El gobierno federal rechazó el miércoles pasado en Ciudad Juárez, durante la reunión del gabinete de seguridad, la exigencia del gobierno de Chihuahua de que el Ejército deje las cuestiones de seguridad y a las autoridades locales y la policía federal en esa entidad el combate al crimen organizado, revelaron funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano.
Los informantes refirieron que en el encuentro entre autoridades federales y estatales, en el que se acordó el envío de 5 mil soldados y mil agentes federales más a la lucha contra la delincuencia, participaron como observadores representantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Antes de llegar al encuentro con los funcionarios federales el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, sostuvo una reunión con miembros de organizaciones civiles y representantes empresariales, en la que definieron la posición del gobierno del estado: que se retirara el Ejército de actividades de seguridad pública y combate al crimen organizado, supuestamente porque ahora los delincuentes extorsionan más a los industriales y, sobre todo, porque los inversionistas extranjeros amenazaron con retirar sus empresas, señalaron las fuentes consultadas.
En ese contexto, las autoridades locales pidieron a los funcionarios federales que asumieran el costo de mantener a miembros del Ejército en las calles de Chihuahua, pero el gobierno federal respondió que había autoridades que estaban colaborando para esta guerra entre grupos del narcotráfico en la zona, y que era imposible sacar al Ejército de esta lucha dada la infiltración de las policías.
La reunión, indicaron, se volvió ríspida: se pidió la renuncia de la procuradora de Chihuahua, Patricia González, una nueva revisión de las policías locales, que se entregaran recursos para el desarrollo industrial de la entidad ante la pérdida de empleos y la inseguridad.
El Ejército no abandona la lucha contra la delincuencia y se incrementará su presencia, fue la determinación del gobierno federal para la entidad, y supuestamente en el aire quedó que integrantes de algunas corporaciones policiales han apoyado la penetración de grupos ligados al cártel de Sinaloa en “territorios” del cártel de Juárez y por ello la disputa que ha provocado la ejecución de policías, la renuncia de varios funcionarios, así como la de un jefe policiaco.
Los informantes refirieron que en el encuentro entre autoridades federales y estatales, en el que se acordó el envío de 5 mil soldados y mil agentes federales más a la lucha contra la delincuencia, participaron como observadores representantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Antes de llegar al encuentro con los funcionarios federales el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, sostuvo una reunión con miembros de organizaciones civiles y representantes empresariales, en la que definieron la posición del gobierno del estado: que se retirara el Ejército de actividades de seguridad pública y combate al crimen organizado, supuestamente porque ahora los delincuentes extorsionan más a los industriales y, sobre todo, porque los inversionistas extranjeros amenazaron con retirar sus empresas, señalaron las fuentes consultadas.
En ese contexto, las autoridades locales pidieron a los funcionarios federales que asumieran el costo de mantener a miembros del Ejército en las calles de Chihuahua, pero el gobierno federal respondió que había autoridades que estaban colaborando para esta guerra entre grupos del narcotráfico en la zona, y que era imposible sacar al Ejército de esta lucha dada la infiltración de las policías.
La reunión, indicaron, se volvió ríspida: se pidió la renuncia de la procuradora de Chihuahua, Patricia González, una nueva revisión de las policías locales, que se entregaran recursos para el desarrollo industrial de la entidad ante la pérdida de empleos y la inseguridad.
El Ejército no abandona la lucha contra la delincuencia y se incrementará su presencia, fue la determinación del gobierno federal para la entidad, y supuestamente en el aire quedó que integrantes de algunas corporaciones policiales han apoyado la penetración de grupos ligados al cártel de Sinaloa en “territorios” del cártel de Juárez y por ello la disputa que ha provocado la ejecución de policías, la renuncia de varios funcionarios, así como la de un jefe policiaco.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 28 de febrero.
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