Con modificaciones a una decena de leyes, la reforma energética que se presentará (quizá el próximo jueves) permitirá a Pemex, en un lapso de cinco años y de manera gradual, poder realizar sus propias inversiones mediante “Contratos de Servicios Ampliados”, con los que abrirá prácticamente toda la contratación a la iniciativa privada sin atenerse a los candados de las leyes de Adquisiciones y Obras.
La propuesta que se entregará al Senado no contiene nada sobre contratos de riesgo, asociación o participación de capital privado en las utilidades petroleras.
De acuerdo con el proyecto construido hasta ayer, Pemex operará con un secretariado de nueve miembros, “figuras de prestigio”, aunque todavía se estudia si pasan a ratificación del Senado y si el número de reduce a siete.
El Comité de Auditoría tendrá la responsabilidad de aplicar todos los controles de transparencia para hacer de Pemex una empresa productiva.
Será, de aprobarse la iniciativa, la primera vez que la empresa quede sujeta a un órgano de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, en vez de que Hacienda y otras dependencias federales le den o no permiso.
Legisladores consultados confirmaron que se dota a Pemex de autonomía de gestión, pero no inmediata, sino gradual, lo cual dependerá del cumplimiento de las metas que fije el Consejo del Petróleo. La autonomía, dice la propuesta, le permitirá a Pemex decidir no sólo inversiones, sino contratación de deuda.
“La intención es instaurar un régimen de transición, para que no impacte de golpe en las finanzas públicas”, dijeron los consultados.
Según los implicados en el documento, la iniciativa cancela toda posibilidad de contratos de riesgo, pues se establece claramente que Pemex será “el patrón” y el Estado el dueño del petróleo y no se comprometerá la renta petrolera, pues no habrá pagos con porcentajes del crudo a los inversionistas.
Los pagos a la iniciativa privada dependerán de su desempeño, es decir, los inversionistas concursarán bajo licitación para obtener los contratos de servicios ampliados y, si no cumplen, serían sancionados pero, si entregan las obras en menos tiempo, habrá “estímulos” a los contratistas.
La intención es que el empresario acepte que se le pague por pozo que produzca, no por servicio otorgado, y será aplicable para cualquier tipo de perforación: en tierra, en aguas someras, profundas o litorales, lo cual será decidido por el Consejo del Petróleo.
La apuesta siguen siendo las aguas profundas, pero al régimen fiscal será más benévolo para pagar menos impuestos en los pozos viejos, que es donde se espera menos rentabilidad.
Todavía ayer, los legisladores continuaban la revisión del proyecto de borrador que se consultó por la tarde con la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Aunque no hay fecha de presentación en las Cámaras, se confirmó que existe preocupación porque los tiempos “ya están muy apretados” y se necesitará trabajar en conferencia, diputados y senadores, para intentar discutirla en lo que resta de las tres semanas de periodo ordinario.
En el proyecto trabajado, se hace notar que la tendencia mundial es que cada vez es más difícil encontrar yacimientos, por lo que se deberá fortalecer la empresa estatal, como ocurre ya en Rusia y Brasil y en el 90 por ciento de la producción mundial de crudo, que es de propiedad de los Estados.
Por ello, México debe trabajar bajo un directorado con la creación del Consejo del Petróleo, integrado por especialistas que serán figuras de prestigio y probidad excepcionales. Asimismo, se propone modificar el Consejo de Administración de Pemex y transformarlo en el Comité de Auditoría, con al menos cuatro integrantes que serán independientes, sin conflictos de interés con el gobierno, o con la iniciativa privada.
Según la propuesta, el sindicato sí tendría representación en el Consejo, pero su contrato no será modificado, salvo en el rubro de pensiones, que cambiará, aunque sin llegar a ser como el del ISSSTE.
Entre los controles de transparencia, se prevé modificar entre 7 y 10 leyes secundarias, entre ellas la de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Derechos, Ley de Obra, Ley de Adquisiciones y la Ley Reglamentaria al 27 constitucional.
En refinerías, se descartó el esquema de Deer Park, donde van en comisiones por porcentaje de gasolina refinada, para privilegiar que Pemex construya sus propias refinerías, en suelo mexicano y sea el dueño del combustible producido.
Por lo que toca al debate nacional que propuso el Frente Amplio Progresista, se trabaja en la Junta de Coordinación Política para que ocurra con una duración “razonable” a partir de un listado consensuado entre las bancadas.
Por parte de Acción Nacional, se dijo que no hay veto para nadie y que, aunque no es especialista, podrá participar Andrés Manuel López Obrador con un interlocutor, que podría ser el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles.
- Claves
Datos relevantes
• La iniciativa cancela toda posibilidad de contratos de riesgo, pues establece claramente que Pemex será “el patrón” y el Estado el dueño del petróleo, y no se comprometerá la renta petrolera, pues no habrá pagos con porcentajes del crudo a inversionistas.
