Cancún, QR, 8 de diciembre. La crispación escaló hoy más en el segmento de alto nivel de la 16 cumbre climática de la ONU. El mandatario mexicano se comportó como si estuviera en campaña electoral y saltó de foro en foro haciendo promesas, demandando recursos económicos y divulgando logros ambientales de su administración.
En cambio, los representantes de tres naciones latinoamericanas pusieron las cartas sobre la mesa, denunciaron la falta de acuerdos y las reuniones “en lo oscurito” promovidas por México.
Comenzó la ofensiva el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien emplazó a las naciones industrializadas a explicar por qué se niegan a firmar la extensión del Protocolo de Kyoto. “Nos encantaría saber –dijo– por qué ciertos países, que en otras dimensiones se convierten en heraldos de los derechos del hombre, de la democracia, se resisten a un segundo periodo de compromisos bajo el único régimen jurídico vinculante que Ecuador reconoce, y que es, con todos sus defectos e imperfecciones, el Protocolo de Kyoto”.
Le siguió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien exigió adoptar decisiones concretas sobre un segundo periodo de compromisos. Denunció que hay un grupo de naciones desarrolladas “intentando liquidar el Protocolo de Kyoto con el pretexto de que cubre sólo 20 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”. Demandó que los mecanismos de financiamiento para la lucha contra el calentamiento global no involucren al Banco Mundial ni a ninguna otra institución de Bretton Woods, pues “son tan responsables históricas del cambio climático como los gobiernos de los países desarrollados”.
Finalmente, remató el uno, dos, tres, el embajador de Bolivia, Pablo Solón, en una conferencia de prensa no prevista. Su delegación denunció la casi inexistencia de reuniones oficiales de negociación y la realización de un encuentro “en lo oscurito” promovido por México, al que asistieron entre 40 y 50 países. Las reuniones informales –dijo– no pueden sustituir la negociación del texto de las partes. “Pedimos que se restablezcan los debates formales con los 192 miembros”. Anunció la presentación de tres documentos propios. Finalmente, informó que en su intervención de mañana, Evo Morales defenderá la posición acordada en Cochabamba y los derechos de la naturaleza.
Agarrado fuera de base, el gobierno mexicano tuvo que aventarse al ruedo a capotear la tormenta, con una conferencia de prensa de Luis de Alba, su representante especial para Cambio Climático. De Alba aceptó la existencia de ese grupo informal, pero aclaró que siempre los ha habido para buscar destrabar las negociaciones. Dijo que de ninguna manera se iban a presentar textos alternos. Según él, la molestia de Bolivia se debió a que en la redacción se omitieron referencias a los pueblos indígenas, especialmente a su derecho a la información y al consentimiento previo. Añadió que ya se habían incorporado al documento.
Una REDD demasiado enredada
Como parte del maratón político que corrió hoy en Cancún para presentarse como el presidente de la ecología, Felipe Calderón expuso los supuestos beneficios que han permitido a México avanzar hacia la disminución de emisiones contaminantes por medio del Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD).
Encarrerado, el mandatario presumió ProÁrbol, informando que se han plantado 650 millones en el país. Curiosamente, ese programa ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios.
Según la investigadora Silvia Ribeiro, la propuesta REDD parte del supuesto de que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan. Lo llaman deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario ganar-ganar, como dicen los empresarios. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva han destruido, y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10 por ciento del área original se cuente como deforestación evitada.
La eficacia del programa es cuestionada por especialistas. De acuerdo con la red Carbon Trade Watch, “socava severamente las políticas de mitigación climática y exacerba los problemas ambientales y sociales. REDD está financiado por los grandes contaminadores, intrínsecamente vinculados al mercado de carbono y podría resultar en el despojo de tierras más grande de todos los tiempos.”
De la misma manera piensan dirigentes campesinos e indígenas. Para el líder de Vía Campesina, Paul Nicholson, “nuestra demanda es no a la REDD y no a las falsas soluciones; queremos la aplicación de medidas de cambio sistémico que vayan a la raíz de la crisis climática.”
Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, a la que los organizadores de la cumbre le retiraron su acreditación por participar ayer en una conferencia de prensa crítica y manifestarse contra REDD, denunció cómo en el contexto de este programa, Shell cometió genocidio contra el pueblo Ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. Según él, el programa facilita y avala que esta y otras compañías continúen extrayendo combustibles fósiles, al tiempo que destruyen el clima y a los pueblos indígenas. “La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre”, señaló.
