Televisión Azteca advirtió que solicitará amparo contra cualquier medida que tome el IFE para intentar obligarle a transmitir los spots de los partidos políticos, aunque aclaró que con la autoridad electoral "no tenemos el más mínimo problema".
En proceso la solicitud de protección de la justicia federal ante la reforma al Cofipe, la televisora del Ajusco aseveró que los cambios a la ley van en contra de los principios y libertades consignados en la Constitución al prohibir a diversos actores sociales manifestar sus ideas políticas y proponer mejores formas de gobierno.
"Cuando un juez determine quién tiene la razón y resuelva, entonces acataremos el resultado", enfatizó Luis Niño de Rivera, vocero de TV Azteca, y explicó a El Economista el fondo de la decisión de la empresa de no difundir desde el pasado 12 de marzo los pautados que pretendía entregarle el Instituto Federal Electoral.
Y también ofreció argumentos para aclarar que los 17 mensajes contratados por el Frente Amplio Progresista (FAP) de ninguna manera violan la ley, porque "no es un partido político y está reconocido por el IFE, dentro del artículo 93 del Cofipe, como una organización que reúne a personas y fuerzas políticas con objetivos comunes.
El comunicador puntualizó que la reforma electoral partió de supuestos falsos, porque los legisladores dijeron que implicaría un ahorro de más de 600 millones de pesos al utilizar un espacio en medios que no cuesta y anteayer el IFE solicita 1,453 millones de ampliación presupuestal, más del doble de lo que decían iba a ahorrarse.
La segunda falacia, anotó, es que los cambios no iban en contra de la libertad de expresión y "lo primero que sucede cuando el FAP contrata es que se le quieren echar encima y también a la empresa".
A su juicio, está perfectamente dentro de la ley porque no es con fines electorales, sino que la energía es un tema que atañe a la sociedad, a la economía, a la política, al movimiento sindical y a la autonomía petrolera del país.
Y la tercera mentira, a juicio de Niño de Rivera, es que los legisladores dijeron que la ley daba mayor equidad a partidos, pero 41 amparos promovidos hasta ahora contra el Cofipe incluyen a pequeñas fuerzas políticas que se sienten marginadas.
En proceso la solicitud de protección de la justicia federal ante la reforma al Cofipe, la televisora del Ajusco aseveró que los cambios a la ley van en contra de los principios y libertades consignados en la Constitución al prohibir a diversos actores sociales manifestar sus ideas políticas y proponer mejores formas de gobierno.
"Cuando un juez determine quién tiene la razón y resuelva, entonces acataremos el resultado", enfatizó Luis Niño de Rivera, vocero de TV Azteca, y explicó a El Economista el fondo de la decisión de la empresa de no difundir desde el pasado 12 de marzo los pautados que pretendía entregarle el Instituto Federal Electoral.
Y también ofreció argumentos para aclarar que los 17 mensajes contratados por el Frente Amplio Progresista (FAP) de ninguna manera violan la ley, porque "no es un partido político y está reconocido por el IFE, dentro del artículo 93 del Cofipe, como una organización que reúne a personas y fuerzas políticas con objetivos comunes.
El comunicador puntualizó que la reforma electoral partió de supuestos falsos, porque los legisladores dijeron que implicaría un ahorro de más de 600 millones de pesos al utilizar un espacio en medios que no cuesta y anteayer el IFE solicita 1,453 millones de ampliación presupuestal, más del doble de lo que decían iba a ahorrarse.
La segunda falacia, anotó, es que los cambios no iban en contra de la libertad de expresión y "lo primero que sucede cuando el FAP contrata es que se le quieren echar encima y también a la empresa".
A su juicio, está perfectamente dentro de la ley porque no es con fines electorales, sino que la energía es un tema que atañe a la sociedad, a la economía, a la política, al movimiento sindical y a la autonomía petrolera del país.
Y la tercera mentira, a juicio de Niño de Rivera, es que los legisladores dijeron que la ley daba mayor equidad a partidos, pero 41 amparos promovidos hasta ahora contra el Cofipe incluyen a pequeñas fuerzas políticas que se sienten marginadas.
Nota de Humberto Ortiz, El Economista, 2 de abril.
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