La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el caso de varias personas que al estar en un funeral en Villa Ahumada, Ciudad Juárez, Chihuahua, resultaron golpeadas y amenazadas por militares.
Ocho de ellas fueron llevadas a instalaciones militares para que confesaran haber cometido ilícitos como portación de armas prohibidas y tráfico de drogas, mediante golpes, toques eléctricos e intentos de asfixia con bolsas de plástico en el rostro.
Además, dichas personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial 24 horas después de su detención.
En la queja interpuesta ante la CNDH, el 9 de abril de 2009, los agredidos señalaron que los soldados ordenaron a mujeres y niños separarse de los varones, a quienes colocaron en el suelo boca abajo; los despojaron de identificaciones y pertenencias y los mantuvieron en esa posición por más de dos horas.
Después de que se les instruyó proceso y se les dictó auto de formal prisión, lograron mediante un amparo su libertad, por falta de pruebas.
Mediante un análisis de evidencias y declaraciones, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, previstos en la Constitución mexicana; además, se documentaron detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, atribuibles a servidores públicos de la Sedena.
Exigen respeto a garantías
En la recomendación 59/2009, la CNDH solicitó al secretario de la Defensa Nacional la reparación del daño ocasionado a los agraviados, mediante apoyo sicológico, médico y de rehabilitación, que permita el restablecimiento de la condición física y sicológica en que estaban.
Además, exigió la garantía de que las personas que sean detenidas en los operativos que realizan elementos del Ejército no sean trasladadas a instalaciones militares, y no se utilicen éstas como centros de detención, retención y tortura, sino que sean puestas de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes.
También pidió dar vista al procurador general de Justicia Militar para que el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la guarnición militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, inicie la averiguación previa correspondiente, por los probables ilícitos cometidos por el personal militar y médico que intervino en los hechos, y se informe a la CNDH desde el inicio hasta la conclusión de dicha averiguación, así como la resolución que se emita.
La comisión también solicitó dar a conocer esta recomendación a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue al personal del 76 Batallón de Infantería de Ciudad Juárez, Chihuahua, que participó en los referidos hechos.
Ocho de ellas fueron llevadas a instalaciones militares para que confesaran haber cometido ilícitos como portación de armas prohibidas y tráfico de drogas, mediante golpes, toques eléctricos e intentos de asfixia con bolsas de plástico en el rostro.
Además, dichas personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial 24 horas después de su detención.
En la queja interpuesta ante la CNDH, el 9 de abril de 2009, los agredidos señalaron que los soldados ordenaron a mujeres y niños separarse de los varones, a quienes colocaron en el suelo boca abajo; los despojaron de identificaciones y pertenencias y los mantuvieron en esa posición por más de dos horas.
Después de que se les instruyó proceso y se les dictó auto de formal prisión, lograron mediante un amparo su libertad, por falta de pruebas.
Mediante un análisis de evidencias y declaraciones, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, previstos en la Constitución mexicana; además, se documentaron detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, atribuibles a servidores públicos de la Sedena.
Exigen respeto a garantías
En la recomendación 59/2009, la CNDH solicitó al secretario de la Defensa Nacional la reparación del daño ocasionado a los agraviados, mediante apoyo sicológico, médico y de rehabilitación, que permita el restablecimiento de la condición física y sicológica en que estaban.
Además, exigió la garantía de que las personas que sean detenidas en los operativos que realizan elementos del Ejército no sean trasladadas a instalaciones militares, y no se utilicen éstas como centros de detención, retención y tortura, sino que sean puestas de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes.
También pidió dar vista al procurador general de Justicia Militar para que el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la guarnición militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, inicie la averiguación previa correspondiente, por los probables ilícitos cometidos por el personal militar y médico que intervino en los hechos, y se informe a la CNDH desde el inicio hasta la conclusión de dicha averiguación, así como la resolución que se emita.
La comisión también solicitó dar a conocer esta recomendación a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue al personal del 76 Batallón de Infantería de Ciudad Juárez, Chihuahua, que participó en los referidos hechos.
El Universal, 28 de septiembre.
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