Nueva York, 30 de junio. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó hoy la ley que asigna 400 millones de dólares para asistencia antinarcóticos a México, mediante la Iniciativa Mérida, la cual incluye mecanismos de “consultas” entre el gobierno mexicano y organizaciones de derechos humanos para abordar preocupaciones sobre justicia e impunidad en casos de abusos por parte de policías y militares al sur de la frontera.
El mandatario dijo que la mencionada iniciativa es una de las “prioridades críticas” de Estados Unidos. Al firmar la ley en la Casa Blanca, Bush dijo que los 465 millones de dólares en fondos (400 millones para México y 65 millones para países centroamericanos) son destinados a “una asociación” entre las naciones para combatir las “bandas violentas del narcotráfico”.
Fue la única referencia a la Iniciativa Mérida, ya que está incrustada dentro de una ley cuyo principal objetivo es otorgar 162 mil millones de dólares para financiar la guerra en Irak este año fiscal.
La nueva ley establece que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el narcotráfico y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar los programas del gobierno mexicano para combatir esta amenaza, junto con otros 116.5 millones de “cooperación militar” entre Estados Unidos y México.
Establece que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, debe informar al Congreso sobre el debido uso de estos fondos, incluido un mínimo de 73.5 millones de dólares sólo para reforma judicial, fortalecimiento de instituciones, esfuerzos de lucha contra la corrupción y actividades de régimen de ley.
Un 15 por ciento de los fondos, según esta norma, no serán liberados en espera de que Rice informe por escrito al Congreso que el gobierno de México está estableciendo un mecanismo para “consultas” constantes con grupos de derechos humanos y otras organizaciones civiles “relevantes”, para elaborar recomendaciones sobre la aplicación de la Iniciativa Mérida acordes con las leyes mexicana e internacional. Además, que el gobierno mexicano está mejorando “la transparencia y rendimiento de cuentas de las fuerzas policiacas federales; que se está avanzando en las investigaciones penales de integrantes de esas corporaciones policiacas y militares acusados de violaciones de derechos humanos, y que se está aplicando la prohibición de la tortura”.
El reporte legislativo que acompaña a esta ley –donde el Congreso da instrucciones sobre cómo desea que se gasten los fondos aprobados– establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, y organismos no gubernamentales “para promover el respeto a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas militares”, y expresa particular preocupación por violaciones a garantías realizadas por fuerzas de seguridad pública en Oaxaca –destaca el asesinato del periodista estadunidense Brad Will–, San Salvador Atenco y otros. También incluye financiamiento para un programa de “alfabetización de policías mexicanos”.
Los fondos asignados bajo esta ley son para el primero de los tres años propuestos en la Iniciativa Mérida.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, consideró que con la aprobación de los recursos para la Iniciativa Mérida, “los esfuerzos conjuntos tendrán más éxito en desafiar la amenaza de criminales que operan en nuestra frontera”. Destacó que los presidentes de ambos países y los congresos lograron allanar diferencias en torno al esquema utilizado para la transferencia de esos fondos.
El mandatario dijo que la mencionada iniciativa es una de las “prioridades críticas” de Estados Unidos. Al firmar la ley en la Casa Blanca, Bush dijo que los 465 millones de dólares en fondos (400 millones para México y 65 millones para países centroamericanos) son destinados a “una asociación” entre las naciones para combatir las “bandas violentas del narcotráfico”.
Fue la única referencia a la Iniciativa Mérida, ya que está incrustada dentro de una ley cuyo principal objetivo es otorgar 162 mil millones de dólares para financiar la guerra en Irak este año fiscal.
La nueva ley establece que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el narcotráfico y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar los programas del gobierno mexicano para combatir esta amenaza, junto con otros 116.5 millones de “cooperación militar” entre Estados Unidos y México.
Establece que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, debe informar al Congreso sobre el debido uso de estos fondos, incluido un mínimo de 73.5 millones de dólares sólo para reforma judicial, fortalecimiento de instituciones, esfuerzos de lucha contra la corrupción y actividades de régimen de ley.
Un 15 por ciento de los fondos, según esta norma, no serán liberados en espera de que Rice informe por escrito al Congreso que el gobierno de México está estableciendo un mecanismo para “consultas” constantes con grupos de derechos humanos y otras organizaciones civiles “relevantes”, para elaborar recomendaciones sobre la aplicación de la Iniciativa Mérida acordes con las leyes mexicana e internacional. Además, que el gobierno mexicano está mejorando “la transparencia y rendimiento de cuentas de las fuerzas policiacas federales; que se está avanzando en las investigaciones penales de integrantes de esas corporaciones policiacas y militares acusados de violaciones de derechos humanos, y que se está aplicando la prohibición de la tortura”.
El reporte legislativo que acompaña a esta ley –donde el Congreso da instrucciones sobre cómo desea que se gasten los fondos aprobados– establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, y organismos no gubernamentales “para promover el respeto a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas militares”, y expresa particular preocupación por violaciones a garantías realizadas por fuerzas de seguridad pública en Oaxaca –destaca el asesinato del periodista estadunidense Brad Will–, San Salvador Atenco y otros. También incluye financiamiento para un programa de “alfabetización de policías mexicanos”.
Los fondos asignados bajo esta ley son para el primero de los tres años propuestos en la Iniciativa Mérida.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, consideró que con la aprobación de los recursos para la Iniciativa Mérida, “los esfuerzos conjuntos tendrán más éxito en desafiar la amenaza de criminales que operan en nuestra frontera”. Destacó que los presidentes de ambos países y los congresos lograron allanar diferencias en torno al esquema utilizado para la transferencia de esos fondos.
David Brooks, La Jornada, 1º de julio.
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