CARACAS.- Las nacionalizaciones de la industria cementera y del acero que realizó en los últimos días el Gobierno venezolano levantaron una ola de críticas de diversos sectores contra el propósito gubernamental de controlar los medios de producción, como establece el llamado "Socialismo del siglo 21", propuesto por el Presidente Hugo Chávez.
Tanto la principal agrupación de empresarios, Fedecámaras, como la dirigencia política de oposición y académicos, calificaron dichas estatizaciones como medidas "de capitalismo de Estado" que traerán ineficiencia a la gestión pública.
Organizaciones empresariales pro gubernamentales, en tanto, como la Federación de Empresarios por Venezuela y algunos sindicatos como la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores celebraron la decisión.
Desde 2003, el Estado venezolano, no sin cierta resistencia, ha retomado la participación estatal en sectores en los que converge capital extranjero, como la telefonía básica (CANTV), electricidad (Electricidad de Caracas), tierras (fondos y haciendas privadas), petróleo (caso Exxon Mobil, ConocoPhillips, Total y otros), cemento (Cemex, Lafarge y Holcin), acero (Ternium-Sidor) y la agroindustria (centrales azucareras).
El Gobierno también ha incursionado en el sector de la distribución alimentaria y ha amenazado con nacionalizar los bancos privados, como las filiales de los grupos españoles Santander y Bilbao Vizcaya.
Esto, a pesar de que en junio de 2007 Chávez dijera a la agencia de noticias EFE que más estatizaciones no estaban en sus planes.
La política controladora ha revertido privatizaciones hechas en la década de los 90, durante los Gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1998), quienes buscaron quitar al Estado empresario el lastre de los años 60: disminuir la burocracia, el clientelismo político y la corrupción.
Las últimas medidas sobre Cemex y Ternium-Sidor podrían agriar las relaciones con México, en recomposición, y con Argentina, un aliado político regional de importancia de cara al Mercosur, señalan expertos.
A lo interno, podrían acelerar el desgaste en la popularidad del Gobierno en un año electoral, pues las medidas no son del agrado público, de acuerdo con un sondeo de la empresa Datanálisis en el que 82 por ciento de los venezolanos se declaró partidario de la empresa privada para crear fuentes de trabajo.
Eduardo Gómez Sigala, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, explicó a REFORMA las consecuencias de estas medidas,entre ellas, la desaparición de cinco mil industrias.
En 2007, el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, dijo que las nacionalizaciones del sector de las telecomunicaciones y eléctrico estuvieron bien hechas y que había que verlas con ojos distintos a la crítica de los años 80. ¿Cómo las observa el sector industrial?
Con los mismos ojos con los que observamos la cesación de empresas que vienen operando con altibajos por el excesivo intervencionismo y regulaciones del Gobierno.
De hecho, según el Instituto Nacional de Estadísticas, han desaparecido 5 mil industrias de un total de 12 mil que existían en 1999 (cuando Chávez tomó posesión).
La razón que ha destacado el Ejecutivo (para la nacionalización) en el caso de (la acería) Ternium Sidor, como es la conflictividad laboral, es una situación normal durante la discusión de un contrato colectivo. Pero el primero que ha incumplido con la contratación colectiva es el Gobierno, porque el sector público tiene más de cinco años sin negociarlos.
Eso es retórica para justificar un intervencionismo por razones ideológicas. El Gobierno ha demostrado una gran ineficiencia con las cooperativas o empresas de co-gestión que ha impulsado y controlado, como en la CANTV.
Venezuela está perdiendo capacidad productiva y desmejora en la calidad de los servicios.
La conflictividad laboral está en el fondo de otros casos, como el de Femsa-CocaCola. Desde febrero pasado algunos sindicatos y ex empleados han tomado intermitentemente instalaciones de la empresa de capital mexicano. La compañía dijo la semana anterior que el cierre ha arrojado pérdidas por 11 mil millones de dólares.
Gómez Sigala cree que esta situación se vincula a una estrategia política gubernamental muy bien coordinada.
Dijo que el Gobierno autorizó la creación de 3 mil 279 sindicatos con afinidad ideológica a "la revolución chavista".
"La ecuación es muy simple: este número de sindicatos ocasionará conflictividad en las pocas empresas que quedan por una lucha interna e ideológica promovida por el Gobierno.
