Bogotá, 15 de julio. El presidente colombiano Álvaro Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) restablecieron sus relaciones y limaron asperezas tras una reunión de seis horas que sostuvieron este martes.
Se trata del primer acercamiento entre los dos poderes, que han atravesado por una grave crisis caracterizada por ataques de Uribe y su gabinete a los altos funcionarios de la CSJ, desde que en 2006 el tribunal comenzó las investigaciones y los primeros arrestos de políticos de la coalición de gobierno por sus nexos con los grupos paramilitares de extrema derecha.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossío, indicó que fueron analizados todos los temas que han causado roces, y que aunado a las coincidencias aún subsisten diferencias que deben ser superadas. Por la CSJ, su presidente Francisco Javier Ricaurte calificó el encuentro de “cordial y respetuoso”, con independencia de cada uno de los poderes.
La confrontación estalló el año pasado cuando el anterior presidente del tribunal, César Julio Valencia, denunció que el gobernante lo llamó para preguntar sobre el proceso que se le seguía a su primo hermano, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que molestó a Uribe.
El llamado escándalo de la narcoparapolítica tiene en la cárcel a más de 60 políticos y legisladores, la mayoría del oficialismo. Ligado a ese caso, el desencuentro más reciente fue el de la denuncia de la ex legisladora conservadora Yidis Medina, respecto de que recibió dádivas del gobierno para apoyar una reforma que permitió la relección de Uribe en 2006.
Lo anterior llevó a que la CSJ pidiera a la Corte Constitucional y la Procuraduría General que resuelvan sobre la legalidad de la reforma constitucional en cuestión, por lo que Uribe afirmó que los magistrados aplicaban una justicia “selectiva” y abogó por un referendo para repetir los comicios de 2006. La CSJ reclamó al mandatario respeto a sus fallos.
En tanto, la congresista colombiana Gina Parody sumó este día una nueva denuncia al informar que el 28 de septiembre de 2000 un grupo de 410 líderes políticos firmó un primer pacto con los escuadrones paramilitares, a fin de acordar el reparto de los cargos políticos y una serie de contratos. El acuerdo fue signado en Chivolo, municipio del departamento de Magdalena.
Por otra parte, la Fiscalía General colombiana anunció que llamará a declarar al suizo Jean Pierre Gontard, mediador en la crisis de los rehenes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ante sospechas de que se excedió en sus funciones e incurrió en supuestos delitos como portador de 500 mil dólares del grupo que fueron a parar a Costa Rica.
En este contexto Suiza exigió este martes a Colombia que “cese sus repetidos ataques” contra el mediador Gontard.
Se trata del primer acercamiento entre los dos poderes, que han atravesado por una grave crisis caracterizada por ataques de Uribe y su gabinete a los altos funcionarios de la CSJ, desde que en 2006 el tribunal comenzó las investigaciones y los primeros arrestos de políticos de la coalición de gobierno por sus nexos con los grupos paramilitares de extrema derecha.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossío, indicó que fueron analizados todos los temas que han causado roces, y que aunado a las coincidencias aún subsisten diferencias que deben ser superadas. Por la CSJ, su presidente Francisco Javier Ricaurte calificó el encuentro de “cordial y respetuoso”, con independencia de cada uno de los poderes.
La confrontación estalló el año pasado cuando el anterior presidente del tribunal, César Julio Valencia, denunció que el gobernante lo llamó para preguntar sobre el proceso que se le seguía a su primo hermano, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que molestó a Uribe.
El llamado escándalo de la narcoparapolítica tiene en la cárcel a más de 60 políticos y legisladores, la mayoría del oficialismo. Ligado a ese caso, el desencuentro más reciente fue el de la denuncia de la ex legisladora conservadora Yidis Medina, respecto de que recibió dádivas del gobierno para apoyar una reforma que permitió la relección de Uribe en 2006.
Lo anterior llevó a que la CSJ pidiera a la Corte Constitucional y la Procuraduría General que resuelvan sobre la legalidad de la reforma constitucional en cuestión, por lo que Uribe afirmó que los magistrados aplicaban una justicia “selectiva” y abogó por un referendo para repetir los comicios de 2006. La CSJ reclamó al mandatario respeto a sus fallos.
En tanto, la congresista colombiana Gina Parody sumó este día una nueva denuncia al informar que el 28 de septiembre de 2000 un grupo de 410 líderes políticos firmó un primer pacto con los escuadrones paramilitares, a fin de acordar el reparto de los cargos políticos y una serie de contratos. El acuerdo fue signado en Chivolo, municipio del departamento de Magdalena.
Por otra parte, la Fiscalía General colombiana anunció que llamará a declarar al suizo Jean Pierre Gontard, mediador en la crisis de los rehenes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ante sospechas de que se excedió en sus funciones e incurrió en supuestos delitos como portador de 500 mil dólares del grupo que fueron a parar a Costa Rica.
En este contexto Suiza exigió este martes a Colombia que “cese sus repetidos ataques” contra el mediador Gontard.
DPA, AFP y Reuters, La Jornada, 16 de julio.
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