Una reforma que endurezca los controles a los partidos políticos que hayan permitido el ingreso a sus filas de personas ligadas a los grupos armados ilegales, es la única tabla de salvación para el Congreso colombiano, en medio del escándalo por los lazos entre senadores y diputados con los paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Y es que el escándalo es mayúsculo si se tiene en cuenta que de los 268 congresistas (102 senadores y 166 representantes), 51 se encuentran investigados por sus contactos con paramilitares, 30 tienen aseguramiento y tres se acogieron a sentencia anticipada.
La cifra va subiendo y hace recordar la sentencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien en 2003, al comienzo de las negociaciones de paz con el presidente Álvaro Uribe, aseguró que 35 por ciento de las curules del Congreso las habían obtenido dirigentes políticos que tenían algún grado de afinidad con las AUC. Una afirmación que luego desmintió al afirmar que hablaba de que éstos habían sido elegidos en sus “zonas de influencia”.
Dentro del proyecto de reforma que inicia su trámite en el Congreso se contempla la iniciativa del senador Roy Barreras, denominada “la silla vacía”. Esta consiste en que una vez la Corte Suprema de Justicia ordene la captura de un senador o representante por sus contactos con las AUC, pierda de forma automática su curul.
La medida, aseguró el parlamentario del movimiento Cambio Radical, sería la sanción más eficiente contra los partidos que se dejaron permear por los llamados parapolíticos. De aplicarse, dijo Barreras, habría en el Senado 15 sillas vacías y ocho partidos sancionados. Lo paradójico es que la colectividad más afectada sería la que él representa, pues 10 senadores y representantes de ese movimiento están investigados por sus lazos con las AUC (ocho de ellos están presos).
La propuesta es considerada como inconstitucional por dirigentes del Partido Liberal (de oposición) y el Conservador, porque creen que se estaría violando el derecho al debido proceso. “El hecho de que una persona sea vinculada al proceso y capturada no quiere decir que vaya a ser condenada. Si se aplica la medida de las sillas vacías, esa sería la primera condena”, indicó el senador Héctor Helí Rojas, vocero liberal.
Pero este no sería el único problema que se generaría. Según Rojas también quedaría en el aire una sensación de ilegitimidad en el Congreso cuando se voten normas trascendentales para el país. “¿Con qué cara vamos a decir que se aprobó una ley con 25 votos a favor, 15 en contra y 50 sillas vacías?”.
Esa “ilegitimidad” que rodea al Congreso llevó a la senadora Gina Parody a proponer que se dicte una revocatoria y se convoque a nuevas elecciones. Una propuesta que fue considerada en algunas instancias como descabellada, pero que tuvo eco en un grupo de estudiantes del departamento del Valle que comenzaron a recolectar firmas para llamar a un referendo que permita cerrar el legislativo.
Y es que el escándalo es mayúsculo si se tiene en cuenta que de los 268 congresistas (102 senadores y 166 representantes), 51 se encuentran investigados por sus contactos con paramilitares, 30 tienen aseguramiento y tres se acogieron a sentencia anticipada.
La cifra va subiendo y hace recordar la sentencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien en 2003, al comienzo de las negociaciones de paz con el presidente Álvaro Uribe, aseguró que 35 por ciento de las curules del Congreso las habían obtenido dirigentes políticos que tenían algún grado de afinidad con las AUC. Una afirmación que luego desmintió al afirmar que hablaba de que éstos habían sido elegidos en sus “zonas de influencia”.
Dentro del proyecto de reforma que inicia su trámite en el Congreso se contempla la iniciativa del senador Roy Barreras, denominada “la silla vacía”. Esta consiste en que una vez la Corte Suprema de Justicia ordene la captura de un senador o representante por sus contactos con las AUC, pierda de forma automática su curul.
La medida, aseguró el parlamentario del movimiento Cambio Radical, sería la sanción más eficiente contra los partidos que se dejaron permear por los llamados parapolíticos. De aplicarse, dijo Barreras, habría en el Senado 15 sillas vacías y ocho partidos sancionados. Lo paradójico es que la colectividad más afectada sería la que él representa, pues 10 senadores y representantes de ese movimiento están investigados por sus lazos con las AUC (ocho de ellos están presos).
La propuesta es considerada como inconstitucional por dirigentes del Partido Liberal (de oposición) y el Conservador, porque creen que se estaría violando el derecho al debido proceso. “El hecho de que una persona sea vinculada al proceso y capturada no quiere decir que vaya a ser condenada. Si se aplica la medida de las sillas vacías, esa sería la primera condena”, indicó el senador Héctor Helí Rojas, vocero liberal.
Pero este no sería el único problema que se generaría. Según Rojas también quedaría en el aire una sensación de ilegitimidad en el Congreso cuando se voten normas trascendentales para el país. “¿Con qué cara vamos a decir que se aprobó una ley con 25 votos a favor, 15 en contra y 50 sillas vacías?”.
Esa “ilegitimidad” que rodea al Congreso llevó a la senadora Gina Parody a proponer que se dicte una revocatoria y se convoque a nuevas elecciones. Una propuesta que fue considerada en algunas instancias como descabellada, pero que tuvo eco en un grupo de estudiantes del departamento del Valle que comenzaron a recolectar firmas para llamar a un referendo que permita cerrar el legislativo.
Nota de Clara Isabel Vélez en Medellín, Milenio, 15 de abril.
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