Aún cuando la iniciativa de reforma petrolera del PRI no habla de contratos incentivados, deja abierta la puerta para que sea el Consejo de Administración quien seleccione contratos que ofrezcan algún tipo de incentivo relacionado con la industria de exploración y producción de crudo.
David Enríquez, especialista en derecho internacional, detalló que la propuesta del PRI en nada limita que el Consejo de Administración de la paraestatal sí pueda seleccionar contratos que ofrezcan algún tipo de incentivos relacionados a indicadores internacionales o a costos de la industria.
Lo único que acota es que no se transferirá la propiedad o el control de los hidrocarburos, aunque el Consejo de Administración de la empresa pública va a tener cierta libertad para elegir los modelos contractuales que requiere, destacó.
En el tema de refinación y transportación de petrolíferos la iniciativa elaborado por el PRI es confusa e incrementa la burocracia de Petróleos Mexicanos, además de que crea el comparativo de empresa buena y mala, consideró.
Si el esquema de maquila de la iniciativa del Gobierno federal, destacó Enríquez, ya era poco atractiva para capitales privados, la del PRI que propone mantener la propiedad de "los fierros" y contratar únicamente servicios.
El especialista legal, Rogelio López Velarde, integrante de la firma Heftye y Soria Abogados, analizó que la propuesta del PRI recoge varios temas de la iniciativa de Calderón y la mejora en el tema de Gobierno Corporativo, los Bonos Ciudadanos, y la conformación de la Comisión del Petróleo, cuyos miembros serían ratificados por el Senado.
Analizó que también coinciden las propuestas tanto del Gobierno federal como del PRI en el tema de excluir los contratos petroleros de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, además de dotar de mayor flexibilidad a Pemex sin demasiada discrecionalidad, situación que se discutió durante los debates, recordó el abogado.
Sin embargo, agregó que cerrar de manera definitiva la participación privada en materia de transporte, distribución y almacenamiento de refinados y petroquímicos básicos es un retroceso.
Es evidente que es mejor para Pemex y para el País que un tercero asuma ese riesgo e inversión y que sus precios y prácticas comerciales sean reguladas por la Comisión Reguladora de Energía, dijo.
Consideró que aún en el caso de que se tengan los recursos fiscales para hacer las inversiones masivas que se requieren en esta materia, es un despropósito porque lo que requiere la petrolera es enfocarse a mantener la plataforma de producción e incrementar la restitución de reservas de crudo.
David Enríquez, especialista en derecho internacional, detalló que la propuesta del PRI en nada limita que el Consejo de Administración de la paraestatal sí pueda seleccionar contratos que ofrezcan algún tipo de incentivos relacionados a indicadores internacionales o a costos de la industria.
Lo único que acota es que no se transferirá la propiedad o el control de los hidrocarburos, aunque el Consejo de Administración de la empresa pública va a tener cierta libertad para elegir los modelos contractuales que requiere, destacó.
En el tema de refinación y transportación de petrolíferos la iniciativa elaborado por el PRI es confusa e incrementa la burocracia de Petróleos Mexicanos, además de que crea el comparativo de empresa buena y mala, consideró.
Si el esquema de maquila de la iniciativa del Gobierno federal, destacó Enríquez, ya era poco atractiva para capitales privados, la del PRI que propone mantener la propiedad de "los fierros" y contratar únicamente servicios.
El especialista legal, Rogelio López Velarde, integrante de la firma Heftye y Soria Abogados, analizó que la propuesta del PRI recoge varios temas de la iniciativa de Calderón y la mejora en el tema de Gobierno Corporativo, los Bonos Ciudadanos, y la conformación de la Comisión del Petróleo, cuyos miembros serían ratificados por el Senado.
Analizó que también coinciden las propuestas tanto del Gobierno federal como del PRI en el tema de excluir los contratos petroleros de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, además de dotar de mayor flexibilidad a Pemex sin demasiada discrecionalidad, situación que se discutió durante los debates, recordó el abogado.
Sin embargo, agregó que cerrar de manera definitiva la participación privada en materia de transporte, distribución y almacenamiento de refinados y petroquímicos básicos es un retroceso.
Es evidente que es mejor para Pemex y para el País que un tercero asuma ese riesgo e inversión y que sus precios y prácticas comerciales sean reguladas por la Comisión Reguladora de Energía, dijo.
Consideró que aún en el caso de que se tengan los recursos fiscales para hacer las inversiones masivas que se requieren en esta materia, es un despropósito porque lo que requiere la petrolera es enfocarse a mantener la plataforma de producción e incrementar la restitución de reservas de crudo.
Alma Hernández, Reforma, 28 de julio.
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