Al abordar el tema durante la sesión ordinaria de Consejo General, los consejeros electorales, encabezados por su presidente, Leonardo Valdés Zurita, afirmaron que la decisión de la Junta General Ejecutiva de aumentar de 172 mil a 220 mil pesos sus salarios fue transparente y apegada a la legalidad y que la declinación al incremento fue producto de su sensibilidad a la crisis económica que vive el país.
Lo anterior, al ser cuestionados por la representante del Poder Legislativo del PRD ante el IFE, Susana Monreal, quien les pidió reflexionar sus decisiones y dimensionar el impacto de éstas para no deteriorar la imagen del instituto, así como para no dar “pie a especulaciones” y firmar un acuerdo en el que formalicen su rechazo al aumento salarial, al que calificó de legal, pero inmoral.
“La fracción tercera del artículo 41 de la Constitución establece las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos, en virtud de que son entidades de interés público. Son legales y yo no las calificaría de inmorales, al contrario, creo que son morales”, respondió Valdés Zurita.
En ese sentido, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, expresó su preocupación ante el riesgo del que el IFE se convierta en rehén de estrategias políticas de partidos políticos o de los medios de comunicación.
“Pero cuidado con lo que se publica en los periódicos, lo que se difunde en los medios de comunicación sean las premisas para que este instituto haga o deje de hacer”, remarcó.
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