Cuestionan eficacia de ley antitrata

A pesar de que México cuenta desde 2007 con una ley que tipifica la trata de personas como delito, la complejidad del fenómeno, la falta de armonización entre las leyes y los escasos espacios para atender a las víctimas dificultan la erradicación de este crimen, advirtieron ayer especialistas.

"La trata de personas es un flagelo que presenta muchas formas. Cambia constantemente y, de ahí la dificultad para investigar, implementar modelos de prevención y las dificultades para sancionar", señaló Víctor Hugo Pérez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el marco del foro "Trata de Personas, Atención y protección a sus Víctimas", efectuado en la Universidad Iberoamericana, el funcionario explicó que el tipo penal de la trata considera ocho conductas a ser sancionadas (promover, solicitar, facilitar, ofrecer, conseguir, trasladar, entregar o recibir a una persona), si éstas se cometen con fines de explotación, utilizando de por medio la violencia, el engaño o el abuso de poder.

"Si no se da la violencia física o sexual, no estaríamos en presencia de delito de trata, sería delito de lenocinio o de tráfico, no necesariamente trata. El sistema penal mexicano no acepta interpretaciones", indicó.

Mauricio Farah, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que hasta el momento únicamente dos estados han legislado contra este delito en sus Códigos Penales, y manifestó que 11 estados ni siquiera hacen mención del fenómeno en su legislación.

"Es necesaria una ley específica en cada una de las entidades federativas, que incluya una visión integral, no nada más una visión penal", manifestó.

Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, expresó que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no es suficiente para combatir el fenómeno, pues todavía carece de reglamento y no tiene presupuesto.

Además, dijo, no existe armonización entre esta ley con las legislaciones de los estados, ni con otras leyes federales que se vinculan.

Nota de Silvia Garduño, Reforma, 24 de abril.


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