El Gobierno del Distrito Federal (GDF) buscará coordinarse con autoridades federales a fin de que la Ley Federal de Seguridad Privada no obstruya la aplicación de las disposiciones que establece la legislación local en la materia y así evitar situaciones como la de la empresa Eulen, que presta este tipo de servicio en el aeropuerto capitalino sin tener el permiso correspondiente de las autoridades de la ciudad de México.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF), Joel Ortega, cabildeará con diputados federales una reforma a esa legislación a fin de que los requisitos para el funcionamiento de las empresas de seguridad privada sean equiparables a las que señala la normatividad del DF.
Luego de la votación dividida de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que terminó validando la ley federal por un voto de diferencia en la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Un análisis comparativo de ambas leyes, realizado por el gobierno de la ciudad, establece 10 diferencias sustanciales que hacen más laxa la normatividad federal, comenzando con la misma autorización, ya que la ley federal (artículo 16) se refiere únicamente a la prestación de servicios de seguridad privada, mientras la local (artículo 3) distingue entre las empresas o personas que realizan actividades de seguridad privada para satisfacer una necesidad propia, de aquellas que se constituyen exclusivamente para dar el servicio a terceros.
El documento advierte que la vigencia de la ley federal provoca una duplicidad normativa que es causa potencial para obstruir el correcto desempeño de las autoridades locales, particularmente en aspectos como el acopio de información para la actualización del Registro de la Seguridad Privada de la secretaría del ramo capitalina, incluso para el Registro Nacional de Seguridad Pública que dispone la ley general, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF), Joel Ortega, cabildeará con diputados federales una reforma a esa legislación a fin de que los requisitos para el funcionamiento de las empresas de seguridad privada sean equiparables a las que señala la normatividad del DF.
Luego de la votación dividida de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que terminó validando la ley federal por un voto de diferencia en la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Un análisis comparativo de ambas leyes, realizado por el gobierno de la ciudad, establece 10 diferencias sustanciales que hacen más laxa la normatividad federal, comenzando con la misma autorización, ya que la ley federal (artículo 16) se refiere únicamente a la prestación de servicios de seguridad privada, mientras la local (artículo 3) distingue entre las empresas o personas que realizan actividades de seguridad privada para satisfacer una necesidad propia, de aquellas que se constituyen exclusivamente para dar el servicio a terceros.
El documento advierte que la vigencia de la ley federal provoca una duplicidad normativa que es causa potencial para obstruir el correcto desempeño de las autoridades locales, particularmente en aspectos como el acopio de información para la actualización del Registro de la Seguridad Privada de la secretaría del ramo capitalina, incluso para el Registro Nacional de Seguridad Pública que dispone la ley general, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nota de Ángel Bolaños Sánchez, La Jornada, 6 de abril.
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