Caracas, 26 de febrero. Por asumir atribuciones que ningún Estado de la comunidad mundial le ha otorgado y por “simplificar” las realidades nacionales, Venezuela, Bolivia y China rechazaron hoy por separado el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado ayer por el Departamento de Estado.
“El gobierno venezolano encuentra inadmisible esta práctica recurrente de la burocracia de Estados Unidos, según la cual funcionarios al servicio del Estado con el más oscuro récord de violaciones y atropellos a la dignidad humana en la historia contemporánea pretenden erigirse, sin mandato ni legitimidad alguna, en jueces de otros estados”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.
Caracas, que exigió a Washington detener esa práctica lesiva de las relaciones entre “nuestros estados”, consideró que el contenido del reporte es “falso, malintencionado e injerencista”, con alegatos que carecen de fundamentos y constituyen la expresión de las opiniones antivenezolanas difundidas por sectores que, dentro y fuera de nuestro país, se rehúsan a aceptar que el pueblo venezolano sea dueño de su destino”.
En La Paz, el viceministro de Movimientos Sociales y ex promotor de derechos humanos, Sacha Llorenti, afirmó que el documento del Departamento de Estado “es una simplificación grosera de la realidad nacional” de su país y “tiene una tendencia parcializada en su análisis” sobre Bolivia.
Desde Pekín, la respuesta del gobierno de China surgió del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ma Zhazou, quien instó “al lado estadunidense a reflexionar sobre sus propios problemas de derechos humanos” y a reconocer los “avances democráticos constantes”.
Rusia, que también recibió críticas en el reporte anual, reconoció que hay “problemas”, pero el canciller Serguei Lavrov advirtió que los cuestionamientos a Moscú no deben politizarse.
El incumplimiento de los derecho humanos debe ser aclarado jurídicamente y no ser utilizado para aislar a Rusia, señaló Lavrov.
El gobierno de Chile, mientras tanto, dijo que las críticas señaladas en el documento no constituyen una intromisión en la política interna porque se trata de un tema universal y hace observaciones puntuales. El portavoz oficial, Francisco Vidal, se congratuló de que el informe menciona que Chile es uno de los países “más avanzados” en derechos humanos.
Al referirse a uno de los cuestionamientos señalados por el Departamento de Estado, la sobrepoblación de las cárceles chilenas, el funcionario dijo a los periodistas que, pese a todo, “en este país no hay un Guantánamo”.
“El gobierno venezolano encuentra inadmisible esta práctica recurrente de la burocracia de Estados Unidos, según la cual funcionarios al servicio del Estado con el más oscuro récord de violaciones y atropellos a la dignidad humana en la historia contemporánea pretenden erigirse, sin mandato ni legitimidad alguna, en jueces de otros estados”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.
Caracas, que exigió a Washington detener esa práctica lesiva de las relaciones entre “nuestros estados”, consideró que el contenido del reporte es “falso, malintencionado e injerencista”, con alegatos que carecen de fundamentos y constituyen la expresión de las opiniones antivenezolanas difundidas por sectores que, dentro y fuera de nuestro país, se rehúsan a aceptar que el pueblo venezolano sea dueño de su destino”.
En La Paz, el viceministro de Movimientos Sociales y ex promotor de derechos humanos, Sacha Llorenti, afirmó que el documento del Departamento de Estado “es una simplificación grosera de la realidad nacional” de su país y “tiene una tendencia parcializada en su análisis” sobre Bolivia.
Desde Pekín, la respuesta del gobierno de China surgió del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ma Zhazou, quien instó “al lado estadunidense a reflexionar sobre sus propios problemas de derechos humanos” y a reconocer los “avances democráticos constantes”.
Rusia, que también recibió críticas en el reporte anual, reconoció que hay “problemas”, pero el canciller Serguei Lavrov advirtió que los cuestionamientos a Moscú no deben politizarse.
El incumplimiento de los derecho humanos debe ser aclarado jurídicamente y no ser utilizado para aislar a Rusia, señaló Lavrov.
El gobierno de Chile, mientras tanto, dijo que las críticas señaladas en el documento no constituyen una intromisión en la política interna porque se trata de un tema universal y hace observaciones puntuales. El portavoz oficial, Francisco Vidal, se congratuló de que el informe menciona que Chile es uno de los países “más avanzados” en derechos humanos.
Al referirse a uno de los cuestionamientos señalados por el Departamento de Estado, la sobrepoblación de las cárceles chilenas, el funcionario dijo a los periodistas que, pese a todo, “en este país no hay un Guantánamo”.
DPA, AFP y Reuters, La Jornada, 27 de febrero.
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