Para las organizaciones campesinas e indígenas, REDD es un mecanismo que beneficia a los que más contaminan y amenaza con extender a todo el planeta los desiertos verdes de las plantaciones forestales.
En cambio, los representantes de tres naciones latinoamericanas pusieron las cartas sobre la mesa, denunciaron la falta de acuerdos y las reuniones “en lo oscurito” promovidas por México.
Comenzó la ofensiva el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien emplazó a las naciones industrializadas a explicar por qué se niegan a firmar la extensión del Protocolo de Kyoto. “Nos encantaría saber –dijo– por qué ciertos países, que en otras dimensiones se convierten en heraldos de los derechos del hombre, de la democracia, se resisten a un segundo periodo de compromisos bajo el único régimen jurídico vinculante que Ecuador reconoce, y que es, con todos sus defectos e imperfecciones, el Protocolo de Kyoto”.
Le siguió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien exigió adoptar decisiones concretas sobre un segundo periodo de compromisos. Denunció que hay un grupo de naciones desarrolladas “intentando liquidar el Protocolo de Kyoto con el pretexto de que cubre sólo 20 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”. Demandó que los mecanismos de financiamiento para la lucha contra el calentamiento global no involucren al Banco Mundial ni a ninguna otra institución de Bretton Woods, pues “son tan responsables históricas del cambio climático como los gobiernos de los países desarrollados”.
Finalmente, remató el uno, dos, tres, el embajador de Bolivia, Pablo Solón, en una conferencia de prensa no prevista. Su delegación denunció la casi inexistencia de reuniones oficiales de negociación y la realización de un encuentro “en lo oscurito” promovido por México, al que asistieron entre 40 y 50 países. Las reuniones informales –dijo– no pueden sustituir la negociación del texto de las partes. “Pedimos que se restablezcan los debates formales con los 192 miembros”. Anunció la presentación de tres documentos propios. Finalmente, informó que en su intervención de mañana, Evo Morales defenderá la posición acordada en Cochabamba y los derechos de la naturaleza.
Agarrado fuera de base, el gobierno mexicano tuvo que aventarse al ruedo a capotear la tormenta, con una conferencia de prensa de Luis de Alba, su representante especial para Cambio Climático. De Alba aceptó la existencia de ese grupo informal, pero aclaró que siempre los ha habido para buscar destrabar las negociaciones. Dijo que de ninguna manera se iban a presentar textos alternos. Según él, la molestia de Bolivia se debió a que en la redacción se omitieron referencias a los pueblos indígenas, especialmente a su derecho a la información y al consentimiento previo. Añadió que ya se habían incorporado al documento.
Una REDD demasiado enredada
Como parte del maratón político que corrió hoy en Cancún para presentarse como el presidente de la ecología, Felipe Calderón expuso los supuestos beneficios que han permitido a México avanzar hacia la disminución de emisiones contaminantes por medio del Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD).
Encarrerado, el mandatario presumió ProÁrbol, informando que se han plantado 650 millones en el país. Curiosamente, ese programa ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios.
Según la investigadora Silvia Ribeiro, la propuesta REDD parte del supuesto de que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan. Lo llaman deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario ganar-ganar, como dicen los empresarios. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva han destruido, y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10 por ciento del área original se cuente como deforestación evitada.
La eficacia del programa es cuestionada por especialistas. De acuerdo con la red Carbon Trade Watch, “socava severamente las políticas de mitigación climática y exacerba los problemas ambientales y sociales. REDD está financiado por los grandes contaminadores, intrínsecamente vinculados al mercado de carbono y podría resultar en el despojo de tierras más grande de todos los tiempos.”
De la misma manera piensan dirigentes campesinos e indígenas. Para el líder de Vía Campesina, Paul Nicholson, “nuestra demanda es no a la REDD y no a las falsas soluciones; queremos la aplicación de medidas de cambio sistémico que vayan a la raíz de la crisis climática.”
Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, a la que los organizadores de la cumbre le retiraron su acreditación por participar ayer en una conferencia de prensa crítica y manifestarse contra REDD, denunció cómo en el contexto de este programa, Shell cometió genocidio contra el pueblo Ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. Según él, el programa facilita y avala que esta y otras compañías continúen extrayendo combustibles fósiles, al tiempo que destruyen el clima y a los pueblos indígenas. “La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre”, señaló.
Para las organizaciones campesinas e indígenas, REDD es un mecanismo que beneficia a los que más contaminan y amenaza con extender a todo el planeta los desiertos verdes de las plantaciones forestales.
Luis Hernández Navarro, La Jornada, 9 de diciembre.
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