"La conflictividad laboral está más garantizada en el futuro por el Gobierno. Y si esta es la razón por la cual intervendrá empresas, entonces no es más que una estrategia política muy bien coordinada", opinó.
Usted, que mantiene contacto con el capital extranjero, ¿cómo cree que afectarán estas nacionalizaciones a las relaciones con México y Argentina?
Todo Gobierno tiene derecho y el deber de defender a sus nacionales. La estatización deteriora la economía del país. Tanto los empresarios nacionales como los extranjeros se sienten desanimados e intimidados por la inestabilidad e incertidumbre que hay. Obviamente esto va a afectar a ambos países.
He estado en conversaciones con empresarios de Argentina y creo que los Gobiernos deben manejar el tema adecuadamente. En todo caso, las nacionalizaciones reflejan la vocación controladora de la economía por parte del Estado.
Estoy convencido de que son medidas que demostrarán su inconveniencia y tendrán que ser revertidas.
¿Cuál es el balance de las nacionalizaciones hechas hasta hora?
Ya podemos ver el deterioro del servicio de telefonía, agua y electricidad en todo el país. Se lee a diario en los periódicos sobre los racionamientos de agua y apagones. Son resultado de una gestión cargada de burocracia y corrupción.
Casos anteriores, como el de la industria del papel, aluminio, válvulas, textiles y automotriz -que está paralizada por el control de cambio- revelan esta parálisis.
¿Las nacionalizaciones de la industria del cemento y acero ayudarán a paliar el déficit habitacional, como arguye el Gobierno?
Ambas empresas (Ternium-Sidor y Cemex) son de alta tecnología y líderes a nivel mundial. Si el Gobierno tiene los recursos y quiere incrementar la producción tiene que instalar nuevas plantas para estimular la competencia y propiciar la incorporación de nuevos empresarios.
A un país que tiene un déficit de dos millones de viviendas no se le hace ningún favor con que el Estado pase a controlar dos de sus principales elementos.
Quienes necesiten de estos rubros para construir por su cuenta o con el Estado les ocurrirá lo que a los contratistas de PDVSA: deberán cumplir exigencias y compromisos de todo tipo, incluyendo afinidad ideológica, con el Gobierno.
Tanto la principal agrupación de empresarios, Fedecámaras, como la dirigencia política de oposición y académicos, calificaron dichas estatizaciones como medidas "de capitalismo de Estado" que traerán ineficiencia a la gestión pública.
Organizaciones empresariales pro gubernamentales, en tanto, como la Federación de Empresarios por Venezuela y algunos sindicatos como la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores celebraron la decisión.
Desde 2003, el Estado venezolano, no sin cierta resistencia, ha retomado la participación estatal en sectores en los que converge capital extranjero, como la telefonía básica (CANTV), electricidad (Electricidad de Caracas), tierras (fondos y haciendas privadas), petróleo (caso Exxon Mobil, ConocoPhillips, Total y otros), cemento (Cemex, Lafarge y Holcin), acero (Ternium-Sidor) y la agroindustria (centrales azucareras).
El Gobierno también ha incursionado en el sector de la distribución alimentaria y ha amenazado con nacionalizar los bancos privados, como las filiales de los grupos españoles Santander y Bilbao Vizcaya.
Esto, a pesar de que en junio de 2007 Chávez dijera a la agencia de noticias EFE que más estatizaciones no estaban en sus planes.
La política controladora ha revertido privatizaciones hechas en la década de los 90, durante los Gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1998), quienes buscaron quitar al Estado empresario el lastre de los años 60: disminuir la burocracia, el clientelismo político y la corrupción.
Las últimas medidas sobre Cemex y Ternium-Sidor podrían agriar las relaciones con México, en recomposición, y con Argentina, un aliado político regional de importancia de cara al Mercosur, señalan expertos.
A lo interno, podrían acelerar el desgaste en la popularidad del Gobierno en un año electoral, pues las medidas no son del agrado público, de acuerdo con un sondeo de la empresa Datanálisis en el que 82 por ciento de los venezolanos se declaró partidario de la empresa privada para crear fuentes de trabajo.
Eduardo Gómez Sigala, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, explicó a REFORMA las consecuencias de estas medidas,entre ellas, la desaparición de cinco mil industrias.
