En México prevalecen los focos rojos en materia de garantía y cumplimiento de los derechos humanos, pues se continúan practicando tortura, desaparición forzada, impunidad militar, hostigamiento, amenazas y abusos contra activistas y periodistas, afirmó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Tras las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó a México en la materia, activistas del Cejil realizan una visita de trabajo por varias entidades del país para analizar la situación de las garantías individuales, entre otros temas. En ese contexto, se reunieron con ONG y algunos diputados con el propósito de gestionar una reunión con autoridades de la Sedena para analizar el tema de la justicia militar.
En entrevista, Vanesa Coria, abogada responsable para México del Cejil, destacó que el país está obligado internacionalmente a garantizar la protección y libre ejercicio de las actividades de los defensores, como remarca la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus informes refirió que “se requiere una política especial de cualquier Estado para proteger a los defensores, así como abstenerse de realizar declaraciones públicas en su contra que puedan criminalizarlos y estigmatizarlos”, además de que demanda sanciones contra quienes no respeten esa labor.
Por su parte, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que la persecución, sanción y erradicación de la desaparición forzada debe ser tema prioritario para los estados, los cuales deben hacer valer el marco jurídico internacional de protección a los derechos humanos, pues, de lo contrario, “se fortalece el voluntarismo de los países para aplicar estas normas”.
Al participar en el primer Seminario Internacional de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron que en la mayoría de las naciones de la región aún es “tema de debate la aplicabilidad de la jurisdicción de la corte en casos que sucedieron antes de que se le diera pleno reconocimiento en cada uno de los países”.
Con la participación de expertos de Panamá, Colombia, Costa Rica y México, se analizaron los principales retos que enfrenta la normatividad internacional en la materia y su aplicación en los órganos jurisdiccionales internos, pues destacaron que el análisis de “importantes sentencias de la CIDH sobre desaparición forzada revelan que subsiste un serio problema en relación con la fecha en que ocurrió el hecho y el momento en que el caso puede ser presentado ante la corte”.
Tras las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó a México en la materia, activistas del Cejil realizan una visita de trabajo por varias entidades del país para analizar la situación de las garantías individuales, entre otros temas. En ese contexto, se reunieron con ONG y algunos diputados con el propósito de gestionar una reunión con autoridades de la Sedena para analizar el tema de la justicia militar.
En entrevista, Vanesa Coria, abogada responsable para México del Cejil, destacó que el país está obligado internacionalmente a garantizar la protección y libre ejercicio de las actividades de los defensores, como remarca la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus informes refirió que “se requiere una política especial de cualquier Estado para proteger a los defensores, así como abstenerse de realizar declaraciones públicas en su contra que puedan criminalizarlos y estigmatizarlos”, además de que demanda sanciones contra quienes no respeten esa labor.
Por su parte, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que la persecución, sanción y erradicación de la desaparición forzada debe ser tema prioritario para los estados, los cuales deben hacer valer el marco jurídico internacional de protección a los derechos humanos, pues, de lo contrario, “se fortalece el voluntarismo de los países para aplicar estas normas”.
Al participar en el primer Seminario Internacional de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron que en la mayoría de las naciones de la región aún es “tema de debate la aplicabilidad de la jurisdicción de la corte en casos que sucedieron antes de que se le diera pleno reconocimiento en cada uno de los países”.
Con la participación de expertos de Panamá, Colombia, Costa Rica y México, se analizaron los principales retos que enfrenta la normatividad internacional en la materia y su aplicación en los órganos jurisdiccionales internos, pues destacaron que el análisis de “importantes sentencias de la CIDH sobre desaparición forzada revelan que subsiste un serio problema en relación con la fecha en que ocurrió el hecho y el momento en que el caso puede ser presentado ante la corte”.
Emir Olivares y Laura Poy, La Jornada, 28 de febrero.
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