Los candidatos y precandidatos a cargos de elección popular que utilicen recursos del narcotráfico o del crimen organizado, ya sea en efectivo o mediante el uso de aeronaves o vehículos terrestres, serán penalizados hasta con nueve años de cárcel.
En las últimas tres sesiones del periodo ordinario de sesiones —lunes, martes y miércoles—, el pleno conocerá y votará un paquete de reformas en materia penal en el que se establecerá dicha penalidad, entre algunas otras específicas.
Adelantó lo anterior el PRI en la Cámara de Diputados, a través de su representante en la Comisión de Justicias en San Lázaro, Arturo Zamora, autor de la iniciativa, quien explicó que la reforma propuesta incluye no sólo a candidatos y precandidatos, sino también a los organizadores de campañas y representantes de partidos políticos.
Confió en que las reformas al artículo 406 del Código Penal Federal, que ya fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, sean discutidas y avaladas por el pleno de San Lázaro para turnarlas al Senado "y con ello blindar las elecciones del 2011 y 2012 de cualquier intento de infiltración del narcotráfico".
Al mismo tiempo, informó que otra reforma que se prevé aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 febrero de 2011, cuyo objetivo es sancionar a los funcionarios que incurran en actos de calumniar o difamar candidatos, como lo ha realizado el gobierno federal en los últimos años.
Admitió que en la actualidad existe un vacío legal que no sanciona las precampañas y por tanto, subrayó, "la reforma que se hace al Código Penal Federal es para que se constituya como delito el hecho de que los candidatos, pero también los precandidatos sean sujetos a esas penalidades", puntualizó.
Explicó que hoy se castiga con penas de 1 a 9 años de prisión y de 200 a 400 días de salario de multa a quienes reciban no solamente recursos económicos, sino bienes o servicios como son la utilización de vehículos y aeronaves.
"Con ello buscamos cerrar de una vez por todas las pinza, para evitar que cualquier candidato o precandidato en el futuro, cualquier coordinador de campaña u organizador de eventos de campaña, caigan en la tentación de recibir recursos de procedencia ilícita", apuntó el legislador jalisciense.
Insistió en que con su iniciativa se incorpora a las sanciones no sólo a los candidatos, sino también a los precandidatos, cuando reciben recursos públicos del gobierno municipal, estatal o federal, o cuando reciben recursos públicos provenientes de la delincuencia.
Zamora Jiménez detalló que la misma sanción de hasta 9 años de cárcel se aplicará a los funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, que desvíen recursos para precandidatos, candidatos o partidos, así como los que presionen a sus subordinados a votar por algunas siglas o candidatos.
En las últimas tres sesiones del periodo ordinario de sesiones —lunes, martes y miércoles—, el pleno conocerá y votará un paquete de reformas en materia penal en el que se establecerá dicha penalidad, entre algunas otras específicas.
Adelantó lo anterior el PRI en la Cámara de Diputados, a través de su representante en la Comisión de Justicias en San Lázaro, Arturo Zamora, autor de la iniciativa, quien explicó que la reforma propuesta incluye no sólo a candidatos y precandidatos, sino también a los organizadores de campañas y representantes de partidos políticos.
Confió en que las reformas al artículo 406 del Código Penal Federal, que ya fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, sean discutidas y avaladas por el pleno de San Lázaro para turnarlas al Senado "y con ello blindar las elecciones del 2011 y 2012 de cualquier intento de infiltración del narcotráfico".
Al mismo tiempo, informó que otra reforma que se prevé aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 febrero de 2011, cuyo objetivo es sancionar a los funcionarios que incurran en actos de calumniar o difamar candidatos, como lo ha realizado el gobierno federal en los últimos años.
Admitió que en la actualidad existe un vacío legal que no sanciona las precampañas y por tanto, subrayó, "la reforma que se hace al Código Penal Federal es para que se constituya como delito el hecho de que los candidatos, pero también los precandidatos sean sujetos a esas penalidades", puntualizó.
Explicó que hoy se castiga con penas de 1 a 9 años de prisión y de 200 a 400 días de salario de multa a quienes reciban no solamente recursos económicos, sino bienes o servicios como son la utilización de vehículos y aeronaves.
"Con ello buscamos cerrar de una vez por todas las pinza, para evitar que cualquier candidato o precandidato en el futuro, cualquier coordinador de campaña u organizador de eventos de campaña, caigan en la tentación de recibir recursos de procedencia ilícita", apuntó el legislador jalisciense.
Insistió en que con su iniciativa se incorpora a las sanciones no sólo a los candidatos, sino también a los precandidatos, cuando reciben recursos públicos del gobierno municipal, estatal o federal, o cuando reciben recursos públicos provenientes de la delincuencia.
Zamora Jiménez detalló que la misma sanción de hasta 9 años de cárcel se aplicará a los funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, que desvíen recursos para precandidatos, candidatos o partidos, así como los que presionen a sus subordinados a votar por algunas siglas o candidatos.
Luciano Franco, La Crónica, 13 de diciembre.
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