La crisis de inseguridad puede contaminar la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, advirtieron ayer especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Carlos Natarén, del CIDE, señaló que las reformas constitucionales aprobadas en 2008 pagarán los "platos rotos" del clima de violencia que se vive en el País, pues los esfuerzos gubernamentales y legislativos están dirigidos a combatir el crimen organizado, y no a mejorar las instituciones.
"El fenómeno se va dar y será difícil evitarlo", dijo el investigador durante el taller internacional "Reforma procesal penal en América Latina: desafíos para las Policías", realizado en la UNAM.
José Antonio Caballero, profesor del CIDE, destacó la necesidad de tomar en serio el contenido de las modificaciones legales en materia penal, publicadas en junio del año pasado, y aislar la situación de inseguridad de retos y necesidades que enfrentan las dependencias para implementar el modelo acusatorio oral.
Sin embargo, reconoció que está latente un fenómeno que denominó "fetichismo legislativo", que consiste en la presentación sistemática de iniciativas de ley para amortiguar el impacto de la inseguridad y que en la actualidad podrían enfocarse, dijo, al aumento de penas y al endurecimiento del sistema de justicia.
"En el tema de la contaminación, lo problemático es que provoque una erosión en el sistema penal ordinario. Es más, si realmente no están funcionando las cosas, en lugar de contaminar el proceso ordinario, tomemos medidas mucho más radicales.
"Ahí está la suspensión de garantías, que no contamina el proceso, y además es por un tiempo determinado, y hay rendición de cuentas. Las misceláneas penales no harán, en sí mismas, una diferencia drástica", argumentó Caballero.
Al hacer un balance sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia, el investigador reconoció que el proceso avanza lento, sobre todo porque los funcionarios encargados de aplicarlo aún no entienden su contenido.
Carlos Ríos, académico del CIDE, consideró que el aterrizaje de la reforma penal lleva dos velocidades: la acelerada, cuando se trata de temas relacionados con la delincuencia organizada, y la lenta, que incluye tópicos como oralidad, penas alternativas, reingeniería de la figura del Ministerio Público, y marco regulatorio de la Policía investigadora.
"Es una reforma que nos va costar mucho trabajo, pero es necesaria", afirmó el también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien recordó que se estableció un periodo de ocho años para consumar la reforma, a partir de 2008.
Carlos Natarén, del CIDE, señaló que las reformas constitucionales aprobadas en 2008 pagarán los "platos rotos" del clima de violencia que se vive en el País, pues los esfuerzos gubernamentales y legislativos están dirigidos a combatir el crimen organizado, y no a mejorar las instituciones.
"El fenómeno se va dar y será difícil evitarlo", dijo el investigador durante el taller internacional "Reforma procesal penal en América Latina: desafíos para las Policías", realizado en la UNAM.
José Antonio Caballero, profesor del CIDE, destacó la necesidad de tomar en serio el contenido de las modificaciones legales en materia penal, publicadas en junio del año pasado, y aislar la situación de inseguridad de retos y necesidades que enfrentan las dependencias para implementar el modelo acusatorio oral.
Sin embargo, reconoció que está latente un fenómeno que denominó "fetichismo legislativo", que consiste en la presentación sistemática de iniciativas de ley para amortiguar el impacto de la inseguridad y que en la actualidad podrían enfocarse, dijo, al aumento de penas y al endurecimiento del sistema de justicia.
"En el tema de la contaminación, lo problemático es que provoque una erosión en el sistema penal ordinario. Es más, si realmente no están funcionando las cosas, en lugar de contaminar el proceso ordinario, tomemos medidas mucho más radicales.
"Ahí está la suspensión de garantías, que no contamina el proceso, y además es por un tiempo determinado, y hay rendición de cuentas. Las misceláneas penales no harán, en sí mismas, una diferencia drástica", argumentó Caballero.
Al hacer un balance sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia, el investigador reconoció que el proceso avanza lento, sobre todo porque los funcionarios encargados de aplicarlo aún no entienden su contenido.
Carlos Ríos, académico del CIDE, consideró que el aterrizaje de la reforma penal lleva dos velocidades: la acelerada, cuando se trata de temas relacionados con la delincuencia organizada, y la lenta, que incluye tópicos como oralidad, penas alternativas, reingeniería de la figura del Ministerio Público, y marco regulatorio de la Policía investigadora.
"Es una reforma que nos va costar mucho trabajo, pero es necesaria", afirmó el también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien recordó que se estableció un periodo de ocho años para consumar la reforma, a partir de 2008.
Antonio Baranda, Reforma, 27 de febrero.
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