Frenan abuso de un sheriff

CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Un grupo de familias y organizaciones defensoras de los migrantes de Chaparral, Nuevo México, se anotaron un triunfo legal contra el departamento del sheriff del condado de Otero, del que lograron la promesa de ya no acosar a los residentes para que demuestren que viven legalmente en Estados Unidos.

La demanda fue presentada en 2007 por familias de Chaparral, al sur de Nuevo México, contra el sheriff del condado de Otero, quien fue acusado de cometer actividades antiinmigrantes, dijo Peter Simonson, de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Explicó que las acusaciones de abuso de poder fueron interpuestas por las familias afectadas y se han retirado después de que el sheriff de Otero aceptó analizar la política que maneja su corporación de cuestionar sobre el estatus migratorio a los residentes.

En el acuerdo escrito se define que el sheriff de ese condado únicamente enfocará su atención en proteger a la comunidad y no acosarla por ser migrante, legal o ilegal, por lo que los alguaciles de ese departamento ya no pueden investigar, ni pueden hacer preguntas acerca del estatus de inmigración de los habitantes de la zona, dijo Simonson.

Comentó que a pesar de haber obtenido esta victoria, la organización seguirá monitoreando las actividades del sheriff de Otero, para prevenir más redadas. También señaló que la resolución servirá de ejemplo en otros condados con el mismo problema.

Además, el sheriff se comprometió a pagar por los gastos legales en los que han tenido que incurrir estas familias para presentar la demanda y evitar así que los sigan acosando.

Dudan que se frenen abusos

Miembros de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos de El Paso, Texas, dudan que la resolución detenga por completo los abusos del sheriff. “No estamos seguros de que vayan a cambiar la práctica de pedir documentos”, expresó Fernando García, representante de la citada agrupación.

Comentó que durante 2007, la Red Fronteriza de los Derechos Humanos documentó 57 quejas contra elementos de la Policía de El Paso, Texas, y de poblados en el sureste de Nuevo México, por violar las leyes migratorias al detener indocumentados sin estar autorizados para ello.

Explicó que del total de quejas que han logrado recabar, 33 son contra los alguaciles de los departamentos del sheriff en los condados de Otero, Doña Ana y El Paso, al igual que contra la policía paseña, cuyos elementos se han distinguido por aplicar leyes migratorias, facultad que es exclusiva del gobierno federal y de la Patrulla Fronteriza.

Nota de Luis Carlos Cano, El Universal, 13 de abril.