Hace cinco años María se embarazó por tercera ocasión; recién separada de su esposo, sin trabajo y un bebé, no quería una responsabilidad más. Así lo hizo saber a su mejor amiga quien de inmediato comenzó a golpearle el vientre hasta hacerla abortar.
“Llegué a un hospital público muy mal, estuve al borde de la muerte. No le reprocho nada a ella y por supuesto no la denuncié, porque lo hizo al comprender mi desesperación”, recuerda María.
A ninguna de las dos se les inició averiguación alguna a pesar de que en ese entonces en la ciudad de México no estaba permitida la interrupción del embarazo por causas sociales.
El caso de María es sólo uno de miles. En la práctica, el aborto en todo el país está despenalizado por lo menos desde hace 15 años.
De acuerdo con las procuradurías y tribunales de cada una de las 32 entidades del país, ni una sola mujer ha sido encarcelada por interrumpir un embarazo no deseado.
Nadie denuncia, esa es la razón principal por la que no se castiga este acto considerado un delito en 30 estados del país (excepto en Yucatán y el Distrito Federal).
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, Emilio Álvarez Icaza, dice que no hay interés por sancionar a quien enfrenta ese hecho, triste en sí mismo.
“Casi nadie denuncia a una mujer que aborta porque todos sabemos el dolor y el sufrimiento por el que pasa. Me parece que hay que ubicar el tema en que la mujer es una víctima”.
La falta de interés en hacer una acusación así es por el cambio de mentalidad de la sociedad al paso del tiempo, dice Renato Sales Heredia, quien en la pasada administración fue subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales del Distrito Federal.
“Cuando una norma es inútil, no tiene sentido que esté presente en el Código Penal de cualquier entidad, porque ¿cuál es el objetivo de una norma penal? Pues crear conciencia de que no se debe cometer, pero si la norma no sirve para nada entonces para qué mantenerla”, dice quien en su papel de perseguidor de la delincuencia no tuvo conocimiento de la detención de una sola abortista.
María del Carmen Peralta Vaqueiro, una de las diputadas de la ciudad de México que estuvo contra la reforma para despenalizar el aborto en el Distrito Federal, deplora que antes no se aplicara la ley y que ahora se permita interrumpir un embarzo no deseado.
“No es un asunto de moral sino que si una situación está penada, debe sancionarse. No se requiere sólo prohibir el aborto o legalizarlo sino promover políticas públicas para fortalecer conductas de sexualidad responsable”, indica la integrante del Partido Verde Ecologista de México.
Letra muerta
Más allá de los comentarios en favor o en contra, la realidad es que el aborto como un acto penado es letra muerta.
La Suprema Corte revisa la legalidad de la nueva ley que permite el aborto en la ciudad de México por razones de “proyecto de vida” de las mujeres, para lo cual pidió los informes de personas sancionadas por este delito en cada entidad.
Las cifras revelaron que no se aplicó la norma en los últimos tres lustros a mujer alguna, ni a otra persona que lo haya cometido de manera intencional.
El único resultado de la prohibición fue la clandestinidad.
Los legisladores capitalinos despenalizaron el aborto, entre otras cosas, porque entre 2005 y 2006 se efectuaron unos 28 mil abortos clandestinos en la ciudad de México.
Lo peor es que 70% de ellas no sabían que podían abortar legalmente en un hospital público por haber sido víctimas de violación, porque el feto tenía una malformación o debido a que la vida de la madre estaba en riesgo.
Terminaron en una clínica clandestina.
De haber sido encarceladas las capitalinas que abortaron de manera ilegal, tan sólo de 2005 a 2007, 2 mil 920 mujeres habrían saturado la cárcel femenil del Distrito Federal, con capacidad para mil 608 presas.
Estimaciones de organizaciones civiles como Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) indican que la práctica del aborto en el país oscila entre los 850 mil y 2 millones anuales, en los cuales pierden la vida unas mil 500 mujeres.
Según la policía capitalina, antes de que entrara en vigor la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cada mes se registraba por lo menos un caso de aborto clandestino en el que los restos fetales eran encontrados en la vía pública y por los que tampoco hubo sanciones ya que no se sabía quién era responsable.
Disminuye la práctica clandestina en adultos
Hoy se estima que la incidencia de abortos en clínicas clandestinas disminuyó en la población adulta, no así en adolescentes que carecen del apoyo de sus padres o una persona mayor que las acompañe a un hospital gubernamental para ser intervenidas, como lo marca el procedimiento.
Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, comenta que a casi un año de entrar en vigor la reforma en la materia, la mayoría de las mujeres atendidas en los hospitales gubernamentales, “vinieron ya con la decisión tomada de interrumpir su embarazo e indicaron que lo iban hacer con ley o sin ella”.
