El escándalo por las escuchas telefónicas no autorizadas a políticos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y periodistas llevó ayer al presidente colombiano Álvaro Uribe a cerrar temporalmente las salas de interceptación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dejar esta función en manos de la Policía. El DAS no podrá a partir de ahora hacer escuchas telefónicas sin contar con la autorización de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.
Horas después, el director del DAS, Felipe Muñoz, informó que había aceptado la renuncia del jefe de inteligencia del organismo, el capitán ( r) Fernando Tabares, quien estuvo en el cargo 18 meses. El domingo, había renunciado el jefe de contrainteligencia del organismo, Jorge Lagos.
La decisión de Uribe es inédita porque nunca se había presentado el caso de que la policía secreta —como es el DAS— deba presentar a la Policía Nacional los documentos legales que autoricen la interceptación. Esto según Uribe permitirá un filtro de seguridad, porque los dos organismos se controlarán mutuamente.
Lo paradójico es que en 2007 la Policía Nacional también estuvo involucrada en un escándalo por escuchas no autorizadas que terminó con el llamado a retiro de doce generales, entre ellos el director de la institución, el Jorge Daniel Castro; y Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia (Dipol). En esa ocasión se filtraron conversaciones de varios paramilitares presos, funcionarios del Gobierno y dirigentes políticos.
Frente a los cuestionamientos que podría generar por este hecho, Uribe aseguró que la Policía “ha venido realizando los correctivos para superar el problema que se presentó”.
Pero la situación ya está tomando tintes internacionales. El presidente de la CSJ, el magistrado Francisco Javier Ricaurte, informó que por tratarse de una situación recurrente y que hace parte de una serie de hostigamientos por parte del gobierno a ese tribunal, se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator de la Independencia Judicial de la ONU, investigar las interceptaciones de la que han sido objeto. Ayer la CIDH pidió al Ejecutivo informar sobre operativos judiciales contra defensores de derechos humanos, políticos, miembros de la rama judicial y periodistas.
Y es que como la CSJ es el organismo encargado de investigar los vínculos entre políticos y paramilitares, en algunas de las declaraciones de los involucrados se han hecho señalamientos contra Uribe y algunas de las personas más cercanas a él.
Los roces han llegado al punto que el Jefe de Estado demandó por injuria y calumnia al ex presidente del tribunal, magistrado César Julio Valencia, quien dijo haber sido consultado por el mandatario en el proceso que adelantaban contra su primo el ex senador, Mario Uribe.
Para ir calmando las aguas, Muñoz recordó que la Procuraduría y la Fiscalía adelantan investigaciones y que pidió a la Contraloría participar en ellas. Además, como algunas de las interceptaciones se realizaron con equipos donados por Estados Unidos, el director del DAS anunció que la próxima semana se reunirá con el embajador William Brownfield, a quien calificó como un gran amigo de ese organismo.
Ex líderes narcos escondieron casi 20 mdd
Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los ex jefes del cártel de Cali, que llegó a controlar 80 por ciento de las exportaciones de droga desde Colombia, escondieron al menos 20 millones de dólares de su negocio del tráfico de drogas, confesó uno de sus antiguos socios, identificado como Gustavo Rommi. Según el diario El Tiempo, Rommi fue la persona que entregó la información a las autoridades colombianas y de Estados Unidos, la cual resultó clave para el operativo realizado el miércoles en Colombia y que dejó un saldo de 38 familiares de los capos detenidos. Los 20 millones de dólares “no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de EU en 2006”, señaló la publicación. (Bogotá/Notimex)
Horas después, el director del DAS, Felipe Muñoz, informó que había aceptado la renuncia del jefe de inteligencia del organismo, el capitán ( r) Fernando Tabares, quien estuvo en el cargo 18 meses. El domingo, había renunciado el jefe de contrainteligencia del organismo, Jorge Lagos.
La decisión de Uribe es inédita porque nunca se había presentado el caso de que la policía secreta —como es el DAS— deba presentar a la Policía Nacional los documentos legales que autoricen la interceptación. Esto según Uribe permitirá un filtro de seguridad, porque los dos organismos se controlarán mutuamente.
Lo paradójico es que en 2007 la Policía Nacional también estuvo involucrada en un escándalo por escuchas no autorizadas que terminó con el llamado a retiro de doce generales, entre ellos el director de la institución, el Jorge Daniel Castro; y Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia (Dipol). En esa ocasión se filtraron conversaciones de varios paramilitares presos, funcionarios del Gobierno y dirigentes políticos.
Frente a los cuestionamientos que podría generar por este hecho, Uribe aseguró que la Policía “ha venido realizando los correctivos para superar el problema que se presentó”.
Pero la situación ya está tomando tintes internacionales. El presidente de la CSJ, el magistrado Francisco Javier Ricaurte, informó que por tratarse de una situación recurrente y que hace parte de una serie de hostigamientos por parte del gobierno a ese tribunal, se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator de la Independencia Judicial de la ONU, investigar las interceptaciones de la que han sido objeto. Ayer la CIDH pidió al Ejecutivo informar sobre operativos judiciales contra defensores de derechos humanos, políticos, miembros de la rama judicial y periodistas.
Y es que como la CSJ es el organismo encargado de investigar los vínculos entre políticos y paramilitares, en algunas de las declaraciones de los involucrados se han hecho señalamientos contra Uribe y algunas de las personas más cercanas a él.
Los roces han llegado al punto que el Jefe de Estado demandó por injuria y calumnia al ex presidente del tribunal, magistrado César Julio Valencia, quien dijo haber sido consultado por el mandatario en el proceso que adelantaban contra su primo el ex senador, Mario Uribe.
Para ir calmando las aguas, Muñoz recordó que la Procuraduría y la Fiscalía adelantan investigaciones y que pidió a la Contraloría participar en ellas. Además, como algunas de las interceptaciones se realizaron con equipos donados por Estados Unidos, el director del DAS anunció que la próxima semana se reunirá con el embajador William Brownfield, a quien calificó como un gran amigo de ese organismo.
Ex líderes narcos escondieron casi 20 mdd
Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los ex jefes del cártel de Cali, que llegó a controlar 80 por ciento de las exportaciones de droga desde Colombia, escondieron al menos 20 millones de dólares de su negocio del tráfico de drogas, confesó uno de sus antiguos socios, identificado como Gustavo Rommi. Según el diario El Tiempo, Rommi fue la persona que entregó la información a las autoridades colombianas y de Estados Unidos, la cual resultó clave para el operativo realizado el miércoles en Colombia y que dejó un saldo de 38 familiares de los capos detenidos. Los 20 millones de dólares “no fueron reportados por los capos del cartel de Cali, lo que acabó con el acuerdo que habían logrado con la justicia de EU en 2006”, señaló la publicación. (Bogotá/Notimex)
Clara Isabel Vèlez Rincòn en Medellìn, Milenio, 27 de febrero.
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