Organizaciones de derechos humanos criticaron ayer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya recomendando a la Procuraduría General de la República la investigación de agresiones de militares contra civiles en operativos.
En entrevista, el director de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, comentó que las instancias civiles deben ser las encargadas de investigar estos hechos y no las autoridades militares.
"La CNDH termina contribuyendo a lo que ha sido el ciclo pernicioso en este tema, que las violaciones de derechos humanos están siendo investigadas y juzgadas por militares, y esto no está garantizando el acceso a la justicia para las víctimas ni la posibilidad efectiva de que haya una sanción a los responsables", planteó Cortez.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que no habrá transparencia ni rendición de cuentas en las pesquisas mientras los responsables sean los propios mandos castrenses.
"Lo menos que podemos exigir los ciudadanos es que haya controles efectivos por parte del Ejército; pero no está sucediendo, mientras sea la justicia militar la que dirima las controversias en donde hay civiles afectados por actos de soldados, y no está habiendo un reconocimiento público de la responsabilidad de estos hechos", subrayó.
Ambos activistas coincidieron en que las ocho recomendaciones que la CNDH envió a la Sedena por violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyen asesinatos, actos de tortura y detenciones ilegales, también tendrían que haberse dirigido al Presidente de la República.
Las dos organizaciones insistieron en que los hechos documentados por la CNDH confirman la necesidad de apartar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
"Viene a robustecer una perspectiva de preocupación y una llamada de atención de una de las consecuencias que esta guerra, como la ha denominado el Ejecutivo, contra el narcotráfico, está teniendo en términos de costos para la sociedad civil", señaló Cortez.
En tanto, las recomendaciones de la CNDH dividieron a los legisladores.
El diputado perredista Juan Guerra condenó las prácticas del Ejército y su desempeño en la lucha antinarco.
"El Ejército está en el peor escenario. Su entrada no ha dado los resultados que se esperaban, no ha tenido la eficacia, están cometiendo violaciones a los derechos humanos y retirarse lo verían como un fracaso", aseguró.
El diputado Gerardo Priego aseguró que si bien es un problema la violación de derechos humanos no existe otra institución con el prestigio y la experiencia para combatir el narcotráfico que no sea el Ejército.
"Coincidimos en la preocupación sobre el tema de derechos humanos, pero estamos precisamente ante la disyuntiva porque también coincidimos en que no hay otra institución en México que tenga el reconocimiento y la credibilidad que tiene el Ejército", dijo el panista.
En entrevista, el director de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, comentó que las instancias civiles deben ser las encargadas de investigar estos hechos y no las autoridades militares.
"La CNDH termina contribuyendo a lo que ha sido el ciclo pernicioso en este tema, que las violaciones de derechos humanos están siendo investigadas y juzgadas por militares, y esto no está garantizando el acceso a la justicia para las víctimas ni la posibilidad efectiva de que haya una sanción a los responsables", planteó Cortez.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que no habrá transparencia ni rendición de cuentas en las pesquisas mientras los responsables sean los propios mandos castrenses.
"Lo menos que podemos exigir los ciudadanos es que haya controles efectivos por parte del Ejército; pero no está sucediendo, mientras sea la justicia militar la que dirima las controversias en donde hay civiles afectados por actos de soldados, y no está habiendo un reconocimiento público de la responsabilidad de estos hechos", subrayó.
Ambos activistas coincidieron en que las ocho recomendaciones que la CNDH envió a la Sedena por violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyen asesinatos, actos de tortura y detenciones ilegales, también tendrían que haberse dirigido al Presidente de la República.
Las dos organizaciones insistieron en que los hechos documentados por la CNDH confirman la necesidad de apartar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
"Viene a robustecer una perspectiva de preocupación y una llamada de atención de una de las consecuencias que esta guerra, como la ha denominado el Ejecutivo, contra el narcotráfico, está teniendo en términos de costos para la sociedad civil", señaló Cortez.
En tanto, las recomendaciones de la CNDH dividieron a los legisladores.
El diputado perredista Juan Guerra condenó las prácticas del Ejército y su desempeño en la lucha antinarco.
"El Ejército está en el peor escenario. Su entrada no ha dado los resultados que se esperaban, no ha tenido la eficacia, están cometiendo violaciones a los derechos humanos y retirarse lo verían como un fracaso", aseguró.
El diputado Gerardo Priego aseguró que si bien es un problema la violación de derechos humanos no existe otra institución con el prestigio y la experiencia para combatir el narcotráfico que no sea el Ejército.
"Coincidimos en la preocupación sobre el tema de derechos humanos, pero estamos precisamente ante la disyuntiva porque también coincidimos en que no hay otra institución en México que tenga el reconocimiento y la credibilidad que tiene el Ejército", dijo el panista.
Margarita Vega y Armando Estrop, Reforma, 12 de julio.
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