“Llegué a un hospital público muy mal, estuve al borde de la muerte. No le reprocho nada a ella y por supuesto no la denuncié, porque lo hizo al comprender mi desesperación”, recuerda María.
A ninguna de las dos se les inició averiguación alguna a pesar de que en ese entonces en la ciudad de México no estaba permitida la interrupción del embarazo por causas sociales.
El caso de María es sólo uno de miles. En la práctica, el aborto en todo el país está despenalizado por lo menos desde hace 15 años.
De acuerdo con las procuradurías y tribunales de cada una de las 32 entidades del país, ni una sola mujer ha sido encarcelada por interrumpir un embarazo no deseado.
Nadie denuncia, esa es la razón principal por la que no se castiga este acto considerado un delito en 30 estados del país (excepto en Yucatán y el Distrito Federal).
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, Emilio Álvarez Icaza, dice que no hay interés por sancionar a quien enfrenta ese hecho, triste en sí mismo.
“Casi nadie denuncia a una mujer que aborta porque todos sabemos el dolor y el sufrimiento por el que pasa. Me parece que hay que ubicar el tema en que la mujer es una víctima”.
La falta de interés en hacer una acusación así es por el cambio de mentalidad de la sociedad al paso del tiempo, dice Renato Sales Heredia, quien en la pasada administración fue subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales del Distrito Federal.
“Cuando una norma es inútil, no tiene sentido que esté presente en el Código Penal de cualquier entidad, porque ¿cuál es el objetivo de una norma penal? Pues crear conciencia de que no se debe cometer, pero si la norma no sirve para nada entonces para qué mantenerla”, dice quien en su papel de perseguidor de la delincuencia no tuvo conocimiento de la detención de una sola abortista.
María del Carmen Peralta Vaqueiro, una de las diputadas de la ciudad de México que estuvo contra la reforma para despenalizar el aborto en el Distrito Federal, deplora que antes no se aplicara la ley y que ahora se permita interrumpir un embarzo no deseado.
“No es un asunto de moral sino que si una situación está penada, debe sancionarse. No se requiere sólo prohibir el aborto o legalizarlo sino promover políticas públicas para fortalecer conductas de sexualidad responsable”, indica la integrante del Partido Verde Ecologista de México.
Letra muerta
Más allá de los comentarios en favor o en contra, la realidad es que el aborto como un acto penado es letra muerta.
La Suprema Corte revisa la legalidad de la nueva ley que permite el aborto en la ciudad de México por razones de “proyecto de vida” de las mujeres, para lo cual pidió los informes de personas sancionadas por este delito en cada entidad.
Las cifras revelaron que no se aplicó la norma en los últimos tres lustros a mujer alguna, ni a otra persona que lo haya cometido de manera intencional.
El único resultado de la prohibición fue la clandestinidad.
Los legisladores capitalinos despenalizaron el aborto, entre otras cosas, porque entre 2005 y 2006 se efectuaron unos 28 mil abortos clandestinos en la ciudad de México.
Lo peor es que 70% de ellas no sabían que podían abortar legalmente en un hospital público por haber sido víctimas de violación, porque el feto tenía una malformación o debido a que la vida de la madre estaba en riesgo.
Terminaron en una clínica clandestina.
De haber sido encarceladas las capitalinas que abortaron de manera ilegal, tan sólo de 2005 a 2007, 2 mil 920 mujeres habrían saturado la cárcel femenil del Distrito Federal, con capacidad para mil 608 presas.
Estimaciones de organizaciones civiles como Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) indican que la práctica del aborto en el país oscila entre los 850 mil y 2 millones anuales, en los cuales pierden la vida unas mil 500 mujeres.
Según la policía capitalina, antes de que entrara en vigor la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cada mes se registraba por lo menos un caso de aborto clandestino en el que los restos fetales eran encontrados en la vía pública y por los que tampoco hubo sanciones ya que no se sabía quién era responsable.
Disminuye la práctica clandestina en adultos
Hoy se estima que la incidencia de abortos en clínicas clandestinas disminuyó en la población adulta, no así en adolescentes que carecen del apoyo de sus padres o una persona mayor que las acompañe a un hospital gubernamental para ser intervenidas, como lo marca el procedimiento.
Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, comenta que a casi un año de entrar en vigor la reforma en la materia, la mayoría de las mujeres atendidas en los hospitales gubernamentales, “vinieron ya con la decisión tomada de interrumpir su embarazo e indicaron que lo iban hacer con ley o sin ella”.
Nota de Claudia Bolaños, El Universal, 13 de abril.
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