Inicia la Suprema Corte debates públicos sobre la despenalización del aborto; Medina Mora y Soberanes la equiparan con autorización para matar

Aplicar la Constitución, confirmar sus criterios del pasado y blindarse ante contaminantes externos de carácter ideológico y moral fueron las peticiones de Eduardo Medina-Mora y José Luis Soberanes, titulares de la PGR y de la CNDH, a los ministros de la Suprema Corte.

Esto, en el marco de la primera audiencia pública sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que despenalizan el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación.

Fue la primera audiencia de seis programadas antes de la discusión del pleno. El proyecto está a cargo del ministro Salvador Aguirre Anguiano, considerado de los más conservadores.

"Enfrentamos una difícil y profunda decisión, pero creemos que los espacios abiertos y públicos, son muestra de nuestro compromiso con la imparcialidad", aseguró el ministro-presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Ayer fue el turno de los opositores a la ley, ya vigente en la capita.

"Los legisladores sólo protegieron al ser humano concebido no nacido a partir de la semana trece contada desde la implantación del embrión en el endometrio, lo que lleva la implícita autorización de matar antes de este momento por el simple consentimiento de la madre", acusó Medina-Mora.

"No se quitó pena a una conducta ilícita, se desreguló una conducta ilícita. No estamos ante la pretensión de un aborto seguro, como muchos lo quieren ver, sino ante la instrumentación segura de la muerte del producto de la concepción", dijo Soberanes.

En una sala vacía (pese a que se calificó como pública, no se permitió a la audiencia el ingreso de personas), el Procurador vislumbró que "muchos" pretenderán contaminar el debate "con argumentos ideológicos, filosóficos, morales, religiosos y sociales", pero pidió a los ministros respetar su único mandato: "hacer prevalecer la Constitución sobre todas las cosas". Y advirtió: "Su decisión será parte de su legado".

Afirmó que la reforma aprobada en la Asamblea Legislativa del DF viola tratados internacionales y derechos constitucionales como el de la vida, la igualdad, la no discriminación, la dignidad y la protección y fomento al núcleo familiar.

"El producto de la concepción es persona y, por ello, resulta inadmisible que se autorice la privación de su vida hasta la semana doce. Para ese momento, esta persona ya formó sus órganos principales como cara, oídos, extremidades e, incluso, son visibles ya las uñas de sus dedos; se puede conocer si es niña o niño. Nadie puede dudar que estamos en presencia de un ser humano", enfatizó.

Calificó como "incongruencia legislativa" catalogar como delito un aborto practicado en una institución federal y como un servicio de salud si se hace en un hospital local. Según la Ley General de Salud, citó, es solo al gobierno federal al que le corresponde dictar normas de salubridad.

Reprochó además la violación al derecho a decidir de los médicos obligándolos a practicar lo que lastima su conciencia.

"El pleno tiene que ser contundente en decirle al legislador ordinario que le está prohibido aprobar leyes que permitan y fomenten la privación arbitraria de la vida", solicitó.
Soberanes fue el primero en pasar a tribuna. La despenalización, señaló, es producto de una deficiente técnica legislativa y hasta de errores de redacción que provocan, "por decir lo menos, ambigüedad e incertidumbre".

"En la reforma, la vida no aparece como bien jurídico tutelado en ningún momento del proceso anterior al nacimiento… Con este camino, seguramente después del nacimiento tampoco habrá vida, sino simple existencia, y a nadie parecerá extraño que una nueva regulación indique que se puede prescindir de ella en cualquier momento… La expresión interrupción del embarazo después de las 12 semanas genera inseguridad jurídica: conforme a esa fórmula, todas las cesáreas constituyen delito".

Dijo que las leyes impugnadas se orientan a que el embarazo es solo de la mujer y por ello tiene discrecionalidad: "Carecen de relevancia tanto el padre como el producto".

Sobre lo enarbolado por mujeres en torno al derecho a decidir sobre su cuerpo, comentó: "Así como ese derecho no es limitado por la imposibilidad de disponer del cuerpo de su hermano, tampoco se limita por no poder disponer del de su hijo. El hecho de que su hijo se encuentre dentro de su vientre no le otorga el derecho a disponer de él, pues no se trata de su cuerpo, sino de un ser humano genéticamente distinto a ella".

Solicitó a los ministros "aprovechar la ocasión para confirmar, sin ambages, los criterios en los que han sostenido que la vida tiene protección constitucional desde el momento de la concepción"…

Nota de Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 12 de abril.