El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV) sostuvo que el ataque contra Ricardo Lagunes, integrante del Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ocurrido hace unos días en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, “forma parte de la estrategia contrainsurgente implementada por los gobiernos federal y estatal con el objetivo de neutralizar a las organizaciones civiles defensoras de garantías fundamentales en el estado”.
El organismo, dirigido por Miguel Concha Malo, emitió una acción urgente en la que exige garantías de integridad para los miembros del Frayba, el cese a la guerra de baja intensidad, la salida del Ejército de territorio indígena y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Además, responsabiliza a los gobiernos estatal, de Juan Sabines, y federal, de Felipe Calderón, de actos de persecución, intimidación, hostigamiento y agresión contra los defensores de derechos.
La ONG señaló que el ataque contra Lagunes fue perpetrado por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), agrupación a la que calificó de paramilitar. Y denunció que los agresores se reunieron horas antes con agentes de la Policía Estatal Preventiva.
La agresión “es prueba de la impunidad con la que los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan actuando en Chiapas en complicidad con agrupaciones policiacas y militares. Aunado a distintas denuncias y advertencias de riesgo expresadas públicamente, la acción de agentes estatales y la omisión de las autoridades competentes, pone de manifiesto la complicidad del gobierno estatal y del federal por favorecer los planes contrainsurgentes en el estado”.
La agrupación subrayó que en lo que va del año se han documentado al menos ocho acciones de hostigamiento y persecución de funcionarios y agentes de ambos gobiernos, así como de grupos paramilitares, contra el Centro Frayba y algunas comunidades zapatistas.
“La nula actuación del gobierno estatal y federal para investigar, desmantelar y desarmar a grupos civiles armados es deliberada y se presenta en el contexto de la estrategia contrainsurgente, confrontando a actores en resistencia y agudizando aún más la situación del conflicto armado no resuelto en Chiapas”.
Por ello, el CDHFFV demandó la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de la agresión perpetrada en el ejido Jotolá, de la que también fueron víctimas ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña.
También exigió el cese de las acciones de “polarización y estigmatización operadas por funcionarios del gobierno estatal” contra el Centro Frayba; que haya un alto a la censura a los medios de comunicación; y que tanto en la entidad como en el país se garanticen las condiciones básicas para hacer cumplir el respeto y ejercicio de los derechos humanos conforme a los tratados internacionales ratificados por México.
El organismo, dirigido por Miguel Concha Malo, emitió una acción urgente en la que exige garantías de integridad para los miembros del Frayba, el cese a la guerra de baja intensidad, la salida del Ejército de territorio indígena y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Además, responsabiliza a los gobiernos estatal, de Juan Sabines, y federal, de Felipe Calderón, de actos de persecución, intimidación, hostigamiento y agresión contra los defensores de derechos.
La ONG señaló que el ataque contra Lagunes fue perpetrado por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), agrupación a la que calificó de paramilitar. Y denunció que los agresores se reunieron horas antes con agentes de la Policía Estatal Preventiva.
La agresión “es prueba de la impunidad con la que los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan actuando en Chiapas en complicidad con agrupaciones policiacas y militares. Aunado a distintas denuncias y advertencias de riesgo expresadas públicamente, la acción de agentes estatales y la omisión de las autoridades competentes, pone de manifiesto la complicidad del gobierno estatal y del federal por favorecer los planes contrainsurgentes en el estado”.
La agrupación subrayó que en lo que va del año se han documentado al menos ocho acciones de hostigamiento y persecución de funcionarios y agentes de ambos gobiernos, así como de grupos paramilitares, contra el Centro Frayba y algunas comunidades zapatistas.
“La nula actuación del gobierno estatal y federal para investigar, desmantelar y desarmar a grupos civiles armados es deliberada y se presenta en el contexto de la estrategia contrainsurgente, confrontando a actores en resistencia y agudizando aún más la situación del conflicto armado no resuelto en Chiapas”.
Por ello, el CDHFFV demandó la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de la agresión perpetrada en el ejido Jotolá, de la que también fueron víctimas ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña.
También exigió el cese de las acciones de “polarización y estigmatización operadas por funcionarios del gobierno estatal” contra el Centro Frayba; que haya un alto a la censura a los medios de comunicación; y que tanto en la entidad como en el país se garanticen las condiciones básicas para hacer cumplir el respeto y ejercicio de los derechos humanos conforme a los tratados internacionales ratificados por México.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 27 de septiembre.
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