La Procuraduría General de la República ya investiga hechos denunciados por el general de división Sergio Aponte Polito, en los que vincula a servidores públicos federales, estatales y municipales con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La dependencia mantiene abiertos al menos siete expedientes relacionados con las cartas entregadas por el militar.
En la averiguación previa A.P./PGR/B.C./TIJ/03/08-M-lll se integró la balacera del 2 de marzo de 2008 en Tijuana, en la que se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias El Abuelo, quien declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la PGJE, dos de sus agentes y un policía municipal, eran los encargados de realizar los plagios y llevarlos a una casa de seguridad custodiada por El Abuelo.
La PGR también investiga el caso de Leocadio Núñez Meza, un policía municipal de Mexicali que antes de suicidarse dijo ser cómplice del primer y segundo comandantes de la Base de Intercepción Aérea de la Procuraduría (conocidos como El Conejo y Cristian), los cuales —acusó— trabajan para la organización de los Arellano Félix. Según él, reciben una cuota mensual de entre 4 y 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles paso durante el traslado de enervantes hacia Estados Unidos.
Otra de las investigaciones se refiere a lo ocurrido el 18 de diciembre de 2007, cuando se atentó en contra del capitán Jorge Eduardo Montero, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito. Como los autores fueron señalados 11 elementos de seguridad pública municipal, algunos aprehendidos en días posteriores al atentado por tráfico de drogas.
La dependencia mantiene abiertos al menos siete expedientes relacionados con las cartas entregadas por el militar.
En la averiguación previa A.P./PGR/B.C./TIJ/03/08-M-lll se integró la balacera del 2 de marzo de 2008 en Tijuana, en la que se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias El Abuelo, quien declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la PGJE, dos de sus agentes y un policía municipal, eran los encargados de realizar los plagios y llevarlos a una casa de seguridad custodiada por El Abuelo.
La PGR también investiga el caso de Leocadio Núñez Meza, un policía municipal de Mexicali que antes de suicidarse dijo ser cómplice del primer y segundo comandantes de la Base de Intercepción Aérea de la Procuraduría (conocidos como El Conejo y Cristian), los cuales —acusó— trabajan para la organización de los Arellano Félix. Según él, reciben una cuota mensual de entre 4 y 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles paso durante el traslado de enervantes hacia Estados Unidos.
Otra de las investigaciones se refiere a lo ocurrido el 18 de diciembre de 2007, cuando se atentó en contra del capitán Jorge Eduardo Montero, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito. Como los autores fueron señalados 11 elementos de seguridad pública municipal, algunos aprehendidos en días posteriores al atentado por tráfico de drogas.
Nota de Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 27 de abril.
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