiento, abordó la corrupción que propicia las relaciones de la empresa con el sindicato petrolero, y refirió que las transferencias en 2006 a ese gremio ascendieron a 245 millones 129 mil pesos, adicionales a los 354 millones 778 mil pesos por cuotas.
Octavio Romero Oropeza, integrante del “gobierno legítimo”, presentó una serie de contratos entre Pemex y diversas empresas, en su mayoría trasnacionales, que explican cómo este tipo de operaciones benefician sólo a los corporativos, pero cuyos resultados “han sido desastrosos”, y ejemplificó con la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, donde participaron Sunkiong, Siemens e ICA, que entregaron la obra con irregularidades.
Dijo que el verdadero negocio de la reforma será para los contratistas, pues si la idea es perforar 2 mil pozos en el Golfo de México, con un costo unitario de aproximadamente 120 millones de dólares, Petróleos Mexicanos tendrá que pagar casi 200 mil millones de pesos anuales durante los próximos 12 años.
El titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, afirmó que si bien se trata de una propuesta novedosa, pues permitiría definir, mediante la figura de “transparencia focalizada”, qué información de la empresa es relevante y por tanto acceder a ella con mayor facilidad, debe cuidarse que la flexibilidad propuesta para los contratos con terceros no flexibilice también la opacidad.
“Si se aprueba como está, un ámbito de la relación económica de Pemex que demandará a gritos transparencia focalizada es precisamente el de los contratos”, expuso.
Asimismo, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mariano Palacios Alcocer resaltó que la propuesta de constituir un comité de transparencia en Pemex “es loable”, pero rechazó que se plantee –al igual que se propone en la ampliación al consejo de administración– la figura de consejeros de tiempo parcial, que no estén sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y su nombramiento dependa del Ejecutivo.
Por ello consideró conveniente replantear la propuesta, para que si dicho comité es constituido por el Congreso de la Unión, su titular tenga un perfil profesional adecuado y se eviten nombramientos de carácter político, vinculados al gobierno en turno. “También de la Secretaría de la Función Pública han salido dirigentes de partidos políticos, por lo que mi afirmación tiene sustento”, dijo en referencia a que el ex titular de esa dependencia Germán Martínez es ahora presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
Palacios Alcocer puso como ejemplo de la falta de transparencia y claridad en la rendición de cuentas del actual gobierno, la campaña en medios en favor de la reforma presidencial. “Y si el comité trabaja en la opacidad, vendría simplemente a enriquecer con su existencia el realismo mágico de la política latinoamericana”, comentó.
Durante el foro de ayer, en el patio central del Senado, sólo Gabriel Moctezuma Muñoz, quien fue presentado por el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, como gerente de Control de Gestión y Desempeño de Pemex Gas y Petroquímica Básica, defendió abiertamente la integración del comité. Atribuyó la falta de transparencia y rendición de cuentas al régimen legal que ciñe a la paraestatal.
De lo que se trata con el mecanismo del comité, adujo, es institucionalizar la política de transparencia y proporcionar más y mejor información sobre Petróleos Mexicanos.
El director de la organización Fundar, Jorge Romero, aseguró que la iniciativa presidencial en este rubro “no incrementa la autonomía de gestión y operación de la empresa; por el contrario, incrementa el margen de acción y discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones de la paraestatal”, y el hecho de que éste y no el Congreso nombre o ratifique a los integrantes del comité “debilita los contrapesos” en las decisiones de Pemex.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa Roberto Zavala Echavarría fue más allá y sostuvo que, como está planteada la propuesta, el propio consejo de administración de Pemex podría determinar la confidencialidad o reserva de los contratos con los inversionistas privados.
La reforma, dijo, busca permitir que la empresa lleve a cabo relaciones comerciales sin límite. “La fórmula de modalidades de contrato contenidas en la iniciativa presidencial resolverá, de aprobarse, cualquier restricción que tuviera Pemex y le otorgará cuanta flexibilidad se le antoje para suscribir contratos de la naturaleza que quiera. Por ello, esa discrecionalidad desmesurada y absurda que se confiere al consejo de administración para pactar remuneraciones, precios e incentivos sin límite alguno, es por lo que (el proyecto) resulta inadmisible”.
Alberto Núñez Esteva, presidente de Sociedad en Movimiento, abordó la corrupción que propicia las relaciones de la empresa con el sindicato petrolero, y refirió que las transferencias en 2006 a ese gremio ascendieron a 245 millones 129 mil pesos, adicionales a los 354 millones 778 mil pesos por cuotas.
Octavio Romero Oropeza, integrante del “gobierno legítimo”, presentó una serie de contratos entre Pemex y diversas empresas, en su mayoría trasnacionales, que explican cómo este tipo de operaciones benefician sólo a los corporativos, pero cuyos resultados “han sido desastrosos”, y ejemplificó con la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, donde participaron Sunkiong, Siemens e ICA, que entregaron la obra con irregularidades.
Dijo que el verdadero negocio de la reforma será para los contratistas, pues si la idea es perforar 2 mil pozos en el Golfo de México, con un costo unitario de aproximadamente 120 millones de dólares, Petróleos Mexicanos tendrá que pagar casi 200 mil millones de pesos anuales durante los próximos 12 años.
Enrique Méndez y Andrea Becerril, La Jornada, 18 de julio.
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