En 2007, el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, dijo que las nacionalizaciones del sector de las telecomunicaciones y eléctrico estuvieron bien hechas y que había que verlas con ojos distintos a la crítica de los años 80. ¿Cómo las observa el sector industrial?
Con los mismos ojos con los que observamos la cesación de empresas que vienen operando con altibajos por el excesivo intervencionismo y regulaciones del Gobierno.
De hecho, según el Instituto Nacional de Estadísticas, han desaparecido 5 mil industrias de un total de 12 mil que existían en 1999 (cuando Chávez tomó posesión).
La razón que ha destacado el Ejecutivo (para la nacionalización) en el caso de (la acería) Ternium Sidor, como es la conflictividad laboral, es una situación normal durante la discusión de un contrato colectivo. Pero el primero que ha incumplido con la contratación colectiva es el Gobierno, porque el sector público tiene más de cinco años sin negociarlos.
Eso es retórica para justificar un intervencionismo por razones ideológicas. El Gobierno ha demostrado una gran ineficiencia con las cooperativas o empresas de co-gestión que ha impulsado y controlado, como en la CANTV.
Venezuela está perdiendo capacidad productiva y desmejora en la calidad de los servicios.
La conflictividad laboral está en el fondo de otros casos, como el de Femsa-CocaCola. Desde febrero pasado algunos sindicatos y ex empleados han tomado intermitentemente instalaciones de la empresa de capital mexicano. La compañía dijo la semana anterior que el cierre ha arrojado pérdidas por 11 mil millones de dólares.
Gómez Sigala cree que esta situación se vincula a una estrategia política gubernamental muy bien coordinada.
Dijo que el Gobierno autorizó la creación de 3 mil 279 sindicatos con afinidad ideológica a "la revolución chavista".
"La ecuación es muy simple: este número de sindicatos ocasionará conflictividad en las pocas empresas que quedan por una lucha interna e ideológica promovida por el Gobierno.
"La conflictividad laboral está más garantizada en el futuro por el Gobierno. Y si esta es la razón por la cual intervendrá empresas, entonces no es más que una estrategia política muy bien coordinada", opinó.
Usted, que mantiene contacto con el capital extranjero, ¿cómo cree que afectarán estas nacionalizaciones a las relaciones con México y Argentina?
Todo Gobierno tiene derecho y el deber de defender a sus nacionales. La estatización deteriora la economía del país. Tanto los empresarios nacionales como los extranjeros se sienten desanimados e intimidados por la inestabilidad e incertidumbre que hay. Obviamente esto va a afectar a ambos países.
He estado en conversaciones con empresarios de Argentina y creo que los Gobiernos deben manejar el tema adecuadamente. En todo caso, las nacionalizaciones reflejan la vocación controladora de la economía por parte del Estado.
Estoy convencido de que son medidas que demostrarán su inconveniencia y tendrán que ser revertidas.
¿Cuál es el balance de las nacionalizaciones hechas hasta hora?
Ya podemos ver el deterioro del servicio de telefonía, agua y electricidad en todo el país. Se lee a diario en los periódicos sobre los racionamientos de agua y apagones. Son resultado de una gestión cargada de burocracia y corrupción.
Casos anteriores, como el de la industria del papel, aluminio, válvulas, textiles y automotriz -que está paralizada por el control de cambio- revelan esta parálisis.
¿Las nacionalizaciones de la industria del cemento y acero ayudarán a paliar el déficit habitacional, como arguye el Gobierno?
Ambas empresas (Ternium-Sidor y Cemex) son de alta tecnología y líderes a nivel mundial. Si el Gobierno tiene los recursos y quiere incrementar la producción tiene que instalar nuevas plantas para estimular la competencia y propiciar la incorporación de nuevos empresarios.
A un país que tiene un déficit de dos millones de viviendas no se le hace ningún favor con que el Estado pase a controlar dos de sus principales elementos.
Quienes necesiten de estos rubros para construir por su cuenta o con el Estado les ocurrirá lo que a los contratistas de PDVSA: deberán cumplir exigencias y compromisos de todo tipo, incluyendo afinidad ideológica, con el Gobierno.
Entrevista de Fabiola Zerpa, Reforma, 13 de abril.
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