La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Ejército debido a que elementos castrenses aplicaron tortura a ocho personas, mismas a las que presuntamente se les intentaba forzar a que confesaran sobre delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas.
Los hechos ocurrieron el 9 de abril pasado, cuando soldados detuvieron a ocho personas durante un entierro en Villa Ahumada, cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con la CNDH, los efectivos militares mantuvieron durante dos horas a todos los asistentes al entierro, despojándolos de identificaciones y pertenencias, para después detener a ocho personas a fin de que confesaran portar ilegalmente armas y ser traficantes de drogas.
Las víctimas sufrieron golpes, amenazas, descargas eléctricas e intentos de asfixia con bolsas de plástico. Posteriormente, se les instruyó un proceso y se les decretó auto de formal prisión, pero pudieron salir en libertad tras ampararse por falta de pruebas en su contra.
Ante esto la CNDH instó a la Secretaría de Defensa Nacional a reparar el daño y deslindar responsabilidades por detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, y pidió investigar al 76 Batallón de Infantería en Ciudad Juárez.
El organismo, cuyas recomendaciones no son legalmente vinculantes, llamó a no llevar a los detenidos en operativos militares a instalaciones del Ejército y a no emplear estos lugares como “centros de detención, retención y tortura”.
La comisión recordó, asimismo, que el personal médico a cargo de las revisiones físicas debe apegarse a la normativa oficial y denunciar casos de maltrato o tortura.
El Ejército mexicano ha sido constantemente señalado por diversos sectores y denunciado ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico, en la que participan 45 mil militares.
Los castrenses forman parte de los operativos mixtos contra el crimen organizado –principalmente los cárteles de la droga– que desde diciembre de 2006 el gobierno ha enviado a distintas partes del país.
Los hechos ocurrieron el 9 de abril pasado, cuando soldados detuvieron a ocho personas durante un entierro en Villa Ahumada, cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con la CNDH, los efectivos militares mantuvieron durante dos horas a todos los asistentes al entierro, despojándolos de identificaciones y pertenencias, para después detener a ocho personas a fin de que confesaran portar ilegalmente armas y ser traficantes de drogas.
Las víctimas sufrieron golpes, amenazas, descargas eléctricas e intentos de asfixia con bolsas de plástico. Posteriormente, se les instruyó un proceso y se les decretó auto de formal prisión, pero pudieron salir en libertad tras ampararse por falta de pruebas en su contra.
Ante esto la CNDH instó a la Secretaría de Defensa Nacional a reparar el daño y deslindar responsabilidades por detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, y pidió investigar al 76 Batallón de Infantería en Ciudad Juárez.
El organismo, cuyas recomendaciones no son legalmente vinculantes, llamó a no llevar a los detenidos en operativos militares a instalaciones del Ejército y a no emplear estos lugares como “centros de detención, retención y tortura”.
La comisión recordó, asimismo, que el personal médico a cargo de las revisiones físicas debe apegarse a la normativa oficial y denunciar casos de maltrato o tortura.
El Ejército mexicano ha sido constantemente señalado por diversos sectores y denunciado ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico, en la que participan 45 mil militares.
Los castrenses forman parte de los operativos mixtos contra el crimen organizado –principalmente los cárteles de la droga– que desde diciembre de 2006 el gobierno ha enviado a distintas partes del país.
Crónica, 28 de septiembre.
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