Comandan funcionarios de Oaxaca bandas de secuestradores: CNDH

El secuestro de indocumentados, principalmente en zonas de flujo migratorio, se ha convertido en un delito recurrente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y a veces, como en casos como el de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, los jefes de las bandas especializadas en este tipo de plagios, son servidores públicos, comandantes y policías municipales.

Mauricio Farah, titular de la Quinta Visitaduría de la CNDH —la encargada de temas migratorios— dice a Crónica que estos grupos delictivos operan de manera especial en estados como Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Al menos son de estas entidades de donde provienen las quejas investigadas en la actualidad por la Comisión.

“El secuestro de migrantes es una actividad delictiva que se está repitiendo cada vez con mayor frecuencia, y nos preocupa porque hay indicios de que la participación de autoridades ya no es sólo permisiva, sino de colusión con las bandas”, señala Farah.

El modus operandi es similar en casi todos los casos: observar a las victimas, perseguirlas y plagiarlas, lo que resulta más fácil para los policías cuyo anzuelo es preguntar por el estatus migratorio de las personas. Secuestros que lo mismo son individuales que colectivos.

Ya en casas de seguridad se practican torturas y amenazas. El objetivo es descubrir el destino de los migrantes y la existencia de familiares o amigos en Estados Unidos a quienes se les exigirá el rescate. Por lo regular, el cobro se hace vía empresas dedicadas al envío de dinero desde territorio estadunidense.

Así ocurrió en Ciudad Ixtepec…
Eran las 5 de la mañana del 10 de enero, cuando un grupo de ocho sujetos armados asaltó el furgón del tren donde dormían 12 indocumentados guatemaltecos: cuatro niños, tres mujeres y cinco hombres.

Entre golpes y empujones, los obligaron a subirse a una camioneta tipo Suburban con placas del estado de Tamaulipas.

No fueron las autoridades las que iniciaron la investigación, sino un grupo de alrededor de 40 centroamericanos encabezados por el padre Alejandro Solalinde Guerra. Se armaron con palos, machetes y piedras en busca de sus compañeros, preguntando a vecinos y comerciantes.

En plena calle fueron detenidos por policías municipales… Se les torturó, se les golpeó y encarceló, y hasta se les acusó de alterar el orden público y de conformar una banda de delincuentes.

Pero lo ocurrido fue informado a la Procuraduría General de la República y a la CNDH.
Se supo después que en el secuestro estaban involucrados dos policías de la localidad así como el comandante de la corporación municipal: Pedro Flores Narváez.

Se encontraron casas de seguridad, fotografías de secuestrados, directorios con diferentes nombres y teléfonos celulares, credenciales de elector del estado de Tamaulipas y recibos de cobro de la empresa Western Unión.

“Se les secuestra para pedir un rescate a sus familiares o amigos en Estados Unidos; los delincuentes saben que los migrantes no traen dinero, pero que en el otro lado los están esperando con muchos recursos”, señala Farah.

La incongruencia. El Visitador calcula que en México hay un flujo migratorio anual de alrededor de 400 mil centroamericanos. Tan solo en 2005, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 245 mil aseguramientos, el pico más alto registrado en los últimos años.

Asegura que la verificación de la calidad migratoria da origen a todas las violaciones: maltrato, agresión, extorsión, robo y ahora secuestro.

“En nuestro país hay una incongruencia entre los reclamos que se hacen a favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y entre la legislación mexicana y el proceder de las autoridades para con los migrantes, principalmente centroamericanos”.

Refiere que la ley criminaliza y penaliza hasta con dos años al indocumentado. “Por eso desde el 2006 la Comisión pidió a los legisladores que derogaran esta normatividad. En la Cámara de Diputados ya se aprobó la derogación y, ahora, el asunto se encuentra parado en el Senado”.

Con la legislación actual, “el migrante es muy vulnerable, se da pie a violaciones y delitos por parte de la autoridad. A pesar de que sólo el INM y la Policía Federal Preventiva son los entes facultados para detener indocumentados, cualquier autoridad lo lleva a cabo, en cualquier nivel de gobierno. Nos escandalizamos de lo que pasa en Estados Unidos, pero aquí se amenaza, extorsiona y secuestra a migrantes todos los días”.

De ahí que proponga no sólo reformar la Ley General de Población, sino formular una ley específica en la materia congruente con los instrumentos internacionales que el país ha signado.

Nota de Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 20 de abril.