El académico, también egresado de la UNAM, cuestionó el que en la iniciativa –que destinará a México 400 millones de dólares en equipos y materiales divesos para combatir al narcotráfico– “no haya reciprocidad, porque es la Casa Blanca y el Congreso de ese país los que están diseñando y aprobando el marco, los recursos y la resolución sobre los fondos otorgados, además de que sólo nosotros seremos evaluados”.
Es lamentable, añadió, que el gobierno mexicano repita errores cometidos en años anteriores en los que llegó a acuerdos con Estados Unidos sin hacer antes un análisis sobre el impacto negativo que tiene para México la aceptación de compromisos sin hacer antes un análisis sobre lo que nos conviene como país.
Comentó que si bien se eliminaron “los condicionamientos más puntillosos”, relacionados con las fuerzas armadas en materia de respeto a derechos humanos y lo que respecta a la reforma judicial, “en lo estructural la ayuda conlleva que el legislativo estadunidense llame a cuentas a la Casa Blanca sobre la evolución de la iniciativa y, cuando lo considere pertinente, realizará exhortos, cuestionamientos y condicionamientos sobre México”, señala el académico, autor del libro La urgente seguridad democrática. La relación de México con Estados Unidos. Asevera también que la iniciativa está ligada a la prioridad estadunidense actual: la guerra preventiva y la seguridad territorial.
–La evaluación de las acciones, ¿en qué rubros y cómo se harán?
–En todas las áreas en las que Estados Unidos asigne presupuesto, y cuando lo considere pertinente intervendrá en el uso y manejo que le den las autoridades mexicanas a dichos recursos. Estados Unidos es una democracia hegemónica en el que la injerencia en terceras naciones es una constante; México no es la excepción.
La estrategia de seguridad nacional e interior estadunidense consiste en vincular esos aspectos a la seguridad territorial; en concordancia con lo anterior, el año pasado se dio a conocer un documento que es compatible con el marco general de la iniciativa, denominado Strategy 2016, del Comando Sur, en el que se detalla que dicha fuerza tiene la misión central de proteger la seguridad territorial estadunidense de amenazas provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica por cualquier vía imaginable.
El Comando Sur tiene previsto escalar su participación en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos, entrar de manera directa en el apoyo a la seguridad interior con un enfoque de “derechos humanos” y “democracia”, como lo “establece la ley estadunidense”, además de que busca vincular su aparato gubernamental en los niveles de seguridad interna, soberanía y cooperación, indica.
La aprobación de la iniciativa coadyuva con este propósito del Comando Sur y de su Estrategia de Seguridad Nacional, añade el especialista, quien concluye: “¿Por qué nada de esto se menciona por parte del gobierno de Felipe Calderón?; ¿dónde esta su plan estratégico de seguridad nacional y política exterior en el nivel de Estado para anticiparse a los riesgos que implica ser evaluados por el Congreso y Ejecutivo estadunidenses?; ¿el Congreso mexicano avalará el que nuestro país se convierta en apéndice de la doctrina de seguridad nacional de Washington?”
Jesús Aranda, La Jornada, 1º de julio.
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