A la par, el perredista Alejandro Encinas aceptó que la consulta no es vinculatoria y tampoco las autoridades tienen la obligación de reconocer los resultados, pero –dijo- deben ajustarse a la Constitución que establece la obligación del Estado como rector de la economía y desarrollo del país.
“El artículo 26 constitucional establece la obligatoriedad de un sistema de planeación democrática que considera la consulta popular para la elaboración del plan nacional de desarrollo, por lo que en todo caso el gobierno es omiso en sus funciones”, acusó Encinas Rodríguez.
Justino Miranda, corresponsal, El Universal, 25 de julio.
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