En su última semana de sesiones, la Cámara de Diputados prevé aprobar un paquete de reformas en materia penal que establece castigar hasta con nueve años de cárcel a todos los precandidatos y candidatos que usen recursos de procedencia ilícita, ya sean en efectivo o al utilizar vehículos o aeronaves.
El diputado federal del PRI Arturo Zamora —quien presentó la iniciativa— explicó que la intensión de la reforma es llenar un vacío legal que existe en la actualidad, pues no se sancionan precampañas, y además se busca incorporar a los candidatos.
“Esperamos que la reformas al artículo 406 del Código Penal Federal, que ya fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, sean discutidas y avaladas por el pleno de San Lázaro para turnarlas al Senado y con ello blindar las elecciones de 2011 y 2012 de cualquier intento de infiltración del narcotráfico”, dijo el legislador.
“La reforma que se hace al Código Penal Federal para que se constituya como delito el hecho de que los candidatos, pero también los precandidatos, los organizadores de campañas y representantes de partidos políticos, cuando reciban recursos de procedencia ilícita, puedan ser castigados hasta con penas de nueve años de prisión”, dijo el legislador.
En un comunicado, el diputado federal integrante de la Comisión de Justicia, mencionó que se castigará con penas de uno a nueve años de prisión, y de 200 a 400 días de salario de multa, a quienes reciban no sólo recursos económicos, sino bienes o servicios como son la utilización de vehículos, aeronaves de cualquier naturaleza, helicópteros, aviones, etcétera.
“Con ello buscamos cerrar de una vez por todas las pinza, para evitar que cualquier candidato o precandidato en el futuro, cualquier coordinador de campaña u organizador de eventos de campaña, caigan en la tentación de recibir recursos de procedencia ilícita”, apuntó Zamora.
El legislador tricolor dijo que se incorpora a las sanciones no sólo a los candidatos, sino también a los precandidatos, cuando reciben recursos públicos del gobierno municipal, estatal o federal, o cuando reciben recursos públicos provenientes de la delincuencia.
Además, la misma sanción de hasta nueve años de cárcel se aplicará a los funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, que desvíen recursos para precandidatos, candidatos o partidos, así como los que presionen a sus subordinados a votar por algunas siglas o candidatos.
De manera paralela, hay otra reforma que se prevé aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero de 2011, para sancionar a los funcionarios que incurran en actos de calumniar o difamar candidatos, como lo ha realizado el gobierno federal en los últimos años.
El diputado federal del PRI Arturo Zamora —quien presentó la iniciativa— explicó que la intensión de la reforma es llenar un vacío legal que existe en la actualidad, pues no se sancionan precampañas, y además se busca incorporar a los candidatos.
“Esperamos que la reformas al artículo 406 del Código Penal Federal, que ya fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, sean discutidas y avaladas por el pleno de San Lázaro para turnarlas al Senado y con ello blindar las elecciones de 2011 y 2012 de cualquier intento de infiltración del narcotráfico”, dijo el legislador.
“La reforma que se hace al Código Penal Federal para que se constituya como delito el hecho de que los candidatos, pero también los precandidatos, los organizadores de campañas y representantes de partidos políticos, cuando reciban recursos de procedencia ilícita, puedan ser castigados hasta con penas de nueve años de prisión”, dijo el legislador.
En un comunicado, el diputado federal integrante de la Comisión de Justicia, mencionó que se castigará con penas de uno a nueve años de prisión, y de 200 a 400 días de salario de multa, a quienes reciban no sólo recursos económicos, sino bienes o servicios como son la utilización de vehículos, aeronaves de cualquier naturaleza, helicópteros, aviones, etcétera.
“Con ello buscamos cerrar de una vez por todas las pinza, para evitar que cualquier candidato o precandidato en el futuro, cualquier coordinador de campaña u organizador de eventos de campaña, caigan en la tentación de recibir recursos de procedencia ilícita”, apuntó Zamora.
El legislador tricolor dijo que se incorpora a las sanciones no sólo a los candidatos, sino también a los precandidatos, cuando reciben recursos públicos del gobierno municipal, estatal o federal, o cuando reciben recursos públicos provenientes de la delincuencia.
Además, la misma sanción de hasta nueve años de cárcel se aplicará a los funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, que desvíen recursos para precandidatos, candidatos o partidos, así como los que presionen a sus subordinados a votar por algunas siglas o candidatos.
De manera paralela, hay otra reforma que se prevé aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero de 2011, para sancionar a los funcionarios que incurran en actos de calumniar o difamar candidatos, como lo ha realizado el gobierno federal en los últimos años.
Horacio Jiménez, EL Universal, 13 de diciembre.
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