El programa Rungunner del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que pretende interceptar el flujo de armas de ese país a los cárteles de la droga en México, está fallando debido a rivalidades burocráticas entre instancias de seguridad estadunidenses y a que éstas no comparten entre sí la más importante información de inteligencia acerca de las compras de armas de fuego ilegales.
Este señalamiento está contenido en un proyecto de informe sobre dicho programa, elaborado por el Departamento de Justicia de la Oficina del Inspector General, difundido por la cadena de televisión NBC.
El proyecto de informe referido al parecer también contradice declaraciones formuladas por funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
El viernes pasado, el director adjunto de dicha Oficina, Kenneth Melson, promocionó el éxito del programa Rungunner, al decir que un alza temporal de los agentes en Arizona había llevado a la incautación de mil 300 armas ilegales y 71 rondas de municiones destinadas a los cárteles de México.
Melson dijo que gracias a 37.5 millones de dólares en fondos del Congreso, el programa en cuestión se está expandiendo con la finalidad de apuntar a los traficantes ilegales de armas en siete ciudades adicionales.
El programa Gunrunner es un refuerzo de las leyes elaboradas por la ATF para tratar de contener el flujo de armas a México.
El proyecto de informe del inspector general concluye que hay “importantes deficiencias” que hacen socavar la eficacia de Gunrunner.
En particular, señaló que la ATF ha fracasado en compartir información de inteligencia sobre el tráfico ilegal de armas con otras agencias de seguridad estadunidenses, en particular con el Departamento de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas (ICE).
La ATF y el ICE “no funcionan con eficacia” juntos; “rara vez se llevan a cabo investigaciones conjuntas”, o incluso se notifiquen mutuamente de los casos en lo que están trabajando, a pesar de que un informe de alto nivel del área de justicia dijo que así fue el año pasado, asienta el informe.
El resultado de esta situación, añade, es que la inteligencia sobre las actividades de tráfico de armas que podría llevar a los arrestos y los procesamientos de contrabando en las fronteras nunca sucede.
Pero los oficiales de la ATF en México se quejaron con los investigadores del inspector general de que reciben poca ayuda de sus homólogos en las divisiones del suroeste de la frontera.
“Las divisiones al sudoeste de la frontera no se comunican entre sí”, dijo un funcionario de la ATF en la ciudad de México y citado en el informe. “No hay intercambio de información. En este momento el sistema (para el intercambio de información) está roto”.
Diputados aprueban minuta de ley antisecuestro
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta del Senado sobre la Ley General contra el Secuestro, que establece hasta 70 años de cárcel a quienes mutilen, violen o asesinen a las personas plagiadas.
“De enero a junio del año 2010 llevamos 674 secuestros, si nosotros extrapolamos esta cantidad, a fin de año llegaremos a mil 248 plagios, es decir, en cinco años se ha incrementado 400 por ciento este delito”, afirmó el presidente de esa comisión, Humberto Benítez Treviño, del PRI, al fundamentar el dictamen.
Destacó que se trata de una ley general, no federal, y establece la concurrencia de las autoridades federales y estatales en la persecución, sanción y castigo del delito de secuestro.
Aclaró que dicha ley finca tipos penales y sanciones de 20 a 40 años en el secuestro normal; de 25 a 45 en el secuestro exprés; de 25 a 55 cuando hay intervención de familiares o cuando intervienen parientes, se allana el domicilio, se ejerce violencia o se mutila al secuestrado, y cuando participan elementos de las corporaciones policiacas o encargadas de procurar y administrar justicia.
Detalló que la pena de 20 a 40 años de prisión se incrementará cuando haya mutilación o pérdida de la vida del secuestrado a 70 años.
El BID afirma que México acabará cárteles más rápido que Colombia
Gracias a la determinación con que libra la lucha contra los cárteles de las drogas y la solidez de sus instituciones, México podrá desmantelar estos grupos criminales más rápido que Colombia, afirmó ayer el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
El presidente del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) sostuvo que si bien México y Colombia registran algunas similitudes en el marco del clima de violencia derivado de esta lucha, las comparaciones no existen.
Moreno destacó ante un grupo de periodistas que las cifras de violencia en México siguen siendo de las más bajas de toda América Latina, haciendo notar que buena parte de las muertes ocurridas se han dado en el interior del conflicto mismo, entre los propios cárteles de las drogas.
“De otra parte, la manera tan enérgica en que se le está haciendo frente, es la única posibilidad (de respuesta) y yo creo que México tiene una institucionalidad muy fuerte que le va a permitir hacer esto con mayor velocidad que lo que lo hizo Colombia”, precisó.
