WASHINGTON.— Un arduo trabajo diplomático y legislativo entre México y Estados Unidos logró salvar la Iniciativa Mérida cuando a principios del mes pasado hasta los funcionarios más optimistas de ambos gobiernos daban por muerta esta estrategia bilateral antidrogas.
A principios de junio, la Iniciativa Mérida estuvo a punto de naufragar y algunos de los más importantes protagonistas en las negociaciones, como el embajador Arturo Sarhukán y su equipo de negociadores, reconocían ante sus interlocutores en el Congreso estadounidense los signos de la posible derrota.
“Si no hay un cambio en el lenguaje, el gobierno de México no tendrá más remedio que rechazar la ayuda…”, fue la frase que escucharon algunos de los representantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Apropiaciones del Senado de boca de sus interlocutores mexicanos, mientras calibraban la seriedad de la advertencia lanzada por el gobierno de México tras conocerse los términos de la iniciativa aprobada el 22 de mayo por el Senado.
“Fue el momento más difícil y el punto de inflexión de unas negociaciones en las que, al final, nos permitieron promover los cambios y atraer un importante número de votos de los demócratas que controlan ambas cámaras”, recuerdan asesores del Comité de Asuntos Exteriores e integrantes de la delegación mexicana que participaron en negociaciones contrarreloj, para evitar el naufragio de la iniciativa tras ocho meses de intensas gestiones.
En la fase final, fuentes del legislativo han reconocido que los personajes clave para evitar el naufragio y conseguir el apoyo de la mayoría demócrata serían Nita Lowy, presidenta del subcomité de operaciones extranjeras de la cámara baja, y el republicano, Frank Wolfe, del comité de apropiaciones.
Pero, además, Tim Reisert, el asesor del senador demócrata por Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien al final se encargaría de conciliar el lenguaje definitivo de la iniciativa con sus colegas en la Cámara de Representantes, para eliminar los candados que obligaban a México a realizar reformas constitucionales.
A esta labor de convencimiento, se sumarían además algunos congresistas hispanos como Silvestre Reyes, presidente del Comité de Inteligencia de la cámara baja.
Interparlamentaria fue clave
En México, algunos legisladores aseguran que la clave para salvar la Iniciativa Mérida estuvo en la 47 reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, en Monterrey.
Legisladores mexicanos que participaron en esa reunión señalaron que la estrategia para conseguir que los congresistas de Estados Unidos accedieran a cambiar la redacción de la iniciativa, se basó en tender un “puente” y tejer una alianza con congresistas pro México, como Silvestre Reyes.
El diputado Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, explicó que en la encerrona en el Hotel Quinta Real, el domingo 8 de junio, los hombres clave con los que hicieron un cabildeo para ganar terreno y lograr un viraje en la iniciativa, fueron además del representante demócrata Silvestre Reyes, el presidente del Senado estadunidense, Christopher Dodd y la representante demócrata por California, Zoe Lofgren.
A estos congresistas se les convenció con un argumento: se les hizo ver que si no se combate al narcotráfico en ambos países, también se abría un flanco que permitiría actividades de terrorismo, relató Chanona.
“Convencimos a muchos de la necesidad de realizar los cambios”, recordó, Howard Berman, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y promotor de la iniciativa aprobada el 11 de junio, un pronunciamiento político que permitiría allanar el camino de la versión definitiva promulgada ayer por la Casa Blanca.
En la bitácora de las negociaciones figuran más de 500 reuniones entre representantes de la embajada de México y del Congreso y una larga lista de borradores enmendados y modificados que, al final, desembocarían en la versión definitiva negociada in camera entre representantes de ambas cámaras.
En el camino de las negociaciones, las ejecuciones de varios mandos policiales en México jugaron también un papel importante pues sacudieron la conciencia de quienes desde el Congreso de Estados Unidos entendieron, al final, la necesidad de aprobar una Iniciativa que, si bien, no resolvería de la noche a la mañana el problema, si sentaría las bases de un nuevo esquema de corresponsabilidad binacional para combatir a los cárteles de la droga.
