La embestida mediática de Televisa contra la revista Proceso retrata a la empresa televisora como Ministerio Público de la Federación, “y encarna la figura del autoritarismo que pone en riesgo las libertades democráticas y de expresión en el país”, señalaron diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), quienes lanzaron preguntas al gobierno federal: “Insiste Felipe Calderón que el régimen autoritario ya se había acabado. El problema es que, ahora, ¿quién va a ejercer el poder en el país?”
Alejandro Encinas, Jaime Cárdenas, Enrique Ibarra y Herón Escobar advirtieron que Televisa expone gravemente la integridad del reportero Ricardo Ravelo y, “lo peor, ¿qué medio crítico del régimen sigue?”, cuestionaron, mientras en la vieja casona de Xicoténcatl, los senadores resaltaron que detrás de la embestida se encuentra el gobierno federal y que se prefabricó la declaración del presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien es ahora testigo protegido.
El priísta Francisco Labastida Ochoa dijo que el gobierno de Calderón, que dice defender la libertad de expresión, falla al atentar contra un medio de comunicación caracterizado por su independencia.
Los perredistas Pablo Gómez y Carlos Sotelo, el petista Ricardo Monreal y Dante Delgado, de Convergencia, destacaron que existe una manipulación “burda” de un testigo protegido que declara como experto en medios de comunicación y alude a la portada de una revista que apareció mucho después de su detención. El caso muestra la necesidad de legislar para acabar con el abuso de la figura de testigos protegidos, resaltaron.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, fue benévolo con Televisa, pero ironizó con las “respuestas de una persona que busca privilegios”, Sergio Villarreal.
“¿Qué es lo que está haciendo este reo? Hay que considerarlo de esta manera, es un reo. ¿Qué está diciendo? Todo lo que le conviene decir. Me extraña, de verdad, que no haya involucrado en este delito a algún cardenal, al Papa, o a alguien así, tan famoso como eso y tan escandaloso como eso”, expresó.
Alejandro Encinas también la emprendió contra la administración federal porque evidencia un uso burdo de la figura del testigo protegido con tintes políticos.
“Ahora llegan al extremo de aplicar toda la fuerza del Estado contra un medio de comunicación. Es inaceptable que el testimonio de un delincuente se aplique como elemento de vendetta a un reportero y su medio. Es el modus operandi de las esferas del poder con objeto de aplastar todo aquello que se interponga a sus intereses mezquinos.”
El petista Enrique Ibarra calificó de delicada para el estado actual de la República que una declaración ministerial se utilice para lanzar un embate a un medio de comunicación. “Televisa se presta al juego perverso del gobierno para acusar a un reportero. ¿Por qué Televisa tiene material de video que el resto de los medios no tienen? Televisa ahora pretende curarse en salud, pero en su virulencia olvida que expone la integridad física de un periodista por el uso indebido que da a la filtración de la PGR.”
Jaime Cárdenas (PT) afirmó que la del gobierno es una actitud de venganza contra un medio de comunicación que publicó “el probable contacto entre Felipe Calderón y Sergio Villarreal, narcotraficante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
“Televisa se convierte en instrumento para golpear a los críticos del gobierno, es el sabueso que sin piedad muerde a un reportero, y pretende afectar a un semanario que junto con otros contados medios se ha constituido en el bastión de la prensa digna.”
El senador Dante Delgado pidió que se alce la voz en contra de ese intento de intimidar a Proceso, mientras Carlos Sotelo y los petistas Rosario Ibarra y Ricardo Monreal expresaron todo el respaldo y credibilidad a la revista fundada por Julio Scherer.
Labastida Ochoa expuso que en caso de probarse que todo fue armado desde el gobierno federal, es muy grave, porque se trata de “un atentado en contra de un medio de comunicación que se ha caracterizado por su independencia”. Agregó que Calderón estaría fallando, ya que se vulnera la libertad de expresión y de imprenta.
El ex secretario de Gobernación expuso que el video difundido en los noticieros de Televisa le genera “grandes dudas” por las contradicciones en lo declarado por Villarreal Barragán. Señaló que sorprende que se refiera a hechos que se dieron después de su captura.
El perredista Carlos Sotelo, quien preside el grupo plural que da seguimiento al llamado michoacanazo, dijo que sin duda lo publicado en la revista hace una semana, donde se señala a Juan Camilo Mouriño como contacto con el narco, y la transcripción de una declaración ministerial de El Grande –en la que éste señala que se reunió con el titular del Ejecutivo–, es lo que motivó el video difundido por Televisa.