Este señalamiento está contenido en un proyecto de informe sobre dicho programa, elaborado por el Departamento de Justicia de la Oficina del Inspector General, difundido por la cadena de televisión NBC.
El proyecto de informe referido al parecer también contradice declaraciones formuladas por funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
El viernes pasado, el director adjunto de dicha Oficina, Kenneth Melson, promocionó el éxito del programa Rungunner, al decir que un alza temporal de los agentes en Arizona había llevado a la incautación de mil 300 armas ilegales y 71 rondas de municiones destinadas a los cárteles de México.
Melson dijo que gracias a 37.5 millones de dólares en fondos del Congreso, el programa en cuestión se está expandiendo con la finalidad de apuntar a los traficantes ilegales de armas en siete ciudades adicionales.
El programa Gunrunner es un refuerzo de las leyes elaboradas por la ATF para tratar de contener el flujo de armas a México.
El proyecto de informe del inspector general concluye que hay “importantes deficiencias” que hacen socavar la eficacia de Gunrunner.
En particular, señaló que la ATF ha fracasado en compartir información de inteligencia sobre el tráfico ilegal de armas con otras agencias de seguridad estadunidenses, en particular con el Departamento de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas (ICE).
La ATF y el ICE “no funcionan con eficacia” juntos; “rara vez se llevan a cabo investigaciones conjuntas”, o incluso se notifiquen mutuamente de los casos en lo que están trabajando, a pesar de que un informe de alto nivel del área de justicia dijo que así fue el año pasado, asienta el informe.
El resultado de esta situación, añade, es que la inteligencia sobre las actividades de tráfico de armas que podría llevar a los arrestos y los procesamientos de contrabando en las fronteras nunca sucede.
Pero los oficiales de la ATF en México se quejaron con los investigadores del inspector general de que reciben poca ayuda de sus homólogos en las divisiones del suroeste de la frontera.
“Las divisiones al sudoeste de la frontera no se comunican entre sí”, dijo un funcionario de la ATF en la ciudad de México y citado en el informe. “No hay intercambio de información. En este momento el sistema (para el intercambio de información) está roto”.
Diputados aprueban minuta de ley antisecuestro
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta del Senado sobre la Ley General contra el Secuestro, que establece hasta 70 años de cárcel a quienes mutilen, violen o asesinen a las personas plagiadas.
“De enero a junio del año 2010 llevamos 674 secuestros, si nosotros extrapolamos esta cantidad, a fin de año llegaremos a mil 248 plagios, es decir, en cinco años se ha incrementado 400 por ciento este delito”, afirmó el presidente de esa comisión, Humberto Benítez Treviño, del PRI, al fundamentar el dictamen.
Destacó que se trata de una ley general, no federal, y establece la concurrencia de las autoridades federales y estatales en la persecución, sanción y castigo del delito de secuestro.
Aclaró que dicha ley finca tipos penales y sanciones de 20 a 40 años en el secuestro normal; de 25 a 45 en el secuestro exprés; de 25 a 55 cuando hay intervención de familiares o cuando intervienen parientes, se allana el domicilio, se ejerce violencia o se mutila al secuestrado, y cuando participan elementos de las corporaciones policiacas o encargadas de procurar y administrar justicia.
Detalló que la pena de 20 a 40 años de prisión se incrementará cuando haya mutilación o pérdida de la vida del secuestrado a 70 años.
El BID afirma que México acabará cárteles más rápido que Colombia
Gracias a la determinación con que libra la lucha contra los cárteles de las drogas y la solidez de sus instituciones, México podrá desmantelar estos grupos criminales más rápido que Colombia, afirmó ayer el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
El presidente del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) sostuvo que si bien México y Colombia registran algunas similitudes en el marco del clima de violencia derivado de esta lucha, las comparaciones no existen.
Moreno destacó ante un grupo de periodistas que las cifras de violencia en México siguen siendo de las más bajas de toda América Latina, haciendo notar que buena parte de las muertes ocurridas se han dado en el interior del conflicto mismo, entre los propios cárteles de las drogas.
“De otra parte, la manera tan enérgica en que se le está haciendo frente, es la única posibilidad (de respuesta) y yo creo que México tiene una institucionalidad muy fuerte que le va a permitir hacer esto con mayor velocidad que lo que lo hizo Colombia”, precisó.
Agencias en Washington y Luciano Franco, La Crónica, 22 de septiembre.
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