Fue a partir de esa fecha cuando México hizo público su rechazo a la redacción del plan bilateral contra el crimen organizado, y en días previos a que el Congreso de Estado Unidos discutiera una vez más el texto de la Iniciativa.
“El papel de la embajada mexicana en Washington y del Congreso mexicano en ese periodo fue fundamental”, dijo Rico, quien incluso detalló que legisladores estadounidenses, principalmente demócratas, pidieron a México opinión acerca del contenido del texto que condicionaba al gobierno en materia de derechos humanos, aplicación de justicia y el pleno respeto al estado de derecho.
El embajador explicó que hubo sensibilidad por parte de los legisladores de ese país al entender las propuestas que México hacía en materia de cooperación contra el crimen organizado, pero con pleno respeto a la soberanía mexicana.
México inició un intenso espacio de consulta, principalmente con los demócratas, para que el texto pudiera ser modificado en términos aceptables y posteriormente aprobado su presupuesto. En entrevista, Carlos Rico reconoció que se logró el reconocimiento del trabajo contra el crimen organizado sobre la base de principios de corresponsabilidad.
La suma del rechazo mexicano, aunado al del gobierno del presidente Bush, así como de la opinión pública tanto mexicana como en Estados Unidos, ayudaron a que los legisladores tuvieran claro cuál era el interés de México en el concepto que expresaba en su conjunto la redacción de la Iniciativa Mérida, señaló.
Aspectos que fueron modificados, como el hecho de que todos lo militares tenían que ser juzgados por tribunales civiles, así como el diálogo con organizaciones no gubernamentales para el respeto de los derechos humanos, fueron zanjados con los legisladores estadounidenses al plantearles que todo este procedimiento se daría en términos constitucionales, finalizó.
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