La actitud “omisa e irresponsable” de las autoridades del estado de Guerrero fue lo que impidió salvaguardar la integridad física y la vida de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de comunidades indígenas en la región, consideraron diversas organizaciones de derechos humanos.
Casi 70 organismos –nacionales y extranjeros– dirigieron un documento a los gobiernos federal y estatal para condenar los asesinatos y exigir una investigación “exhaustiva e imparcial”, sancionar a los responsables y reparar el daño.
“El asesinato se da en un contexto de hostigamiento y persecución de los movimientos sociales en Guerrero a cargo de autoridades estatales, el cual debe detenerse de inmediato. Estos hechos dan muestra de la incapacidad del Estado para desempeñar la responsabilidad irrenunciable de garantizar la integridad física y la vida de activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.”
Los dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos fueron detenidos el pasado 13 de febrero por tres sujetos desconocidos y días después sus cuerpos fueron hallados sin vida y con signos de tortura.
Por esa razón organizaciones como los centros Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otros, exigieron al Estado mexicano investigar, identificar y sancionar de manera expedita a los responsables de estos crímenes.
También demandaron que las autoridades del país den pleno cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal a fin de que se incremente la efectividad de medidas preventivas para proteger a los activistas, que se reconozca de manera pública el papel de los defensores en la protección de las garantías fundamentales, que se asegure que los crímenes contra éstos se investiguen de manera efectiva y se castigue a los responsables, entre otros.
Casi 70 organismos –nacionales y extranjeros– dirigieron un documento a los gobiernos federal y estatal para condenar los asesinatos y exigir una investigación “exhaustiva e imparcial”, sancionar a los responsables y reparar el daño.
“El asesinato se da en un contexto de hostigamiento y persecución de los movimientos sociales en Guerrero a cargo de autoridades estatales, el cual debe detenerse de inmediato. Estos hechos dan muestra de la incapacidad del Estado para desempeñar la responsabilidad irrenunciable de garantizar la integridad física y la vida de activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.”
Los dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos fueron detenidos el pasado 13 de febrero por tres sujetos desconocidos y días después sus cuerpos fueron hallados sin vida y con signos de tortura.
Por esa razón organizaciones como los centros Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otros, exigieron al Estado mexicano investigar, identificar y sancionar de manera expedita a los responsables de estos crímenes.
También demandaron que las autoridades del país den pleno cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal a fin de que se incremente la efectividad de medidas preventivas para proteger a los activistas, que se reconozca de manera pública el papel de los defensores en la protección de las garantías fundamentales, que se asegure que los crímenes contra éstos se investiguen de manera efectiva y se castigue a los responsables, entre otros.
Emir Olivares, La Jornada, 28 de febrero.
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