Al anunciar ayer la recomendación 60/2009, dirigida al Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, la CNDH confirmó la aplicación de procedimientos y criterios discrecionales, poco transparentes y discriminatorios en la contratación de publicidad oficial por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato.
Esta situación, advirtió la CNDH, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la asignación de recursos públicos, con objeto de premiar o castigar a los medios, según su línea editorial.
En el documento, la CNDH demandó a Oliva Ramírez "gire sus instrucciones a quien corresponda para que se dé cumplimiento, en todos sus términos, a la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, el 17 de abril de 2008".
En aquella recomendación, la Procuraduría pidió a Oliva establecer criterios claros, justos, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial.
El caso que concluyó en la recomendación de la CNDH se remonta al 8 de julio de 2007, cuando a.m. y Al Día publicaron un desplegado en el que denunciaron que el Gobierno del estado había ordenado suspender la publicación de publicidad oficial en ambos diarios, como un medio de imponer restricciones a la libertad de expresión.
Como consecuencia de la publicación, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato inició una investigación de oficio.
El resultado fue la recomendación de abril de 2008, en la que la Procuraduría de Guanajuato demandó también hacer públicos los criterios que utilizan quienes deciden cómo distribuir la publicidad del estado.
El 29 de abril de 2008, el Gobernador de Guanajuato rechazó la recomendación de la Procuraduría estatal, por lo que el representante legal de a.m. y Al Día presentó un recurso de impugnación. El caso se radicó finalmente el 14 de junio de 2008 en la CNDH, que ayer hizo pública su decisión.
En la misma, la CNDH consideró ajustados a derecho los argumentos expresados en la Recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que Oliva rechazó.
Por ello, solicitó el cumplimiento de la recomendación de la Procuraduría de Guanajuato.
Además, pidió a Oliva que informe, en 15 días hábiles, si acepta la recomendación y, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la misma.
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