La propuesta fiscal enviada por la Secretaría de Hacienda al Congreso disparará el pago de impuestos de muchas empresas y puede representar un cobro retroactivo, de acuerdo con opiniones de especialistas.
Las restricciones a la llamada consolidación fiscal cambiarían la forma en que 4 mil 862 empresas cumplen con sus obligaciones tributarias si el Congreso aprueba la propuesta de modificar el régimen de consolidación fiscal.
Dichas compañías pertenecen a uno de los 422 grupos empresariales o corporativos que, al amparo de las reglas vigentes, difieren algunos pagos del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Según funcionarios de la Secretaría de Hacienda, este cambio le daría al fisco recursos adicionales por alrededor de 27 mil millones de pesos en 2010, lo que implica que cada grupo pagaría en promedio 63 millones 981 mil pesos extras el próximo año sólo por este cambio.
Según la Ley del ISR vigente, una sociedad corporativa puede compensar las pérdidas fiscales de una de sus empresas contra las utilidades fiscales que genere otro de sus negocios y diferir el pago del impuesto de esta última.
En su paquete de reformas, el Ejecutivo propone que las empresas no pospongan el pago del ISR más allá de cinco años, ya que ese tiempo es suficiente, a su juicio, para que se fortalezca la capacidad operativa de un negocio.
Los grupos que hayan utilizado la consolidación tendrían que pagar en 2010, de aprobarse la reforma, el 60 por ciento del impuesto que hubieran diferido desde el ejercicio fiscal 2004 y el 40 por ciento restante en partes iguales en los siguientes cuatro años.
Lo mismo aplicará para el impuesto diferido en 2005, 2006 y 2007.
Herbert Bettinger, socio legal de Ernst & Young, aseguró que los amparos contra esta medida son un hecho, sobre todo por su sello retroactivo.
Carlos Cárdenas, vicepresidente de asuntos fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recordó que el origen de la consolidación fiscal, en 1973, fue para que las empresas encontraran ventajas en asociarse.
"Con esto prácticamente se está matando la consolidación. Hacienda pide pagar todo lo que los grupos habían diferido del sexto año para atrás sin importar si las empresas tienen dinero para cubrirlo", expuso Cárdenas.
Francisco Macías, ex director de la Academia Nacional de Fiscalistas y Contaduría, apuntó que la medida no incentiva la inversión y las empresas podrían deshacerse del negocio que les genere pérdidas.
Las restricciones a la llamada consolidación fiscal cambiarían la forma en que 4 mil 862 empresas cumplen con sus obligaciones tributarias si el Congreso aprueba la propuesta de modificar el régimen de consolidación fiscal.
Dichas compañías pertenecen a uno de los 422 grupos empresariales o corporativos que, al amparo de las reglas vigentes, difieren algunos pagos del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Según funcionarios de la Secretaría de Hacienda, este cambio le daría al fisco recursos adicionales por alrededor de 27 mil millones de pesos en 2010, lo que implica que cada grupo pagaría en promedio 63 millones 981 mil pesos extras el próximo año sólo por este cambio.
Según la Ley del ISR vigente, una sociedad corporativa puede compensar las pérdidas fiscales de una de sus empresas contra las utilidades fiscales que genere otro de sus negocios y diferir el pago del impuesto de esta última.
En su paquete de reformas, el Ejecutivo propone que las empresas no pospongan el pago del ISR más allá de cinco años, ya que ese tiempo es suficiente, a su juicio, para que se fortalezca la capacidad operativa de un negocio.
Los grupos que hayan utilizado la consolidación tendrían que pagar en 2010, de aprobarse la reforma, el 60 por ciento del impuesto que hubieran diferido desde el ejercicio fiscal 2004 y el 40 por ciento restante en partes iguales en los siguientes cuatro años.
Lo mismo aplicará para el impuesto diferido en 2005, 2006 y 2007.
Herbert Bettinger, socio legal de Ernst & Young, aseguró que los amparos contra esta medida son un hecho, sobre todo por su sello retroactivo.
Carlos Cárdenas, vicepresidente de asuntos fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recordó que el origen de la consolidación fiscal, en 1973, fue para que las empresas encontraran ventajas en asociarse.
"Con esto prácticamente se está matando la consolidación. Hacienda pide pagar todo lo que los grupos habían diferido del sexto año para atrás sin importar si las empresas tienen dinero para cubrirlo", expuso Cárdenas.
Francisco Macías, ex director de la Academia Nacional de Fiscalistas y Contaduría, apuntó que la medida no incentiva la inversión y las empresas podrían deshacerse del negocio que les genere pérdidas.
Arturo Rivero y Laura Carrillo, Reforma, 30 de septiembre.
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