En su recinto alterno de la Torre del Caballito, el Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que precisa las causales por las que se puede declarar la nulidad de elecciones presidenciales, para diputados federales y senadores.
La crisis por la que atraviesa el Congreso obligó a que esa reforma, que deberá regir en las próximas elecciones intermedias de 2009, se haya dictaminado a toda prisa ayer mismo por la mañana y votado horas más tarde por PRI, PAN y Verde Ecologista.
No se incluyeron las observaciones fundamentales que hizo el PRD por conducto del senador Arturo Núñez a fin de que se incluyeran como causales de nulidad en elecciones federales el rebasar el tope de campaña, la existencia de dinero ilegítimo y la inequidad en la contienda.
Durante la reunión de comisiones dictaminadoras participaron legisladores del Frente Amplio Progresista, entre ellos, el senador Arturo Núñez, quien insistió en que la legislación está incompleta si no establece como causa para nulificar una elección los financiamientos ilegales e ilegítimos.
Para salvar esa dificultad, se acordó aprobar la Ley General de Medios de Impugnación y volver a legislar después en un periodo extraordinario, antes del 30 de junio, para que puedan ser aplicadas en el trabajo electoral de 2009.
Durante la sesión, el senador del PAN Ricardo García Cervantes hizo público ese compromiso de “salirle al paso al dinero ilegítimo y a las condiciones de inequidad en las elecciones”.
Ya que, explicó, cuando entra el financiamiento “por debajo de la mesa” y se violentan los topes de campaña, se genera la inequidad en la contienda.
García Cervantes reconoció que los dos casos debieran considerarse para anular alguna elección, sobre todo cuando la causal de nulidad abstracta se eliminó de la Constitución.
El panista reconoció que no encontraron la fórmula para evitar el uso indebido e ilegal de recursos y programas públicos en beneficio de algún candidato, y que por ello la opción es modificar posteriormente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de establecer de manera más clara el ejercicio de la acción penal en contra de los que incurran en estas prácticas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, recalcó que en el debate, durante la reunión de comisiones, participaron todas las fuerzas políticas y decidieron aprobar en esos términos la Ley General de Medios de Impugnación, como una seguridad jurídica para enfrentar las próximas elecciones en tiempo y evitar que se quedara sin sustento la ley secundaria derivada de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado.
La ley que ayer se aprobó, junto con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que se podrá declarar nula la elección presidencial cuando se presenten irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas.
De acuerdo con la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá formular la declaratoria de nulidad de la elección “cuando existan violaciones sustanciales en la jornada electoral”.
Ambas reformas fueron aprobadas con 75 votos en favor y ninguno en contra, y fueron turnadas de inmediato a la Cámara de Diputados para su ratificación.
La crisis por la que atraviesa el Congreso obligó a que esa reforma, que deberá regir en las próximas elecciones intermedias de 2009, se haya dictaminado a toda prisa ayer mismo por la mañana y votado horas más tarde por PRI, PAN y Verde Ecologista.
No se incluyeron las observaciones fundamentales que hizo el PRD por conducto del senador Arturo Núñez a fin de que se incluyeran como causales de nulidad en elecciones federales el rebasar el tope de campaña, la existencia de dinero ilegítimo y la inequidad en la contienda.
Durante la reunión de comisiones dictaminadoras participaron legisladores del Frente Amplio Progresista, entre ellos, el senador Arturo Núñez, quien insistió en que la legislación está incompleta si no establece como causa para nulificar una elección los financiamientos ilegales e ilegítimos.
Para salvar esa dificultad, se acordó aprobar la Ley General de Medios de Impugnación y volver a legislar después en un periodo extraordinario, antes del 30 de junio, para que puedan ser aplicadas en el trabajo electoral de 2009.
Durante la sesión, el senador del PAN Ricardo García Cervantes hizo público ese compromiso de “salirle al paso al dinero ilegítimo y a las condiciones de inequidad en las elecciones”.
Ya que, explicó, cuando entra el financiamiento “por debajo de la mesa” y se violentan los topes de campaña, se genera la inequidad en la contienda.
García Cervantes reconoció que los dos casos debieran considerarse para anular alguna elección, sobre todo cuando la causal de nulidad abstracta se eliminó de la Constitución.
El panista reconoció que no encontraron la fórmula para evitar el uso indebido e ilegal de recursos y programas públicos en beneficio de algún candidato, y que por ello la opción es modificar posteriormente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de establecer de manera más clara el ejercicio de la acción penal en contra de los que incurran en estas prácticas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, recalcó que en el debate, durante la reunión de comisiones, participaron todas las fuerzas políticas y decidieron aprobar en esos términos la Ley General de Medios de Impugnación, como una seguridad jurídica para enfrentar las próximas elecciones en tiempo y evitar que se quedara sin sustento la ley secundaria derivada de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado.
La ley que ayer se aprobó, junto con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que se podrá declarar nula la elección presidencial cuando se presenten irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas.
De acuerdo con la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá formular la declaratoria de nulidad de la elección “cuando existan violaciones sustanciales en la jornada electoral”.
Ambas reformas fueron aprobadas con 75 votos en favor y ninguno en contra, y fueron turnadas de inmediato a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Nota de Andrea Becerril y Vïctor Ballinas, La Jornada, 22 de abril.
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