CARACAS.— Venezuela recordó ayer el sexto aniversario del fallido golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, con alertas de los batallones “chavistas” — “el pueblo sigue en la calle, ahora rumbo al socialismo”— y exigencias de pequeñas agrupaciones opositoras para vencer la impunidad y castigar a los culpables de violar los derechos humanos en los sangrientos sucesos de abril de 2002.
Los batallones del poderoso socialismo criollo ocuparon ayer céntricas zonas de Caracas para recordar la frustrada maniobra golpista que, durante unas 48 horas entre el 11 y el 13 de abril de aquel año, derrocó al gobierno constitucional de Chávez, electo por vías democráticas.
Para unos, el 11-A es un triunfo “del pueblo” sobre una conspiración que unió a la oligarquía tradicional, a militares “traidores”, a estratos de la Iglesia Católica y a los gobiernos de Estados Unidos, España y “otros” de América Latina y Europa.
Al insistir en que hubo “una confabulación de oscuros intereses”, el exvicepresidente venezolano José Vicente Rangel —aliado de Chávez y quien fungía como ministro de Defensa en abril del 2002— aseguró ayer que los culpables de los trágicos sucesos fueron los “dueños” de medios de comunicación de Venezuela.
En un acto público en una céntrica vía caraqueña, Rangel reiteró que la conjura fue organizada por la embajada de Estados Unidos en Caracas, bloques económicos, oficiales traidores y células del clero católico, para impulsar la “detención y secuestro” del gobernante.
Durante una violenta sucesión de acontecimientos, los golpistas ordenaron que el presidente fuera encarcelado en una base militar. Pero en una inesperada y espontánea reacción popular, miles de venezolanos se lanzaron a las calles a rechazar la versión de la renuncia y denunciar que el gobernante estaba secuestrado. En cuestión de horas, Chávez regresó triunfante a reasumir su cargo.
“En gran medida lo que ocurrió ese día se debió a la actitud irresponsable como actuaron y también a los grupos económicos que se vieron representados en Pedro Carmona”, subrayó.
En abril de 2002, Carmona presidía la influyente Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), y fue instalado como presidente de la junta de gobierno que depuso a Chávez, aunque luego debió huir al exilio en Colombia, acorralado por la multitud “chavista”. “No me arrodillaré a pedir clemencia”, declaró Carmona, en una entrevista que concedió en Bogotá al semanario Quinto Día de Caracas.
El reclamo contra la impunidad llegó ayer a la Fiscalía General de este país. “La única verdad es que no hay verdad y eso le duele al gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado de Vive, grupo no gubernamental de esta ciudad, al acudir ayer a la Fiscalía a requerir respuestas para los muertos y heridos en ambos bandos por la violencia política que se desató hace seis años. El gobierno, insistió, “no ha querido investigar porque el Estado y muchos de sus funcionarios son responsables de las violaciones de abril de 2002”.
Los batallones del poderoso socialismo criollo ocuparon ayer céntricas zonas de Caracas para recordar la frustrada maniobra golpista que, durante unas 48 horas entre el 11 y el 13 de abril de aquel año, derrocó al gobierno constitucional de Chávez, electo por vías democráticas.
Para unos, el 11-A es un triunfo “del pueblo” sobre una conspiración que unió a la oligarquía tradicional, a militares “traidores”, a estratos de la Iglesia Católica y a los gobiernos de Estados Unidos, España y “otros” de América Latina y Europa.
Al insistir en que hubo “una confabulación de oscuros intereses”, el exvicepresidente venezolano José Vicente Rangel —aliado de Chávez y quien fungía como ministro de Defensa en abril del 2002— aseguró ayer que los culpables de los trágicos sucesos fueron los “dueños” de medios de comunicación de Venezuela.
En un acto público en una céntrica vía caraqueña, Rangel reiteró que la conjura fue organizada por la embajada de Estados Unidos en Caracas, bloques económicos, oficiales traidores y células del clero católico, para impulsar la “detención y secuestro” del gobernante.
Durante una violenta sucesión de acontecimientos, los golpistas ordenaron que el presidente fuera encarcelado en una base militar. Pero en una inesperada y espontánea reacción popular, miles de venezolanos se lanzaron a las calles a rechazar la versión de la renuncia y denunciar que el gobernante estaba secuestrado. En cuestión de horas, Chávez regresó triunfante a reasumir su cargo.
“En gran medida lo que ocurrió ese día se debió a la actitud irresponsable como actuaron y también a los grupos económicos que se vieron representados en Pedro Carmona”, subrayó.
En abril de 2002, Carmona presidía la influyente Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), y fue instalado como presidente de la junta de gobierno que depuso a Chávez, aunque luego debió huir al exilio en Colombia, acorralado por la multitud “chavista”. “No me arrodillaré a pedir clemencia”, declaró Carmona, en una entrevista que concedió en Bogotá al semanario Quinto Día de Caracas.
El reclamo contra la impunidad llegó ayer a la Fiscalía General de este país. “La única verdad es que no hay verdad y eso le duele al gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado de Vive, grupo no gubernamental de esta ciudad, al acudir ayer a la Fiscalía a requerir respuestas para los muertos y heridos en ambos bandos por la violencia política que se desató hace seis años. El gobierno, insistió, “no ha querido investigar porque el Estado y muchos de sus funcionarios son responsables de las violaciones de abril de 2002”.
Nota de José Meléndez, El Universal, 12 de abril.
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