Por primera ocasión en la historia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) participan 24 candidatos, algunos de ellos con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y con el respaldo de alrededor de 180 organizaciones y ciudadanos y otros con ninguna experiencia reconocida en la materia y apoyados por organizaciones como la Asociación de Motocicilistas Alfonso Sotomayor.
Los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF) aseguraron que, pese a la premura, garantizan un proceso transparente, que en su decisión no influirán presiones de ningún tipo ni privilegiarán los intereses de partido y que fortalecerán la autonomía del organismo.
Además, aseguran que el ombudsman designado será un experto o experta en el tema capaz de denunciar cualquier violación a las garantías fundamentales cometidas por servidores públicos sin importar los costos políticos y colocando en el centro de su atención a las víctimas.
Los que destacan
Entre los nombres que destacan y que tienen mayores posibilidades de ser electos, según organizaciones civiles y algunos legisladores, están: Mariclaire Acosta, ex subsecretaria para los Derechos Humanos y la Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la administración de Vicente Fox, –de quien se dice tiene el apoyo del gobierno del DF— y Patricia Colchero, ex visitadora de la CDHDF.
También sobresalen los nombres de Edgar Cortés, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos del DF y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tiene el apoyo de 75 organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en México.
Otros candidatos que destacan son Gerardo Sauri, actual director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y que tiene el respaldo de 182 organismos civiles y ciudadanos –entre ellos Incide Social, Ririki Intervención Social, Mujeres y Punto y Fundación Day y Amar— y Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apoyado por el ex ombudsman nacional Jorge Carpizo, el constitucionalista Diego Valadés y la Fundación Manuel Buendía, entre otros. Mariclaire Acosta tiene el respaldo de cinco organizaciones que son: la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –fundadas por ella misma—, así como el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Poder del Consumidor.
La decisión
De acuerdo con lo pactado entre los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, luego de que ayer terminaron las entrevistas con cada uno de los aspirantes, entre hoy y mañana se podría definir al candidato cuya designación tendrá que ser sometida a votación en el pleno.
De no lograr el nombramiento de un solo candidato, los legisladores optarán por nombrar un dúo, una terna o hasta a cuatro candidatos para que el pleno se decida por uno.
El proceso
De acuerdo con la Ley Orgánica de la ALDF, corresponde únicamente a este congreso la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, a diferencia de otras nueve entidades donde el ombudsman es electo por el gobernador. Dicha normatividad señala también que el proceso durará 60 días antes de que concluya la gestión del ombudsman en turno.
Los requisitos que debe tener un ombudsman, según la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del DF, son: ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años de edad, tener conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco normativo vigente en la capital del país y no haber desempeñado cargo en los órganos de impartición de justicia o en la administración pública local o federal durante los últimos dos años anteriores al día de su designación.
Otro requisito es gozar de buena reputación y prestigio público, además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro, se le inhabilitará del cargo.
Noemí Ramírez, representante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que otros requisitos que deberían agregarse para garantizar el buen desempeño del presidente de la CDHDF son: que no pertenezca a las fuerzas armadas, que no sea dirigente de un partido político, que goce de una amplia trayectoria en organismos de derechos humanos, con perspectiva de género y de grupos lésbico-gay y transgénero, además de una actitud a favor de la transparencia.
Desconoce criterios
A Edgar Cortés, uno de los candidatos, le preocupa que a pesar de que ya comenzaron las deliberaciones, los diputados no han hecho públicos los criterios en los que se basarán para considerar a los candidatos que tengan más posibilidades de ser electos, entre los 24 aspirantes.
“No sabemos si se basarán en las entrevistas, en la trayectoria, en la formación, en la cantidad de apoyos, en que las organizaciones que los respaldan o en qué. Debemos saber esto antes de las deliberaciones para verificar que esos criterios efectivamente se hayan aplicado”, consideró.
El diputado del PAN e integrante de dicha comisión, Carlo Fabián Pizano, consideró que el próximo ombudsman “debe ser un verdadero defensor de los derechos humanos que destaque por sus conocimientos y su actuar demostrados en su trayectoria y que tenga calidad moral para que pueda señalar con toda libertad al gobierno del DF cuando viole los derechos humanos”.
El Consejo de la CDHDF integrado por académicos y especialistas –Elena Azaola, Clara Jusidman, Ernesto López Portillo y José Woldenberg, entre ellos—, se pronunció porque en la referida designación no se antepongan los intereses políticos, personales o de grupo y se privilegie la protección de los derechos humanos a través de una consulta clara y apegada a la ley.
Descuido de diputados
El Grupo Relevos 2009, integrado por siete organizaciones —Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras— criticó que desde que se hizo la convocatoria hubo anomalías, además de que se atravesó el cambio de legislatura.
Jacqueline L´Hoist, de Fudar, explicó que la anterior legislatura no cumplió con la ley al no hacer públicos los expedientes de los aspirantes para que los ciudadanos pudieran emitir su opinión.
Hasta ahora, según la información difundida en la página web de la ALDF, sólo 10 candidatos recibieron opiniones ciudadanas a favor y en contra. El diputado del Partido Social Demócrata, David Razú Aznar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, señaló que aunque se trabaja a marchas forzadas para elegir al nuevo ombudsman antes del 30 de septiembre, “el proceso ha sido transparente y de cara a la sociedad”.
Dijo que las anteriores designaciones fueron por unanimidad “y en este caso los partidos políticos nos podremos poner de acuerdo”. Aseguró que “nadie puede imponer a su cercano. No hay presión, ni privada ni de componendas. Ni las permitiríamos”. El candidato electo debe contar con el voto de las dos terceras partes de la ALDF.
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