La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Ejército por presunta tortura, incomunicación, y retención ilegal en contra de 8 hombres detenidos por militares en abril de 2008 en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, durante el sepelio de un supuesto narcotraficante.
En la recomendación 59/2009, dirigida al Secretario de Defensa Nacional, General Guillermo Galván, el Ombudsman José Luis Soberanes solicitó a la justicia militar abrir una indagatoria contra los efectivos que incurrieron en delitos al violar las garantías de los detenidos.
La CNDH indagó los hechos ocurridos el 8 de abril de 2008 en el panteón de Villa Ahumada, cuando los restos de Gerardo Gallegos Rodelo eran inhumados, tras recibir una queja por parte de 5 familiares de los hombres detenidos.
Indicó que fue arbitrario que efectivos del 76 Batallón de Infantería sitiaran el panteón, incluso con helicópteros, para detener a Héctor Adrián Barrón, Lorenzo Gallegos, Lorenzo Gallegos, Salvador Mendoza, Jorge Adrián Ortega, Manuel Rojas, Omar Trevizo y Jesús Manuel Valdez.
Gallegos Rodelo, de 19 años, era un presunto sicario del Cártel de Juárez que perdió la vida durante un enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa en el municipio de Parral, el 5 de abril de 2008.
La CNDH concluyó que los militares retuvieron por 24 horas a los hombres, entre los que se encontraba el entonces director de la Policía Municipal de Villa Ahumada y tres familiares de la víctima, primero en el panteón y posteriormente en el Campo 5-C de Ciudad Juárez.
Criticó que un día después fueron puestos a disposición de la PGR, a pesar de que la Constitución establece que una remisión tiene que efectuarse de manera inmediata.
En su investigación, la CNDH determinó que los hombres fueron golpeados y torturados en las instalaciones militares con toques eléctricos y bolsas de plástico en la cabeza para que admitieran su implicación en delitos.
"Les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, lo que les impedía respirar, con objeto de que confesaran su participación en diversos ilícitos, situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad ministerial correspondiente con objeto de no permitir su impunidad", agregó.
Acusó que el mayor médico no asentó con precisión las lesiones que presentaban los detenidos, las cuales posteriormente fueron certificadas por peritos de la PGR y la CNDH.
El organismo acreditó que también padecieron de incomunicación porque no les permitieron comunicarse con sus familiares.
Aunque fueron internados en el penal de Ciudad Juárez y sujetos a proceso penal ante el Juez Quinto de Distrito por violación a la Ley Federal de Armas y delitos contra la salud, salieron libres el pasado 13 de febrero al obtener un amparo contra el auto de formal prisión.
En la recomendación 59/2009, dirigida al Secretario de Defensa Nacional, General Guillermo Galván, el Ombudsman José Luis Soberanes solicitó a la justicia militar abrir una indagatoria contra los efectivos que incurrieron en delitos al violar las garantías de los detenidos.
La CNDH indagó los hechos ocurridos el 8 de abril de 2008 en el panteón de Villa Ahumada, cuando los restos de Gerardo Gallegos Rodelo eran inhumados, tras recibir una queja por parte de 5 familiares de los hombres detenidos.
Indicó que fue arbitrario que efectivos del 76 Batallón de Infantería sitiaran el panteón, incluso con helicópteros, para detener a Héctor Adrián Barrón, Lorenzo Gallegos, Lorenzo Gallegos, Salvador Mendoza, Jorge Adrián Ortega, Manuel Rojas, Omar Trevizo y Jesús Manuel Valdez.
Gallegos Rodelo, de 19 años, era un presunto sicario del Cártel de Juárez que perdió la vida durante un enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa en el municipio de Parral, el 5 de abril de 2008.
La CNDH concluyó que los militares retuvieron por 24 horas a los hombres, entre los que se encontraba el entonces director de la Policía Municipal de Villa Ahumada y tres familiares de la víctima, primero en el panteón y posteriormente en el Campo 5-C de Ciudad Juárez.
Criticó que un día después fueron puestos a disposición de la PGR, a pesar de que la Constitución establece que una remisión tiene que efectuarse de manera inmediata.
En su investigación, la CNDH determinó que los hombres fueron golpeados y torturados en las instalaciones militares con toques eléctricos y bolsas de plástico en la cabeza para que admitieran su implicación en delitos.
"Les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, lo que les impedía respirar, con objeto de que confesaran su participación en diversos ilícitos, situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad ministerial correspondiente con objeto de no permitir su impunidad", agregó.
Acusó que el mayor médico no asentó con precisión las lesiones que presentaban los detenidos, las cuales posteriormente fueron certificadas por peritos de la PGR y la CNDH.
El organismo acreditó que también padecieron de incomunicación porque no les permitieron comunicarse con sus familiares.
Aunque fueron internados en el penal de Ciudad Juárez y sujetos a proceso penal ante el Juez Quinto de Distrito por violación a la Ley Federal de Armas y delitos contra la salud, salieron libres el pasado 13 de febrero al obtener un amparo contra el auto de formal prisión.
Luis Brito, Reforma, 28 de septiembre.
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