Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de género demandaron al Senado de la República que el proceso de nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea incluyente y equitativo, indique los espacios para la participación ciudadana, privilegie la transparencia y detalle los razonamientos y argumentos que funden las decisiones de los legisladores.
En un pronunciamiento, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y otras asociaciones no gubernamentales advirtieron que se requiere abonar a la legitimidad de la CNDH, ante el “creciente deterioro de la protección de los derechos humanos” en México.
“La actuación de la CNDH puede ser determinante para mantener los equilibrios democráticos y las premisas fundamentales del estado de derecho. Para lograrlo se requiere una fuerte legitimidad democrática, que en principio está directamente condicionada al proceso de nombramiento de su próximo titular”, precisan.
Junto con la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Propuesta Cívica y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las organizaciones cuestionaron el atraso, desde 2007, en el nombramiento de los integrantes del consejo consultivo de la CNDH.
Esto ha ocasionado que en octubre de 2009 sean seis los nombramientos de consejeros a realizarse, y no dos, como la Constitución Mexicana señala.
Respecto al hecho de que ahora serás tres las comisiones legislativas responsables del proceso (Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos), estimaron que su participación podría enriquecer el procedimiento y los argumentos en función de los cuales se integrará la terna, “siempre que, desde la especialización de cada una, se fundamenten los razonamientos”.
En el pronunciamiento dirigido al Senado, demandaron una colaboración respetuosa entre esas comisiones y la Junta de Coordinación Política, y que “sean los criterios especializados y técnicos la fuente de la decisión (en la designación del titular de la CNDH), y no valoraciones e intercambios políticos del tipo de distribución de cuotas”.
Sobre los motivos que fundamenten la decisión de ese órgano legislativo, demandaron la difusión de un “dictamen final que sea un mecanismo de rendición de cuentas ante la sociedad y el acceso a la información en todas las fases del proceso”.
En un pronunciamiento, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y otras asociaciones no gubernamentales advirtieron que se requiere abonar a la legitimidad de la CNDH, ante el “creciente deterioro de la protección de los derechos humanos” en México.
“La actuación de la CNDH puede ser determinante para mantener los equilibrios democráticos y las premisas fundamentales del estado de derecho. Para lograrlo se requiere una fuerte legitimidad democrática, que en principio está directamente condicionada al proceso de nombramiento de su próximo titular”, precisan.
Junto con la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Propuesta Cívica y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las organizaciones cuestionaron el atraso, desde 2007, en el nombramiento de los integrantes del consejo consultivo de la CNDH.
Esto ha ocasionado que en octubre de 2009 sean seis los nombramientos de consejeros a realizarse, y no dos, como la Constitución Mexicana señala.
Respecto al hecho de que ahora serás tres las comisiones legislativas responsables del proceso (Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos), estimaron que su participación podría enriquecer el procedimiento y los argumentos en función de los cuales se integrará la terna, “siempre que, desde la especialización de cada una, se fundamenten los razonamientos”.
En el pronunciamiento dirigido al Senado, demandaron una colaboración respetuosa entre esas comisiones y la Junta de Coordinación Política, y que “sean los criterios especializados y técnicos la fuente de la decisión (en la designación del titular de la CNDH), y no valoraciones e intercambios políticos del tipo de distribución de cuotas”.
Sobre los motivos que fundamenten la decisión de ese órgano legislativo, demandaron la difusión de un “dictamen final que sea un mecanismo de rendición de cuentas ante la sociedad y el acceso a la información en todas las fases del proceso”.
Elizabeth Velasco, La Jornada, 15 de septiembre.
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