De esta manera, el sueldo de los consejeros se mantiene en 172 mil pesos mensuales netos, monto que de haber sido avalado se habría ubicado en 220 mil pesos.
La decisión de dar marcha atrás sólo aplicará para 2009, lo que abre la posibilidad para que el próximo año se analice de nueva cuenta el tema, además de que quedó firme un bono por año electoral de 60 días de salario mínimo, lo que equivale a 344 mil pesos adicionales para cada uno de los nueve consejeros.
En conferencia de prensa —en la que no se aceptaron preguntas de los medios de comunicación y se realizó con casi tres horas de retraso— el consejero presidente, Leonardo Valdés, estuvo acompañado de los ocho consejeros para fijar en dos minutos la posición del organismo y respaldar la validez legal del Manual de percepciones para los servidores de mando para el ejercicio fiscal 2009, aprobado por la Junta General Ejecutiva.
“El país no es ajeno a los estragos de una profunda crisis económica y financiera a escala mundial; por ello, no podemos ser insensibles ante la realidad que afecta a los propios trabajadores del instituto”, dijo el consejero presidente.
Luego de la lluvia de críticas por el aumento de 2.9 a 3.9 millones de pesos anuales netos para cada consejero electoral, entre ellas de la Cámara de Diputados, Valdés dio lectura a un comunicado de seis párrafos consensuado horas antes en el que se señala: “hemos decidido no aceptar el incremento salarial que implica el acuerdo tomado”.
Entrevistados después de la conferencia, los consejeros electorales Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños indicaron que los recursos que se tenían previstos para el aumento serán reintegrados a la administración del IFE.
“La Junta (General Ejecutiva) es la que determina y tiene autonomía, nosotros no le podemos decir a ésta cómo distribuya ese dinero, esperamos que la Junta lo haga en ese sentido”, expresó Figueroa.
El consejero agregó que el acuerdo para no recibir el incremento se aplicará durante el ejercicio fiscal 2009, “pero en el ejercicio próximo se verá cuando la Junta decida qué determina respecto de este punto, pero eso sólo tiene una validez respecto del año vigente y en éste no se aplicará”.
En tanto, Baños rechazó que haya existido una división respecto de la determinación y dijo que pese a que así lo señala la Constitución, al no aceptar el aumento se deja en claro que no son insensibles a la problemática que hay afuera.
“Así es que la burbuja que se creó en estos dos días sobre el tema, me parece innecesaria”, subrayó.
Respecto al exhorto hecho por la Cámara de Diputados para frenar el aumento, afirmó que bajo ninguna consideración el IFE va a permitir que por alguna recomendación emitida en otras instancias se pueda poner en peligro la autonomía de la institución.
“Los diputados tienen su derecho de expresar sus puntos de vista, el instituto toma las decisiones en el contexto de sus atribuciones”, recalcó.
- Claves
Senado aplaude
• Los coordinadores de PAN y PRD en el Senado, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente, cerraron filas a favor de los consejeros del IFE, al calificar de correcta la decisión de frenar el aumento salarial que se habían aprobado.
• Ambos coincidieron en no emitir declaraciones que vulneren y debiliten a las instituciones como el IFE, que a decir de Madero, “es la máxima autoridad en materia electoral y por eso es tan importante apoyarlo, fortalecerlo, más que debilitarlo y criticarlo”.
• Navarrete expresó que al IFE “hay que defenderlo hasta de sus errores”, porque “todo mundo tiene derecho a meter la pata, pero más derecho a sacarla a tiempo. Todo mundo puede cometer un error, pero es mejor que sepa reconocerlo y corregirlo, que mantenerlo”.
• Madero insistió en que se debe reconocer “la actitud de los consejeros de no aumentarse los sueldos. Va en el sentido de la opinión mayoritaria de la gente, sobre todo en estos momentos tan críticos”.
Recuperan 31 mil 690 mdp
••• En los últimos siete años, la Auditoría Superior de la Federación logró recuperar 31 mil 690 millones de pesos en materia de fiscalización, que han sido reintegrados al erario, al 31 de diciembre de 2008.
Al hacer una recapitulación de las áreas principales en las que se han encontrado irregularidades está el Poder Judicial de la Federación. La información que ofreció el auditor superior Arturo González de Aragón dejó al descubierto que en la Suprema Corte de Justicia la recuperación ha sido de 277 millones de pesos.
En general, se han multiplicado en más de tres veces las auditorías practicadas y ha incrementado en casi cuatro veces la muestra fiscalizada. El total recuperado (31 mil 690 millones de pesos), que se ha devuelto al erario, equivale una y media vez el subsidio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las que forman parte de dicha recuperación, destacan, 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones de Derecho de Trámite Aduanero y su relación con la empresa ISOSA; mil 580 millones del sindicato de Pemex, específicamente el Pemexgate.
Además, mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y, 4 mil 900 millones de estados y municipios. (México • Paloma Alcántara)
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