Lo anterior, luego de que el nuevo titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, declarara en su primera conferencia de prensa que “habría que analizar” a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, “si una actuación de esta naturaleza configura algún tipo de responsabilidad y consecuentemente si debe resarcirse el daño que se le causó”.
Esto, sin considerar que el pasado 22 de septiembre se dio a conocer de manera pública que el área jurídica de la PGR aseguró a la Cámara de Diputados a través de un oficio que era improcedente reparar el daño que le causó el encarcelamiento a la indígena otomí.
Jacinta Francisco, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara fueron acusadas del delito de secuestro en agravio de seis agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión, pero gracias a la apelación de la condena se pudo acreditar que el Ministerio Público la acusó sin pruebas plenas de su responsabilidad. Las otras indígenas siguen presas.
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