A pesar de que acepta que el gobierno de Felipe Calderón ha dado una lucha “sin precedentes contra el narcotráfico en México”, el reporte anual sobre la estrategia internacional antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos también revela que “estos progresos vienen acompañados de altos niveles de corrupción y desorden en materia de seguridad y dentro de los órganos judiciales” y establece que de los 10 mil millones de dólares que circulan ilegalmente, “la PGR sólo es capaz de atacer el uno por ciento de esa cantidad”.
El documento, además, detalla que en el país se ha dado un aumento de la violencia, misma que ha sido utilizada de manera efectiva por los narcotraficantes “como un arma psicológica para intimidar a dirigentes políticos, a los grupos rivales y al público en general”.
En el informe del gobierno estadunidense se destaca, por primera vez, que los cárteles de la droga mexicanos están realizando asesinatos y “se han involucrado en varios secuestros de alto perfil en distintas ciudades al sur de Estados Unidos”.
Respecto al lavado de dinero, el reporte indica que los narcotraficantes continúan utilizando el sistema financiero mexicano para blanquear sus recursos.
En este sentido, el informe asegura que la labor de la Unidad Especial de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República es insuficiente.
Lo anterior, por “la falta de personal de campo, que incluye la falta de más investigadores, fiscales, auditores y de recursos monetarios, a lo que se suma la falta de una moderna base de datos, y de equipamiento tecnológico”; el reporte incluso revela que la propia unidad es vulnerable en sus instalaciones, lo cual “socava los esfuerzos de la Unidad”.
Para lo anterior, el Departamento de Estado pone como ejemplo, en el documento, que “de la estimación de los diez mil millones de dólares que circulan ilegalmente en el sistema bancario, la PGR sólo es capaz de atacar el uno por ciento de esta cantidad”.
El reporte asegura que las organizaciones delictivas han establecido redes con grupos delictivos en otros países para facilitar y desarrollar nuevos métodos para el blanqueo de fondos ilícitos.
Aunado a lo anterior, al documento se suma la evaluación hecha entre Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, en la que se reportan las deficiencias detectadas en el sistema financiero mexicano, y se incluyen: “La falta de responsabilidad penal para las personas jurídicas y la falta de investigaciones para el blanqueo de capitales y transacciones en efectivo”.
El documento, denominado Informe Internacional sobre la Estrategia de Fiscalización de Estupefacientes 2009, explica en el capítulo relacionado con México, que la reestructuración de las fuerzas de seguridad, junto con el uso de militares, ha sido una señal de compromiso en la lucha por desmantelar las grandes organizaciones del tráfico de drogas.
En este sentido, se aclara que hasta el momento existe, como nunca, un grado de cooperación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos en materia de lucha contra este fenómeno.
Pese a lo anterior, en esta ocasión al capítulo México se le agregó un apartado sobre corrupción, en el cual se explica que la misma es un importante impedimento para reducir con éxito el poder de los cárteles de la droga.
En cuanto a la violencia y ejecuciones que se reportan en México desde 2007 a la fecha, el informe explica que “el aumento de la violencia puede ser debido al éxito del presidente Calderón en su agresiva campaña de lucha contra la delincuencia”.
Parte importante del reporte anual de la lucha internacional contra las drogas del Departamento de Estado es el apartado que hace referencia a la iniciativa que se discute en el Poder Legislativo relacionada con la extinción de dominio.
“México no tiene un régimen de confiscación civil y sólo puede renunciar a los bienes incautados a través de una condena penal, o mediante una figura jurídica conocida como abandono de los bienes.
“Sin embargo, existen proyectos de ley pendientes en el Congreso mexicano que incluyen cambios constitucionales que permitan un régimen similar al decomiso de Colombia en la ley de extinción de la propiedad (extinción de dominio)”.
Claves
Reconocimientos
• El informe detalla que gracias al combate al crimen organizado del gobierno del presidente Felipe Calderón se lograron numerosas detenciones de importantes narcotraficantes, el descubrimiento de laboratorios clandestinos de drogas, y un importante descenso en la importación de metanfetaminas.
• Respecto a la gestión de información, se felicita a nuestro país por la creación, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la denominada “Plataforma Mexico”, que se inició en 2007 y, finalmente, se establecerá la interconexión en tiempo real entre los distintos niveles de la policía para apoyar una base de datos nacional contra la delincuencia.
• Destaca que durante 2008 las autoridades mexicanas, en cooperación con Estados Unidos, deportaron a 172 fugitivos no mexicanos para ser sometidos a proceso.
Aprueban Estados Unidos, Italia y Colombia
A diferencia de México, el Informe Internacional sobre la Estrategia de Fiscalización de Estupefacientes 2009, publicado ayer por el gobierno estadunidense, refiere que las Unidades de Inteligencia Financieras de Estados Unidos e Italia son las que mayor éxito han tenido en el combate al lavado de dinero. De hecho, en el caso de Italia, refiere que al año se obtienen cerca de 600 condenas por este ilícito.
En el caso de Rusia, el documento estima que su unidad de inteligencia financiera detectó que los ciudadanos rusos pueden haber blanqueado hasta 370 mil millones de dólares en 2008.
Por su parte, la Comisión Europea refiere que llevó ante el Tribunal Europeo de Justicia a España, Polonia, Bélgica y Francia por la no aplicación de leyes específicas sobre el lavado de dinero.
En el caso de los países latinoamericanos no se dan cifras de cuánto se estima que se está lavando en las instituciones financieras; de Colombia se dice que es un líder regional en la lucha contra el blanqueo; sin embargo, este fenómeno, se afirma, aún permea su economía y afectan a sus instituciones financieras.
Omar Sánchez de Tagle, Milenio, 28 de febrero.