A principios de junio, la Iniciativa Mérida estuvo a punto de naufragar y algunos de los más importantes protagonistas en las negociaciones, como el embajador Arturo Sarhukán y su equipo de negociadores, reconocían ante sus interlocutores en el Congreso estadounidense los signos de la posible derrota.
“Si no hay un cambio en el lenguaje, el gobierno de México no tendrá más remedio que rechazar la ayuda…”, fue la frase que escucharon algunos de los representantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Apropiaciones del Senado de boca de sus interlocutores mexicanos, mientras calibraban la seriedad de la advertencia lanzada por el gobierno de México tras conocerse los términos de la iniciativa aprobada el 22 de mayo por el Senado.
“Fue el momento más difícil y el punto de inflexión de unas negociaciones en las que, al final, nos permitieron promover los cambios y atraer un importante número de votos de los demócratas que controlan ambas cámaras”, recuerdan asesores del Comité de Asuntos Exteriores e integrantes de la delegación mexicana que participaron en negociaciones contrarreloj, para evitar el naufragio de la iniciativa tras ocho meses de intensas gestiones.
En la fase final, fuentes del legislativo han reconocido que los personajes clave para evitar el naufragio y conseguir el apoyo de la mayoría demócrata serían Nita Lowy, presidenta del subcomité de operaciones extranjeras de la cámara baja, y el republicano, Frank Wolfe, del comité de apropiaciones.
Pero, además, Tim Reisert, el asesor del senador demócrata por Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien al final se encargaría de conciliar el lenguaje definitivo de la iniciativa con sus colegas en la Cámara de Representantes, para eliminar los candados que obligaban a México a realizar reformas constitucionales.
A esta labor de convencimiento, se sumarían además algunos congresistas hispanos como Silvestre Reyes, presidente del Comité de Inteligencia de la cámara baja.
Interparlamentaria fue clave
En México, algunos legisladores aseguran que la clave para salvar la Iniciativa Mérida estuvo en la 47 reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, en Monterrey.
Legisladores mexicanos que participaron en esa reunión señalaron que la estrategia para conseguir que los congresistas de Estados Unidos accedieran a cambiar la redacción de la iniciativa, se basó en tender un “puente” y tejer una alianza con congresistas pro México, como Silvestre Reyes.
El diputado Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, explicó que en la encerrona en el Hotel Quinta Real, el domingo 8 de junio, los hombres clave con los que hicieron un cabildeo para ganar terreno y lograr un viraje en la iniciativa, fueron además del representante demócrata Silvestre Reyes, el presidente del Senado estadunidense, Christopher Dodd y la representante demócrata por California, Zoe Lofgren.
A estos congresistas se les convenció con un argumento: se les hizo ver que si no se combate al narcotráfico en ambos países, también se abría un flanco que permitiría actividades de terrorismo, relató Chanona.
“Convencimos a muchos de la necesidad de realizar los cambios”, recordó, Howard Berman, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y promotor de la iniciativa aprobada el 11 de junio, un pronunciamiento político que permitiría allanar el camino de la versión definitiva promulgada ayer por la Casa Blanca.
En la bitácora de las negociaciones figuran más de 500 reuniones entre representantes de la embajada de México y del Congreso y una larga lista de borradores enmendados y modificados que, al final, desembocarían en la versión definitiva negociada in camera entre representantes de ambas cámaras.
En el camino de las negociaciones, las ejecuciones de varios mandos policiales en México jugaron también un papel importante pues sacudieron la conciencia de quienes desde el Congreso de Estados Unidos entendieron, al final, la necesidad de aprobar una Iniciativa que, si bien, no resolvería de la noche a la mañana el problema, si sentaría las bases de un nuevo esquema de corresponsabilidad binacional para combatir a los cárteles de la droga.
J. Jaime Hernández y Ricardo Gómez, El Universal, 1º de julio.
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