La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de violar el principio de exacta aplicación de la ley penal, al crear una norma confusa con la legalización del aborto.
Ante 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador Eduardo Medina Mora y el Ombudsman nacional José Luis Soberanes expusieron que existen ambigüedades sobre el inicio de la vida y la protección al no nacido después de 13 semanas de concebido.
"La nueva noción de embarazo, contra todo lógica elemental, incluso jurídica, ahora se dice que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, cuando siempre hemos sabido que comienza con la concepción", afirmó Soberanes al exponer sus argumentos sobre la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en abril de 2007, que permite la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
"El tiempo que transcurre de la concepción a la implantación va de 5 a 9 días, y una vez ocurrida la implantación, no se puede determinar médicamente cuándo sucedió", dijo por su parte Medina Mora, "por lo que en un procedimiento se podría decir que el embarazo tiene once semanas y días, y con otro procedimiento, decir que tiene más de doce semanas".
Lo anterior, según la PGR, además de confusión sobre los casos que ameritan sanción penal, genera discriminación, pues el embrión en el último día de la duodécima semana puede ser eliminado sin castigo, pero al día siguiente ya está protegido.
Medina y Soberanes recordaron a la Corte la jurisprudencia que aprobó en 2002, cuando revisó la llamada Ley Robles. En ese caso, ocho ministros sostuvieron que la Constitución protege la vida del producto de la concepción, pero de los ocho, sólo cuatro siguen en la Corte.
Soberanes señaló que la ALDF debió dejar penalizado el aborto, y en su caso, establecer excluyentes de responsabilidad para casos específicos -como en la Ley Robles-, que era el proyecto de ley original reformado a última hora.
Ante 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador Eduardo Medina Mora y el Ombudsman nacional José Luis Soberanes expusieron que existen ambigüedades sobre el inicio de la vida y la protección al no nacido después de 13 semanas de concebido.
"La nueva noción de embarazo, contra todo lógica elemental, incluso jurídica, ahora se dice que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, cuando siempre hemos sabido que comienza con la concepción", afirmó Soberanes al exponer sus argumentos sobre la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en abril de 2007, que permite la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
"El tiempo que transcurre de la concepción a la implantación va de 5 a 9 días, y una vez ocurrida la implantación, no se puede determinar médicamente cuándo sucedió", dijo por su parte Medina Mora, "por lo que en un procedimiento se podría decir que el embarazo tiene once semanas y días, y con otro procedimiento, decir que tiene más de doce semanas".
Lo anterior, según la PGR, además de confusión sobre los casos que ameritan sanción penal, genera discriminación, pues el embrión en el último día de la duodécima semana puede ser eliminado sin castigo, pero al día siguiente ya está protegido.
Medina y Soberanes recordaron a la Corte la jurisprudencia que aprobó en 2002, cuando revisó la llamada Ley Robles. En ese caso, ocho ministros sostuvieron que la Constitución protege la vida del producto de la concepción, pero de los ocho, sólo cuatro siguen en la Corte.
Soberanes señaló que la ALDF debió dejar penalizado el aborto, y en su caso, establecer excluyentes de responsabilidad para casos específicos -como en la Ley Robles-, que era el proyecto de ley original reformado a última hora.
Nota de Vïctor Fuentes, Reforma, 12 de abril.
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