El gobierno de México debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) en el caso de los campesinos ecologistas, y todos los delitos cometidos por el Ejército que impliquen la violación de garantías, sin excepción, deben ser procesados por jueces y tribunales civiles, afirmó la organización Human Rights Watch (HRW).
Debido a que la sentencia concluye que el Estado mexicano es responsable de tortura y violaciones a los derechos humanos de los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, es una evidencia de que en México los delitos cometidos por el Ejército deben ser investigados por el fuero civil y no sólo unos cuantos, como propuso el presidente Felipe Calderón, para que estas historias de impunidad no se repitan.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destacó que “esta decisión refuerza nuestra posición contraria a la propuesta de Calderón para reformar el Código de Justicia Militar, que sólo excluiría tres delitos del fuero militar”.
La COIDH publicó ayer su sentencia en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos líderes ambientalistas de Guerrero que fueron detenidos en forma arbitraria y torturados por militares en 1999. La corte concluyó que el Estado mexicano había violado sus derechos.
De acuerdo con HRW, “el caso de los ecologistas pone al descubierto todas las razones por las cuales los militares no deberían investigar a sus soldados involucrados en violaciones de derechos humanos: la manipulación de pruebas, el uso de la tortura para obtener confesiones e investigaciones inadecuadas de abusos graves”.
Reiteró: “La decisión de la corte deja en claro que la propuesta del presidente Calderón, de excluir tan sólo algunos abusos de la jurisdicción militar, en lugar de la totalidad, está lejos de ser una medida suficiente”.
La corte interamericana también reiteró la obligación del gobierno mexicano —establecida en las sentencias anteriores sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas dictadas en 2010— de reformar el Código de Justicia Militar para adecuarlo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Debido a que la sentencia concluye que el Estado mexicano es responsable de tortura y violaciones a los derechos humanos de los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, es una evidencia de que en México los delitos cometidos por el Ejército deben ser investigados por el fuero civil y no sólo unos cuantos, como propuso el presidente Felipe Calderón, para que estas historias de impunidad no se repitan.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destacó que “esta decisión refuerza nuestra posición contraria a la propuesta de Calderón para reformar el Código de Justicia Militar, que sólo excluiría tres delitos del fuero militar”.
La COIDH publicó ayer su sentencia en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos líderes ambientalistas de Guerrero que fueron detenidos en forma arbitraria y torturados por militares en 1999. La corte concluyó que el Estado mexicano había violado sus derechos.
De acuerdo con HRW, “el caso de los ecologistas pone al descubierto todas las razones por las cuales los militares no deberían investigar a sus soldados involucrados en violaciones de derechos humanos: la manipulación de pruebas, el uso de la tortura para obtener confesiones e investigaciones inadecuadas de abusos graves”.
Reiteró: “La decisión de la corte deja en claro que la propuesta del presidente Calderón, de excluir tan sólo algunos abusos de la jurisdicción militar, en lugar de la totalidad, está lejos de ser una medida suficiente”.
La corte interamericana también reiteró la obligación del gobierno mexicano —establecida en las sentencias anteriores sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas dictadas en 2010— de reformar el Código de Justicia Militar para adecuarlo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Silvia Otero, El Universal, 22 de diciembre.
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