• Los pagos a la iniciativa privada dependerán de su desempeño. Los empresarios concursarán bajo licitación para obtener los contratos de servicios ampliados y, si no cumplen, serían sancionados, pero si entregan las obras en menos tiempo, habrá “estímulos” a los contratistas
La propuesta que se entregará al Senado no contiene nada sobre contratos de riesgo, asociación o participación de capital privado en las utilidades petroleras.
De acuerdo con el proyecto construido hasta ayer, Pemex operará con un secretariado de nueve miembros, “figuras de prestigio”, aunque todavía se estudia si pasan a ratificación del Senado y si el número de reduce a siete.
El Comité de Auditoría tendrá la responsabilidad de aplicar todos los controles de transparencia para hacer de Pemex una empresa productiva.
Será, de aprobarse la iniciativa, la primera vez que la empresa quede sujeta a un órgano de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, en vez de que Hacienda y otras dependencias federales le den o no permiso.
Legisladores consultados confirmaron que se dota a Pemex de autonomía de gestión, pero no inmediata, sino gradual, lo cual dependerá del cumplimiento de las metas que fije el Consejo del Petróleo. La autonomía, dice la propuesta, le permitirá a Pemex decidir no sólo inversiones, sino contratación de deuda.
“La intención es instaurar un régimen de transición, para que no impacte de golpe en las finanzas públicas”, dijeron los consultados.
Según los implicados en el documento, la iniciativa cancela toda posibilidad de contratos de riesgo, pues se establece claramente que Pemex será “el patrón” y el Estado el dueño del petróleo y no se comprometerá la renta petrolera, pues no habrá pagos con porcentajes del crudo a los inversionistas.
Los pagos a la iniciativa privada dependerán de su desempeño, es decir, los inversionistas concursarán bajo licitación para obtener los contratos de servicios ampliados y, si no cumplen, serían sancionados pero, si entregan las obras en menos tiempo, habrá “estímulos” a los contratistas.
La intención es que el empresario acepte que se le pague por pozo que produzca, no por servicio otorgado, y será aplicable para cualquier tipo de perforación: en tierra, en aguas someras, profundas o litorales, lo cual será decidido por el Consejo del Petróleo.
La apuesta siguen siendo las aguas profundas, pero al régimen fiscal será más benévolo para pagar menos impuestos en los pozos viejos, que es donde se espera menos rentabilidad.
Todavía ayer, los legisladores continuaban la revisión del proyecto de borrador que se consultó por la tarde con la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Aunque no hay fecha de presentación en las Cámaras, se confirmó que existe preocupación porque los tiempos “ya están muy apretados” y se necesitará trabajar en conferencia, diputados y senadores, para intentar discutirla en lo que resta de las tres semanas de periodo ordinario.
En el proyecto trabajado, se hace notar que la tendencia mundial es que cada vez es más difícil encontrar yacimientos, por lo que se deberá fortalecer la empresa estatal, como ocurre ya en Rusia y Brasil y en el 90 por ciento de la producción mundial de crudo, que es de propiedad de los Estados.
Por ello, México debe trabajar bajo un directorado con la creación del Consejo del Petróleo, integrado por especialistas que serán figuras de prestigio y probidad excepcionales. Asimismo, se propone modificar el Consejo de Administración de Pemex y transformarlo en el Comité de Auditoría, con al menos cuatro integrantes que serán independientes, sin conflictos de interés con el gobierno, o con la iniciativa privada.
Según la propuesta, el sindicato sí tendría representación en el Consejo, pero su contrato no será modificado, salvo en el rubro de pensiones, que cambiará, aunque sin llegar a ser como el del ISSSTE.
Entre los controles de transparencia, se prevé modificar entre 7 y 10 leyes secundarias, entre ellas la de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Derechos, Ley de Obra, Ley de Adquisiciones y la Ley Reglamentaria al 27 constitucional.
En refinerías, se descartó el esquema de Deer Park, donde van en comisiones por porcentaje de gasolina refinada, para privilegiar que Pemex construya sus propias refinerías, en suelo mexicano y sea el dueño del combustible producido.
Por lo que toca al debate nacional que propuso el Frente Amplio Progresista, se trabaja en la Junta de Coordinación Política para que ocurra con una duración “razonable” a partir de un listado consensuado entre las bancadas.
Por parte de Acción Nacional, se dijo que no hay veto para nadie y que, aunque no es especialista, podrá participar Andrés Manuel López Obrador con un interlocutor, que podría ser el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles.
- Claves
Datos relevantes
• La iniciativa cancela toda posibilidad de contratos de riesgo, pues establece claramente que Pemex será “el patrón” y el Estado el dueño del petróleo, y no se comprometerá la renta petrolera, pues no habrá pagos con porcentajes del crudo a inversionistas.
• Los pagos a la iniciativa privada dependerán de su desempeño. Los empresarios concursarán bajo licitación para obtener los contratos de servicios ampliados y, si no cumplen, serían sancionados, pero si entregan las obras en menos tiempo, habrá “estímulos” a los contratistas
Nota de Angélica Mercado, Milenio, 8 de abril.
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