El Presidente del IFE, Leonardo Valdés, reiteró que el acuerdo de la Junta General Ejecutiva que homologa el salario de los consejeros con los ministros de la Corte es legal y nadie lo ha cuestionado.
Recordó que el acuerdo está basado en el artículo 41 constitucional que equipara el salario de los consejeros con el de los ministros de la Corte.
"En términos de la administración, no sólo pública, sino también privada, es claro que cuando los salarios de los mandos superiores no aumentan, es casi imposible lograr que los salarios del resto de la estructura también se renivelen", explicó a manera de justificación.
Valdés admitió que en este tema hay un dilema entre lo legal y lo moral, del que se ha impregnado el debate público y aunque reconoció la relevancia del tema, comparó esa discusión con la que se podría dar en torno a las prerrogativas económicas que los partidos reciben y que están también en el mismo artículo constitucional que invocan los consejeros.
"Yo me pregunto qué hacer con esa redacción constitucional. Es ley, este Instituto está obligado a acatar la Constitución y las leyes que de ella emanen", señaló.
Valdés introdujo un nuevo elemento al debate, al decir que así como algunos cuestionan la moralidad de los salarios de los consejeros, ellos mismos no cuestionan la moralidad de las prerrogativas de los partidos.
"Tengo la impresión de que todo este debate público mediático estuvo impregnado por esta cuestión de la legalidad y la moralidad.
"Quiero decirle a los representantes de los partidos que, como consejero presidente de este Instituto, y estoy seguro que mis colegas, la consejera y los consejeros pensamos que la fracción tercera del artículo 41 de la Constitución que establece las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos, en virtud de que son entidades de interés público, son legales, y yo no las calificaría de inmorales. Al contrario, creo que son morales", señaló Valdés.
Recordó que el acuerdo está basado en el artículo 41 constitucional que equipara el salario de los consejeros con el de los ministros de la Corte.
"En términos de la administración, no sólo pública, sino también privada, es claro que cuando los salarios de los mandos superiores no aumentan, es casi imposible lograr que los salarios del resto de la estructura también se renivelen", explicó a manera de justificación.
Valdés admitió que en este tema hay un dilema entre lo legal y lo moral, del que se ha impregnado el debate público y aunque reconoció la relevancia del tema, comparó esa discusión con la que se podría dar en torno a las prerrogativas económicas que los partidos reciben y que están también en el mismo artículo constitucional que invocan los consejeros.
"Yo me pregunto qué hacer con esa redacción constitucional. Es ley, este Instituto está obligado a acatar la Constitución y las leyes que de ella emanen", señaló.
Valdés introdujo un nuevo elemento al debate, al decir que así como algunos cuestionan la moralidad de los salarios de los consejeros, ellos mismos no cuestionan la moralidad de las prerrogativas de los partidos.
"Tengo la impresión de que todo este debate público mediático estuvo impregnado por esta cuestión de la legalidad y la moralidad.
"Quiero decirle a los representantes de los partidos que, como consejero presidente de este Instituto, y estoy seguro que mis colegas, la consejera y los consejeros pensamos que la fracción tercera del artículo 41 de la Constitución que establece las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos, en virtud de que son entidades de interés público, son legales, y yo no las calificaría de inmorales. Al contrario, creo que son morales", señaló Valdés.
Guadalupe Irízar, Reforma, 28 de febrero.
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