Pablo Gómez dijo que “es un asco el manejo de testigos protegidos”, ya que, a diferencia de lo que ocurre a escala internacional, en México “declaran antes de los juicios y hasta lo hacen por televisión”.
Alejandro Encinas, Jaime Cárdenas, Enrique Ibarra y Herón Escobar advirtieron que Televisa expone gravemente la integridad del reportero Ricardo Ravelo y, “lo peor, ¿qué medio crítico del régimen sigue?”, cuestionaron, mientras en la vieja casona de Xicoténcatl, los senadores resaltaron que detrás de la embestida se encuentra el gobierno federal y que se prefabricó la declaración del presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien es ahora testigo protegido.
El priísta Francisco Labastida Ochoa dijo que el gobierno de Calderón, que dice defender la libertad de expresión, falla al atentar contra un medio de comunicación caracterizado por su independencia.
Los perredistas Pablo Gómez y Carlos Sotelo, el petista Ricardo Monreal y Dante Delgado, de Convergencia, destacaron que existe una manipulación “burda” de un testigo protegido que declara como experto en medios de comunicación y alude a la portada de una revista que apareció mucho después de su detención. El caso muestra la necesidad de legislar para acabar con el abuso de la figura de testigos protegidos, resaltaron.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, fue benévolo con Televisa, pero ironizó con las “respuestas de una persona que busca privilegios”, Sergio Villarreal.
“¿Qué es lo que está haciendo este reo? Hay que considerarlo de esta manera, es un reo. ¿Qué está diciendo? Todo lo que le conviene decir. Me extraña, de verdad, que no haya involucrado en este delito a algún cardenal, al Papa, o a alguien así, tan famoso como eso y tan escandaloso como eso”, expresó.
Alejandro Encinas también la emprendió contra la administración federal porque evidencia un uso burdo de la figura del testigo protegido con tintes políticos.
“Ahora llegan al extremo de aplicar toda la fuerza del Estado contra un medio de comunicación. Es inaceptable que el testimonio de un delincuente se aplique como elemento de vendetta a un reportero y su medio. Es el modus operandi de las esferas del poder con objeto de aplastar todo aquello que se interponga a sus intereses mezquinos.”
El petista Enrique Ibarra calificó de delicada para el estado actual de la República que una declaración ministerial se utilice para lanzar un embate a un medio de comunicación. “Televisa se presta al juego perverso del gobierno para acusar a un reportero. ¿Por qué Televisa tiene material de video que el resto de los medios no tienen? Televisa ahora pretende curarse en salud, pero en su virulencia olvida que expone la integridad física de un periodista por el uso indebido que da a la filtración de la PGR.”
Jaime Cárdenas (PT) afirmó que la del gobierno es una actitud de venganza contra un medio de comunicación que publicó “el probable contacto entre Felipe Calderón y Sergio Villarreal, narcotraficante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
“Televisa se convierte en instrumento para golpear a los críticos del gobierno, es el sabueso que sin piedad muerde a un reportero, y pretende afectar a un semanario que junto con otros contados medios se ha constituido en el bastión de la prensa digna.”
El senador Dante Delgado pidió que se alce la voz en contra de ese intento de intimidar a Proceso, mientras Carlos Sotelo y los petistas Rosario Ibarra y Ricardo Monreal expresaron todo el respaldo y credibilidad a la revista fundada por Julio Scherer.
Labastida Ochoa expuso que en caso de probarse que todo fue armado desde el gobierno federal, es muy grave, porque se trata de “un atentado en contra de un medio de comunicación que se ha caracterizado por su independencia”. Agregó que Calderón estaría fallando, ya que se vulnera la libertad de expresión y de imprenta.
El ex secretario de Gobernación expuso que el video difundido en los noticieros de Televisa le genera “grandes dudas” por las contradicciones en lo declarado por Villarreal Barragán. Señaló que sorprende que se refiera a hechos que se dieron después de su captura.
El perredista Carlos Sotelo, quien preside el grupo plural que da seguimiento al llamado michoacanazo, dijo que sin duda lo publicado en la revista hace una semana, donde se señala a Juan Camilo Mouriño como contacto con el narco, y la transcripción de una declaración ministerial de El Grande –en la que éste señala que se reunió con el titular del Ejecutivo–, es lo que motivó el video difundido por Televisa.
Pablo Gómez dijo que “es un asco el manejo de testigos protegidos”, ya que, a diferencia de lo que ocurre a escala internacional, en México “declaran antes de los juicios y hasta lo hacen por televisión”.
Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 3 de diciembre.
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